La defensa del taxi es la defensa de los trabajadores

Si usted quiere coger un taxi estos días, verá que el sector está en huelga. Pero, ¿qué es lo que sucede? Básicamente podríamos resumirlo en una frase: el sector del taxi quiere que se cumpla la ley. Sin más. Dicho así puede resultar extraño, pero quizás, explicándolo un poco más, podremos entender lo que sucede.  Voy a tratar de explicar por qué la lucha de los taxistas es la lucha que todos los ciudadanos deberíamos defender. Sin entrar en detalles que podrían dificultarnos comprender lo que ocurre, gracias a la ayuda de Jesús Fernández, Vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, podemos saber lo que sucede: los taxistas vienen realizando su trabajo en base a la regulación que la ley establece. Es un servicio público y esto así lo ha establecido, no hace mucho tiempo, el Tribunal Supremo. Los ayuntamientos están obligados a crear licencias en función de la población de los territorios: un taxi por cada 2.000 habitantes. Por su parte, el servicio que dan las empresas como Cabify, Uber y otras del estilo, también está contemplado: ellos se encargan de realizar transportes en una gama superior, podríamos decir de lujo.

Suponen servicios más exclusivos para ocasiones más específicas, y para ello cuentan con unas prestaciones que los taxis, por lo general, no pueden ofrecer. Todo en orden. De hecho, los taxistas y los VTC han convivido durante años, dedicándose cada uno a su sector. Sin problema mientras se respetaba la proporcionalidad que desde el Tribunal Supremo se había considerado la equilibrada: 1 vehículo VTC por cada 30 taxis. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando, a partir del año 2009, existe un vacío legal que permite adquirir licencias a cualquiera. También a las empresas que gestionan el servicio de los VTC. ¿Y qué ocurre? Pues que se dedican a dar el servicio de los taxistas, saltándose las normas y la regulación para ello. Y como se amparan en vacíos legales, sin tener que cumplir los requisitos que son exigibles para un taxista —porque no olvidemos que sus servicios deberían ser diferentes—, han reventado el sector del taxi, puesto que sus tarifas son más bajas, puesto que no tienen que hacer frente a los requisitos que sí le son exigibles a los taxistas. Se llama intrusismo y es, fundamentalmente, que alguien que no es de un sector se cuela en él por la puerta de atrás y revienta las normas que entre todos se han dado para poder ejercer su profesión con garantías laborales. La llegada de estas empresas, su intrusismo en el sector del taxi, hace que sus trabajadores sean contratados de manera fraudulenta, sin cumplir lo establecido en la ley. La evidencia está en las cifras: cada vehículo de VTC acumula el doble de sanciones que un taxi.

Para hacernos una idea: a los 15.000 taxis de Madrid les han puesto 80 sanciones mientras que a los 2.100 vehículos de VTC que había en la misma fecha —diciembre de 2017— les habían puesto 4.000 sanciones. Pero con el dineral que están amasando, les sale rentable saltarse la ley. Un ejemplo para entender las diferencias que existen: un taxista de Madrid puede recogerte en el paseo de la Castellana y llevarte hasta la Avenida Diagonal de Barcelona. Pero al regresar, no puede “cargar” a nadie en Barcelona de vuelta a Madrid. Su licencia no se lo permite. Sin embargo, los VTC sí pueden hacerlo, porque se supone que sus servicios son para otro tipo de ámbito mucho más específico. Se cuelan en el mercado del taxi y de esta manera generan una competencia absolutamente desleal. Ayuntamientos como el de Barcelona han intentado regular y cortar esto. Pero el problema es que la legislación aplicable es de ámbito nacional. Es precisamente por eso por lo que se reclama al Gobierno que se pueda exigir el cumplimiento de la ley, que los ayuntamientos puedan gestionar de manera directa estas cuestiones y se depuren responsabilidades.

Con este vacío legal, y haciendo la vista gorda, estas grandes multinacionales han llegado con trampas y aprovechándose de los resquicios que la ley les ha permitido para reventar el sector del taxi. Un servicio público que debería ser protegido y garantizado por el Gobierno. En próximas horas hay convocada una asamblea, y es probable que se convoque la paralización de la huelga, ante la respuesta positiva del gobierno.  Está por ver. Pero sin duda, lo que ha de quedar claro es que defender a los taxistas es defender a los trabajadores que, sin más herramientas que la ley, defienden su trabajo, un servicio público que se ve amenazado por la agresividad de empresas que no respetan los derechos laborales de sus trabajadores, que compiten a la baja destrozando los logros colectivos que tanto ha costado conseguir por parte de un sector trabajador. La defensa del taxi es la defensa de las garantías que nos da la ley, un sistema que proteja a los trabajadores frente a los abusos de las grandes multinacionales que actúan por encima de las leyes, de los gobiernos y del interés general de la ciudadanía, disfrazando sus servicios de mayor calidad a mejor precio. Falso y falaz: sus mejores precios lo son a costa de explotar a sus trabajadores, de destrozar un mercado regulado, y de saltarse la ley que garantiza seguridad para todos. Que no te engañen. No es oro lo que reluce, sino miseria y retrocesos que nos afectan a todos.