Ni una concesión a los golpistas
La respuesta del Consejo de Estado da vida a los golpistas. Por mucho que sus argumentos sean coherentes y legítimos, es innegable que su opinión negativa al respecto de inhabilitar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat alimenta el victimismo secesionista y da vida a su propaganda falaz. El Gobierno debe seguir con su plan de recurrir la candidatura de Puigdemont al Tribunal Constitucional aunque sea sin el aval del Consejo —que además no es vinculante—. Como bien ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría: «Lo primero que tiene que hacer si entra en territorio español es ponerse a disposición de la justicia». No tiene derecho a la «libertad deambulatoria».
Carles Puigdemont es un huido de la justicia que no sólo ha dado un golpe de Estado desafiando una resolución del propio Tribunal Constitucional, sino que además ha creado una profunda división en la sociedad catalana que está derivando en violencia callejera, represión contra los constitucionalistas y una preocupante deriva económica que puede llevar a la región hasta un contexto nefasto y, por extensión, arrastrar a todo el país. Motivos de sobra para que nuestras instituciones sean inclementes con él. En este caso concreto, y por mucho que la ley tenga que prevalecer siempre, cualquier consideración —aunque los actos no sean consumados— da fuerza a los que quieren debilitar España hasta destruirla por completo. El Ejecutivo tiene motivos y razones de sobra para impedir que el expresident no se persone en la Cámara autonómica.
Supondría un esperpento que dañaría nuestra credibilidad como país y proyectaría una imagen de chapuza en el extranjero. La Cataluña de hoy, carcomida por la sinrazón separatista, es un factor de riesgo para las inversiones internacionales. En la propia comunidad autónoma ya se han resentido en algunos de sus sectores esenciales: turismo y comercio. A nivel nacional, el efecto contagio sería dramático ahora que nuestra economía da muestras de asentada recuperación. Puigdemont no puede disfrutar de una suerte de bula a expensas de los hechos que estén por venir, sino que ha de ser vigilado muy de cerca por los que ya ha hecho. Y esos impiden que concurra a investidura alguna. En primer lugar, porque no está en España; en segundo lugar, porque de entrar en el país sólo tendría un destino posible: una celda en Estremera. Todo lo demás, sería una absoluta tomadura de pelo.
