8-M: entre la esperanza, el politiquerío y la desmemoria

Jamás he visto que, a igual puesto e idéntica responsabilidad, una mujer gane menos que un hombre. Tal vez porque he trabajado y trabajo en grupos importantes, serios, en los que se observa milimétricamente la ley fiscal y laboral y en los que existen comités de empresa fuertes con impecable conciencia de igualdad. Por eso, cuando se habla de brecha salarial, cuando surgen como churros estadísticas y más estadísticas, la mayor parte de ellas alumbradas por organizaciones prestigiosísimas, entiendo que no es un bulo o una fake news continuada. Que haberla, hayla. La desigualdad retributiva se debe producir en todo caso en compañías pequeñas o en sociedades que pagan a sus trabajadores en B en lo que constituye un acto de inmoralidad al cuadrado. Porque se pasan por el arco del triunfo los derechos sociales de sus empleados y esa verdad suprema que es que Hacienda somos y debemos ser todos. Conviene no olvidar que el 20% de la actividad económica de este país es en negro, en esos billetes de 500 bautizados como “Bin Laden” porque todo el mundo sabe que existen pero nadie los ha visto. Si varios de los partidos con representación parlamentaria se financian en black money, ¡cómo no va a hacerlo una sociedad limitada de tres al cuarto perdida en un polígono de mala muerte del último pueblo de España!

Soy de los que piensan que en todos los ámbitos de la vida la verdadera igualdad y las revoluciones sociológicas se consiguen legislando. La historia se cambia a base de reglamentos, normas y leyes que cambian estructuras injustas por realidades justas o que evolucionan un mucho razonable statu quo pero que, como todo en la vida, siempre es susceptible de mejora. Lo mismo sucede en las relaciones hombres-mujeres. Hay que sacralizar aún más si cabe la igualdad ante la ley entre un sexo y otro, más que imponer la igualdad por ley. Las discriminaciones positivas son, eso, discriminaciones, con todo el matiz perverso que conllevan. Por ello, el mejor camino para acabar con la brecha salarial intergéneros es disparar la eficacia de las inspecciones de Trabajo, sensibilizar a las víctimas a que denuncien y endurecer económica y penalmente las sanciones a los empresarios y empresarias que menosprecian salarialmente a la mujer.

Igualmente verdad resulta el hecho de que la mujer en España nada tiene que ver ya con la Mercedes Alcántara del Cuéntame franquista, el que retrata magistralmente la España anterior a 1975. Esas hembras que dedicaban su vida al hogar, al cuidado de los hijos y que se comportaban sumisamente ante el marido, unas por obligación, otras convencidas porque les habían lavado el cerebro desde chiquititas. Cuarenta y dos años y medio después de la muerte del dictador, a España no la reconoce ni la madre que la parió, que diría Alfonso Guerra. Hay más juezas (53%) que jueces (47%), más funcionarias (55%) que funcionarios (45%), infinitas más maestras de Primaria (76%) que maestros (24%), una miaja más de profesoras (56%) de Secundaria que profesores (44%), bastantes más universitarias (54%) que universitarios (46%) y sustancialmente más tituladas (58%) que titulados (42%). No estamos, por tanto, tan mal como dicen, aunque sería bueno, por ejemplo, que se corrigieran cantes como el de las cúpulas de las universidades, donde sólo existe un 20% de catedráticas cuando el número de tituladas supera al de titulados en una contundentísima proporción de 6 a 4.

Y que nadie opte por esa españolada panderetesca que consiste en denigrar lo nuestro y ensalzar lo de fuera. Tampoco estamos tan mal. Un estudio de la muy washingtoniana y no menos afamada Universidad de Georgetown, en la que por cierto se formó nuestro Rey, revela que España se sitúa en el quinto lugar en bienestar de las mujeres por detrás de países tan inequívocamente avanzados e incontrovertiblemente igualitarios como Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia y por delante de Finlandia, Canadá, Holanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Singapur. Por tanto, flagelémosnos pero no tanto, que el masoquismo no es muy saludable que digamos.

Los consejos de administración son otra prueba del nueve de que queda mucho camino por recorrer. Y de que la equidad no ha llegado. Si el 58% de los titulados es mujer, ¿cómo se explica que sólo haya un 21% de consejeras en el Ibex y un 16% en las empresas españolas en general? Estamos mejor que antaño pero infinitamente peor de lo que, en justicia, tocaría. Ana Botín es el paradigma bueno de esa inacabada evolución en pos de la igualdad: preside la compañía número 1 de España por capitalización bursátil. Y, en contra de lo que sostienen las malas lenguas, no lo hace por ser “la hija de” sino porque es una fuera de serie formada en las mejores universidades del mundo a la que digitaron los grandes propietarios de Santander que, en contra de lo que asegura el lugar común, no son los Botín sino fondos estadounidenses. Ana Llopis, Rosa García y la excepcional Mariló Dancausa son las otras tres en un universo de 35 súperpresidentes. Muy poco pollo entre tanto arroz. En nuestra casa, Dos Mil Palabras, predicamos con el ejemplo: el Consejo de Administración se divide al 50% entre uno y otro sexo.

