Junqueras se queda y el adoctrinamiento continúa

Cuando todos daban por hecho que el juez Llarena iba a poner en libertad a los golpistas encarcelados por la jueza Lamela, va el del Tribunal Supremo y demuestra que en España tenemos una justicia independiente, que no obedece a los intereses de quienes preferirían hacer la campaña electoral sin opositores presos. Como Miquel Iceta, que se ha apresurado a decir que es una «mala noticia». El juez Llarena ha dejado salir bajo fianza a seis de los exconsejeros encerrados por la jueza de la Audiencia Nacional —decisión que será recurrida por VOX—, pero mantiene en prisión provisional a Junqueras, a los Jordis y al exconsejero de Interior Joaquim Forn, quien ahora suplica al juez que le vuelva a citar para cambiar su declaración. No les deja salir por el «riesgo de reiteración delictiva», ya que los hace responsables de las actividades violentas que se produjeron el pasado 20 de septiembre, durante el asedio a la consejería de Economía, mientras era intervenida por una comisión judicial.

Todos recordamos como aquel día Junqueras y los Jordis animaron a la turbamulta a realizar el asedio. Y como los desprestigiados Mozos de Escuadra, dependientes de Forn, no hicieron nada para impedirlo. Si ya lo hicieron entonces y siguen contando con el mismo respaldo popular y las mismas motivaciones, intereses y convicciones, es muy probable que, si los soltaran, lo volvieran a hacer. No se les puede dejar salir hasta que resulte creíble que no vayan a reincidir, o, como dice el juez, hasta que «paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real». Porque la violencia que ellos provocaron formaba parte de un plan con el que pretendían alcanzar unos objetivos que aún hoy mantienen.

Dicho plan consta por escrito en un documento llamado #EnfoCATS que fue intervenido por la Guardia Civil en el registro de la vivienda del número dos de Junqueras, Josep María Jové. En él se refleja la «hoja de ruta» a seguir tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 para conseguir un Estado propio, que es lo que continúan pretendiendo los cuatro detenidos. Estaba gestionado por un Comité Estratégico, formado por el prófugo Puigdemont, por los presos Junqueras y los Jordis, entre otros. En dicho documento se apuesta por desatar «un conflicto de amplio apoyo ciudadano» orientado a «generar inestabilidad política y económica» para forzar al Gobierno a aceptar la separación o negociar un referéndum pactado.

Tanto el 20 de septiembre, como el 1 de octubre y en las posteriores manifestaciones y huelgas, se ha pretendido torcer el brazo del Estado movilizando a la chusma, causando conflictos, con violencia e intimidación para impedir que se aplique la ley. La DUI fue un golpe de Estado en el que se usó violencia física e intimidatoria, luego los golpistas cometieron presuntamente el delito de rebelión, penado con entre 15 y 25 años de prisión. Como muy bien ha dicho Alfonso Guerra, esto hará que «otros se lo piensen antes de cometer actos ilegales de tal gravedad”. Mientras tanto, los independentistas siguen mintiendo descaradamente a su público, aborregado por años de adoctrinamiento en escuelas y medios públicos de comunicación catalanes. Les dicen que los cuatro golpistas están presos «sólo por dejar votar a la gente». Y los adocenados independentistas les compran ese discurso mendaz. Lamentablemente, la intervención de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la CE no ha hecho nada para impedir que TV3 y los colegios catalanes sigan siendo una fábrica de odio contra España, luego las mentiras de los secesionistas seguirán campando a sus anchas en Cataluña.