Los jueces ilegales no caben en la justicia

Ágora Judicial es inviable. La justicia española no puede permitir que ocho jueces en activo creen una asociación separatista que defiende a los golpistas catalanes. Sería el mundo al revés: jueces a favor de los que quebrantan la ley y atacan sistemáticamente la Constitución. Es muy respetable que cada uno tenga la visión política que crea oportuna, pero un juez tiene que ser escrupuloso a la hora de mezclar su actividad profesional con dichas pulsiones políticas. Más aún si, como es el caso, las filias radican en la ilegalidad. Estos ocho magistrados son partidarios de la independencia de Cataluña y defensores de aquéllos que han promovido el golpe de Estado. Políticos que, en la cárcel como Oriol Junqueras o Joaquim Forn o huidos en el extranjero como Carles Puigdemont, han desafiado la legalidad vigente hasta el punto de intentar que saltara por los aires.

Por lo tanto, y dada la insistencia de todos estos magistrados en la defensa de los postulados ilegales, —hasta el punto de constituir una asociación separatista— deberían ser apartados de sus respectivas actividades. Un ejemplo de la naturaleza negligente de estos jueces lo encontramos en Montserrat Raga Marimón, fundadora de la plataforma. Llegó a culpar a España de provocar «la regresión de los derechos fundamentales». Una falacia que a la postre ha servido de argumentación para el expresident fugado a Bruselas, a pesar de que nuestro país ofrece uno de los sistemas con más garantías jurídicas de Europa. Algo que han refrendado la mayoría de líderes continentales. El último en hacerlo ha sido el mismísimo Antonio Tajani. El presidente del Parlamento Europeo ha dicho que «el marco constitucional español es el marco de la Unión Europea». Raga es la juez del Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona y encargada de juzgar a los mossos leales a la Constitución española. ¿Qué garantías de un juicio aséptico puede ofrecer una profesional así?

De hecho, tanto Montserrat Raga como otros cinco miembros fundadores de Ágora Judicial firmaron en 2014 un manifiesto a favor de la independencia de Cataluña y del referéndum ilegal del 9-N. Los otros dos integrantes han ocupado puestos políticos en los gobiernos autonómicos de Artur Mas y José Montilla. Uno de los aspectos que más pervierte cualquier sistema democrático es la mezcla y el manoseo entre la justicia y la política. Ambas actividades tienen que mantenerse siempre a una distancia de asepsia y respeto, si no, ni la justicia es creíble ni la política limpia. Otra de las fundadoras, la magistrada Maria Josep Feliu Morell, llegó a decir que se estaba produciendo «una clarísima persecución judicial» cuando sólo se estaba aplicando la ley. Esta declaración, además, da alas al sempiterno victimismo independentista. Y lo que es peor, se ven legitimados por la «justicia». Por lo tanto, estos jueces deben ser cesados si no rectifican y se ciñen con escrúpulo a la Constitución.