Ataque a la propiedad privada

Podemos sigue en pie de guerra contra la propiedad privada y, por ende, contra la Constitución. Dice el artículo 33 de nuestra Carta Magna en su primer apartado que “se reconoce el derecho a la propiedad privada y la herencia”. Un derecho que, asentado siempre en el populismo más efectista, quiere quebrar el partido que dirige Pablo Iglesias. Conscientes de que las encuestas sitúan su cotización como un valor en caída libre, buscan el voto de los sectores más radicales aunque sea a base de auténticos dislates. Por ejemplo, obligar a los propietarios a renovar un contrato de alquiler aunque necesiten la vivienda si tienen otras en propiedad. Lamentablemente, no es la primera vez que Podemos da la nota con su política inmobiliaria. 

Mientras trata de incomodar a las personas que tienen un piso como inversión tras años de sacrificio laboral y ahorrador, apuesta porque los okupas dispongan de un mínimo de agua y luz garantizado por ley. Un colectivo al que consideran un caladero de votos y del que pretenden seguir sacando rédito aunque sea a base de propuestas imposibles. Los okupas han sido especialmente mimados por Ada Colau, a los que ha concedido varias prebendas en detrimento del resto de barceloneses. Algo que sólo ha generado desorden —incluso graves disturbios en ocasiones— en el centro de la ciudad. Nada bueno se puede esperar de las propuestas de Podemos o de sus marcas blancas. 

Cada nueva medida es la certificación de que gobiernan para ellos mismos y para los grupos que los apoyan, carentes de proyecto de Estado. Algo que ya han percibido los ciudadanos en toda España y que es la causa de que los morados hayan caído en intención de voto de manera tan notable. No obstante, también es responsabilidad de sus votantes más moderados saber que si los siguen apoyando fortalecerán dislates como el de obligar a los propietarios a alquilar sus segundas viviendas aunque las necesiten para ellos o para un familiar. Algo que, además de pertenecer al mundo de las peligrosas utopías populistas, es un flagrante ataque a uno de los principios más esenciales de nuestra Constitución.