Respeten el dolor

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Lo decía el magistrado Astor Landete recientemente: “El Código Penal prevé hasta 25 años de condena y otros diez de libertad vigilada para casos de asesinatos agravados. ¿Hace falta añadir más?”. También añadía que “en España tenemos una de las legislaciones penales más duras de Europa y una de las mayores poblaciones reclusas”. No es el único. Voces como la del jurista Joaquim Urias, que fue letrado del Tribunal Constitucional y hoy imparte docencia en la materia, señalaba estos días que “el número de delitos lleva tiempo descendiendo. Los castigos se endurecen, sin más criterio que el de la conmoción y la rabia popular ante determinados delitos muy mediáticos. Se busca solo la venganza social. Así no se desarrolla el Estado de Derecho”.  Y añadía que “España tiene una de las tasas más bajas de homicidios a nivel mundial. Poca criminalidad. Pero las penas de cárcel son mucho más duras que en los países de nuestro entorno”.

“La cadena perpetua —revisable— no es necesaria ni aporta nada más que venganza”. Martin Pallin, ex magistrado del Tribunal Supremo y jurista de reconocido prestigio a nivel internacional se pronuncia en este sentido: “Se trata de una medida de oportunismo político” —refiriéndose a la medida planteada sobre la ampliación de los delitos a los que aplicar la pena de la prisión perpetua revisable—. Y va más allá, pues considera que este tipo de medida “no cumple los requisitos que marca el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente el artículo 3, donde se prevé la prohibición de tratos inhumanos o degradantes”. Y es que, toda persona debe tener derecho a un juicio justo y a una condena proporcional y tasada de manera argumentada y sostenida legalmente.

Tanto la calificación de los delitos, la descripción detallada de la culpabilidad del sujeto así como la calificación de la pena, han de ser conocidas en el momento de dictarse sentencia. Esta medida, la de la prisión permanente revisable supone introducir un factor de incertidumbre que no puede ser justificable en un Estado de Derecho donde la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción y la reeducación de reo. Difícil de entender para quienes solamente saben de revancha. Complicado manejar los argumentos jurídicos de la razón con quienes, aprovechándose míseramente del dolor más profundo, utilizan a los familiares de las victimas de terribles delitos para hacer política desde las entrañas.

La falta de ética, de respeto por el dolor, y la terrible hipocresía para abordar la legalidad con distintas varas de medir está haciendo de la política un lodazal de hedor insoportable. Respetar a las victimas al tiempo que se respetan las garantías de un Estado de Derecho sería lo deseable. Sin embargo, quienes están demostrando que la ley está para saltársela, tampoco es probable que entiendan que con el dolor de la gente no se debería tratar de sacar votos. Pero esto es ya mucho pedir, pues parece que algunos no saben hacer otra cosa.

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