Una nueva provocación del independentismo

El nuevo intento de investidura en el Parlament de Cataluña no es ni más ni menos que otra provocación de los independentistas. Después del intento baldío con el fugado de la justicia Carles Puigdemont y con el encarcelado Jordi Sánchez, proponer ahora a Jordi Turull supone un fraude de ley además de seguir ahondando en la voluntad golpista de esos pirómanos de la política que tratan de convertir la comunidad autónoma catalana en un territorio sin ley para que el Gobierno acabe claudicando ante sus veleidades a base de bloqueo y más bloqueo. No obstante, tanto el Ejecutivo manteniendo el artículo 155 de la Constitución como el resto de instituciones públicas han de permanecer firmes en su voluntad de proteger el Estado de Derecho. Entre otras cosas, porque no hay nada que debilite más al separatismo a pesar de sus argucias. 

Con esta nueva investidura exprés, Roger Torrent —que se presentó con piel de cordero demócrata, pero es un lobo independentista— trata de ganarle horas al reloj para que Turull comparezca ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena como presidente regional y no como diputado raso. Algo que, por mucho que lo intenten, no les servirá de nada salvo para un nuevo número de fuegos fatuos. A efectos prácticos y legales, Jordi Turull —hombre de la antigua Convergència que adjudicó una obra a Ferrovial a cambio de una comisión del 4% para el PDeCAT— no podría ser presidente hasta que el Rey no ratificara su nombramiento y posteriormente tomara posesión en el Palau de la Generalitat. Por tanto, mera pirotecnia política para mantener en tensión las calles de Cataluña —con la irresponsabilidad que ello supone— así como para esgrimir el sempiterno victimismo y el argumento falaz de que España es “un Estado opresor”. 

Pase lo que pase este jueves en el Parlament, Turull tendrá que dar cuentas ante Pablo Llarena sin ser president a todos los efectos. No puede ser investido un hombre que tiene muchas opciones de ser procesado e inhabilitado al día siguiente. Las prisas nunca son buenas consejeras, pero en este caso, además, denotan las verdaderas intenciones de los impulsores de la independencia catalana: dar una patada hacia delante por su incapacidad para poner en marcha la inexistente república catalana. Sin embargo, dentro de este disloque que no va a ninguna parte, lo más preocupante es que, como siempre, los ciudadanos son las principales víctimas de una situación insostenible. Siguen sin volver las empresas ante la parálisis generalizada y la inseguridad jurídica, se resiente el turismo —la principal industria regional— y por tanto la prosperidad de la gran mayoría de los catalanes. Mientras tanto, los independentistas siguen ejerciendo de trileros: mucho movimiento aparente, pero ninguna verdad.