Franco y el PSOE

José Manuel Sánchez Fornet

Sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos puede ser una demanda democrática, pero sería aconsejable un proceso previo de dialogo con los partidos políticos, con la familia y con la Iglesia antes de anunciarlo públicamente. Porque si resulta que la familia se opone y los restos están en una basílica de una orden religiosa que obedece sólo al Papa y no a la Conferencia Episcopal Española, el Gobierno tiene un problema por hacer las cosas mal y anunciarlas antes de tiempo. Lo mismo que con la gestión del cambio en RTVE o con la exigencia de difundir los nombres de quienes han defraudado y regularizado su situación en la última amnistía fiscal, pues ahora no se cumple lo que se exigía en la oposición porque lo impide la ley. ¿Se exigía al Gobierno anterior que incumpliera la ley? ¿Se desconocía? ¿Hay nombres que “la plebe” no debe conocer? España necesita un Gobierno para la gente, no que haga política con los restos de un dictador que murió en la cama hace más de 40 años.

Los restos de Franco deberían reposar en otro lugar porque en ese recinto es el único enterrado que no murió en la guerra civil, y la exhumación de sus restos debería hacerse con consensos básicos partiendo de que ese monumento no sea dinamitado, como dicen unos, sino reconvertido en un memorial de recuerdo a todas las víctimas de ambos bandos. Franco no debe seguir allí pero no puede dinamitarse el Valle por respeto a nuestra historia, buena o mala, porque es nuestra y no se puede cambiar lo que ocurrió.

España debería replantearse muchas cosas para comenzar un nuevo periplo por la historia. Acabar con la desigualdad entre su gente, con diferencias inalcanzables entre ricos y pobres muy por encima de las que existen en países de nuestro entorno; acabar con las leyes (rechazadas en la UE) que permiten quitar viviendas y dejar la deuda a trabajadores honrados; acabar con casi 13 millones de personas en el umbral de la pobreza; acabar con millones de ancianos que viven solos con pensiones miserables; acabar con parados de larga duración sin ayudas; adoptar medidas eficaces sobre el grave problema de la inmigración ilegal, entre otros muchos, y no hacer política ficción como único estandarte de la acción de Gobierno.

España necesita una izquierda que destierre la vertiente sectaria del siglo pasado, cada día más alejada de la nueva sociedad, y actúe desde la socialdemocracia del siglo XXI, garantizando derechos civiles y sociales, acortando diferencias entre ricos y pobres y entendiendo que el
Estado-nación es el único instrumento que tiene la humanidad para poder hacer justicia social. Lo de “nación de naciones”, seguir el camino de la desvertebración nacional a través de las CCAA con fragmentación de asuntos vitales para la cohesión como la sanidad o la educación, o gobernar con el apoyo de partidos independentistas conducirá a graves problemas y conflictos políticos y sociales que nadie sabe qué futuro nos depara como sociedad.

Premiar a los independentistas con más dinero y competencias mientras ellos a quienes no comulgan con sus postulados en Cataluña los persiguen, aíslan y acosan, y no garantizar la igualdad de oportunidades (por ejemplo, los estudiantes castellanohablantes tienen tasas de fracaso escolar muy superiores a los catalanohablantes) es sembrar discordia y odio para el futuro. Sobre esos cimientos no se construye una sociedad libre, plural y democrática sino un Estado con conflictos permanentes entre su ciudadanía, como enseña nuestra prolija historia de cainismo, división y guerras. Exhumar a Franco no resuelve hoy ninguno de estos problemas.

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