Griñán se toma la justicia como una feria

José Antonio Griñán ha debido pensar que en vez de estar ante un tribunal estaba pisando el albero de la Feria de Sevilla durante su comparecencia en sede judicial por el caso de los ERE. De otra manera no se explica que el ex presidente de la Junta de Andalucía (2009-2013) haya sido capaz de presentar un documento falsificado para tratar de exonerarse. Mientras asistimos al juicio sumarísimo y general que se le está haciendo a Cristina Cifuentes —nadie la ha imputado aún— parece que el foco mediático se olvida de que en la comunidad autónoma andaluza se juzga uno de los casos de corrupción más cuantiosos de la historia de España. En total, 22 ex altos cargos autonómicos enjuiciados por haber implantado un sistema irregular para pagar ayudas de un modo dirigido y opaco.

Allí, al margen de los gravísimos actos y las ingentes cantidades de dinero público lapidadas a partir de intereses particulares y partidistas —entre 2001 y 2010 el Gobierno andaluz habría repartido más de 800 millones de euros de forma arbitraria— Griñán se ha convertido en la desagradable estrella del proceso judicial al tener la desfachatez de transformar el documento clave de su defensa en pleno juicio. Se enfrenta a seis años de cárcel por un delito de prevaricación, pero dicho documento principal ha cambiado desde su primer registro en sede judicial a la exhibición definitiva durante la vista oral, donde ha incorporado firmas que antes no estaban y que, además, son ilegibles y de una validez muy dudosa.

Mucho se ha hablado estos días de un posible delito de falsedad documental en el caso del máster. Es de esperar, por tanto, que la misma rigurosidad que se le exige a la presidenta de Madrid se extrapole ahora a tierras andaluzas con José Antonio Griñán. Un hombre que, además, ha tenido la osadía de decir que no conocía el plan de ayudas a través de los ERE cuando él era consejero de Hacienda. ¿Qué hay de su responsabilidad in vigilando? ¿Cómo era posible que no supiera nada? Después de haber presentado el documento falseado, sus palabras pierden cualquier viso de verosimilitud, pues a la mentira sólo recurre el que oculta algo. La falsedad documental puede conllevar entre seis meses y tres años de prisión. La credibilidad, por su parte, una vez perdida es irrecuperable.