¿Por qué tamaño desfase entre el número de tituladas universitarias y el porcentaje de éxito posterior? Muy sencillo: porque muchas de ellas pierden el tren por el legitimísimo y no menos natural deseo de anteponer la maternidad a la escalada laboral. Entre que dan a luz y crían a sus hijos transcurre un lapso de tiempo que trunca sus aspiraciones en un mercado, el de trabajo, en el que los acontecimientos se modifican a velocidad de vértigo. Este increíble pero cierto estado de cosas cambiaría si aumentásemos los permisos de maternidad y paternidad lo que, de paso, redundaría en un incremento de la natalidad en el país con menos niños por madre del mundo. Y de paso haríamos doblemente virtuosa esta necesidad porque, si no traemos más españoles a este pedazo de planeta tierra que es la Península Ibérica, llegará inexorablemente el día en que no se puedan pagar las pensiones porque no haya suficientes currelas en activo para sufragarlas.

Tomemos como ejemplo el de un país que funciona mejor que bien: Suecia. Allí los padres gozan de 90 días de paternidad intransferibles, la misma cifra que las madres, sin contar otros 420 transferibles entre ambos progenitores. Además de un sinfín de incentivos fiscales por refrescar la pirámide poblacional. El socialdemócrata sueco de Olof Palme se puso las pilas en los primeros 80 al certificar que la natalidad caía en picado poniendo en riesgo esa tasa de reposición que es la que asegura la continuidad del Estado de Bienestar, la que garantiza que ese sistema piramidal que son las pensiones continúe a velocidad de crucero. En aquel entonces rozaban los 1,5 hijos por madre y hoy día se aproximan a los 2. A años luz de una España en la que tenemos menos progenie que nadie: 1,3. Una estadística que augura una catástrofe social en menos de tres décadas si no nos ponemos las pilas ya.

La huelga del 8-M tuvo tan poco seguimiento real como estratosférica repercusión, allende nuestras fronteras incluso. El jueves pasado moverá conciencias y transformará nuestra sociedad. Pero sería bueno que mandase al carajo su carácter partidista porque, de lo contrario, acabará reducido al sueño de una noche de invierno. Todos los movimientos politizados acabaron en la cuneta de la historia por el descrédito que supone poner siglas, cara y color a lo que es un sentir universal que no conoce sexos, razas e ideologías. Los partidos son como Atila cuando se meten donde no les deberían llamar: arrasan todo lo que pillan a su paso. El feminismo no debe dejarse intoxicar, tiene que jubilar esa manía de excluir a las mujeres que piensan políticamente diferente, ha de recordar que los sindicatos convocantes (UGT y CCOO) están comandados por machos y que ni Podemos ni PSOE (la progresía oficial) cuentan con secretarias generales. Tampoco debe olvidar que tanto derecho a defender la igualdad tienen y tan mujeres son Begoña Villacís o Patricia Reyes como Irene Montero o Rita Maestre.

Y, desde luego, no estaría de más que de vez en cuando se acuerden de las cientos de miles de mujeres que sufren, víctimas de la omertà, la sharia en España. Esas mujeres a las que se obliga a circular dos metros por detrás de su pareja. A cubrirse por decreto ley con hiyab, niqab o burka. Esas niñas a las que se les extirpa el clítoris en territorio nacional. Esas adultas a las que el animal de turno prohíbe salir de casa, trabajar o conducir. Y no hablo de Arabia Saudí, Egipto o Yemen sino de barrios de Madrid, Barcelona o Valencia.

Tampoco desespero en mi objetivo de que algún siglo de éstos pongan a parir al padre de todos los machistas: un Pablo Iglesias con barra libre y licencia para menospreciar a la mujer. El vomitivo “marxista devenido en psicópata” que “azotaría hasta que sangrase” a Mariló Montero. El que afirmó en la tribuna parlamentaria que Andrea Levy “se calienta” con el podemita Miguel Vila. El que, en un repugnante mix de machismo y nepotismo, cosifica a cada nueva compañera sentimental situándola en lo más alto de la organización pasando por delante de tipos tan preparados como Iñigo Errejón. El que humilla a las ex novias mandándolas al gallinero de la Cámara Baja y, para más inri, detrás de una columna. Mientras no haya una sola crítica a este cavernícola no merecerán el aplauso transversal. Tienen razón pero la pierden con el partidismo. La desigualdad no tiene colores. Pero la igualdad, tampoco. Politizando las formas perderán fuerzas en el fondo de una reivindicación que debe poner fin a la más longeva de las tiranías.