Montoro, no estás por encima de la ley

Montoro, no estás por encima de la ley

Pablo Llarena hace bien en pedir explicaciones a Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda le hizo un favor incomprensible el pasado lunes al huido Carles Puigdemont al decir que no sabía «con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público». Esas declaraciones daban munición argumental a los separatistas y reforzaban el laxo criterio de algunos jueces alemanes que se empeñan en no entregar al golpista a la justicia española. Además, desmentía los informes de la Guardia Civil sobre el 1-O y el criterio del propio magistrado del Tribunal Surpremo.

De ahí que resulte lógico que Llarena llame como testigo al ministro de Hacienda si no le convencen las explicaciones y pruebas que le remita por escrito sobre la malversación del referéndum ilegal, que en su momento prohibió el Tribunal Constitucional. Montoro se puede creer por encima de la ley, pero la realidad es que no lo está. De hecho, sus palabras contradicen las pruebas principales que figuran en la instrucción de la causa. El trabajo de Llarena está siendo serio y denodado —arriesgado incluso dado que está amenazado por los independentistas más radicales— como para que se ponga en duda por unas declaraciones que, dada la responsabilidad del político, eran una veleidad más que mera opinión.

Montoro trató de eludir las responsabilidades in vigilando inherentes a su cargo y posición negando la mayor. Más propio de un mal político que de un hombre de su trayectoria. Ya lo hizo en febrero, no obstante, cuando puso en duda que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sirviera para financiar aquel acto esperpéntico del 1 de octubre que fue el ataque principal a nuestra Constitución y, por tanto, el cenit del golpe de Estado de los sediciosos. Un acto donde el dinero de todos los españoles fue esencial para su celebración y que, por tanto, convierte en una equivocación las palabras del titular de Hacienda, ya que dañan a nuestro país y a una institución tan respetable como el Tribunal Supremo.

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