Corrupción: el cántaro se ha roto

Corrupción: el cántaro se ha roto
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El pasado mes de enero se archivó la causa por la cual se investigaba al Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) por una posible financiación irregular, relativa a unos supuestos actos de campaña electoral que habían sido financiados por empresas privadas. Sí, fue archivado porque, según la juez instructora, los posibles delitos habrían prescrito. Sin embargo, aunque la causa principal ha sido archivada hace meses, hay asuntos relacionados, que dependen de ella, que se mantienen abiertos y están siendo investigados: un procedimiento que tiene que ver con la gestión sanitaria, otro que tiene que ver con la adjudicación de un contrato de publicidad del Ministerio de Vivienda, y dos asuntos por una subvención para la compra de un inmueble. Se señala también al Bloc, que preside el País Valenciano junto con el PSPV.

Ambas formaciones han realizado sendas investigaciones y han concluido que no existen indicios de ningún delito: ni financiación irregular ni cualquier otro. Pero han tomado medidas “cautelares”, como la suspensión de Lluís Miquel Campos, responsable de las finanzas del Bloc, que además acudió recientemente al Senado para comparecer ante la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos iniciada por el Partido Popular. Sí, ha leído usted bien: “Iniciada por el Partido Popular”, que es la formación política bajo sospecha de ser la más corrupta de Europa. Tiene bemoles el asunto. Los que se inventan títulos —los falsifican—, los que intentan hurtar cremas en supermercados, los que se encuentran coches de lujo en sus garajes, los que aún no saben quién es M. Rajoy, ese acusado y señalado de llevarse sobresueldos.

Los que han pagado supuestamente las obras de su sede principal en Madrid, en la calle Génova, con dinero negro. Los que, según un juez, han funcionado como una organización criminal. Esos son los que llaman a todos los demás a declarar en comisiones de investigación sobre posible financiación irregular. ¿Quiere esto decir que los demás sean intocables porque el PP queda desautorizado para pedirle cuentas a nadie? Ni mucho menos. Aquí todos tienen que tener sus cuentas y sus dineros en cajas de cristal. Nadie está libre de tener que dar explicaciones de cualquier cosa. Lo que ocurre es que, en vista de que la justicia está cansada de ser manejada por los que gobiernan —vaya, principalmente el Partido Popular en este momento y desde hace años—, que los medios de comunicación fundamentales de este país se encuentran al servicio de lo que el Gobierno tenga a bien decir, se hace bastante complicado tomarse en serio cualquier acusación que provenga precisamente de esta presunta organización criminal.

Y además, como quiera que la justicia está a punto de salir a la calle —el próximo 22 de mayo lo harán— para gritar contra la presión política que reciben, todo se hace mucho más turbio. No tenemos un sistema que nos pueda garantizar que las cosas se están haciendo bien. Todo esto es lo que tenemos que agradecerles a todos ellos. A todos. Que la ciudadanía esté dejando de confiar en todo: desde lo que cuentan los medios de comunicación, hasta lo que digan los jueces. Y esto es un problema serio: cuando la confianza en el sistema se pierde, se esfuma lo fundamental para poder mantener el contrato social. De tanto ir el cántaro a la fuente, se ha roto. A ver quién recompone todo esto ahora. Me temo que no será Rivera, precisamente.

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