La libertad no puede ser a cualquier precio

Pablo Llarena tiene un largo fin de semana por delante. Su nombre se oirá más que nunca en las próximas horas. La decisión que tome será la llave que abra o cierre la puerta de la cárcel para los golpistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull y Jordi Turull; además de los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente. A nadie se le escapa que dejarlos en libertad desactivaría por completo el discurso de fatua demagogia que esgrimen los sediciosos cuando hablan de un «Estado opresor». No obstante, la justicia debe huir de los complejos. La única opresión la han efectuado ellos al promover un golpe de Estado que trató de apropiarse de la mayoría constitucionalista que habita en Cataluña. Una maniobra antidemocrática por ilegal que pisoteaba los principios de la Constitución. Hechos que serían suficientes como para que siguieran en prisión.

Sin embargo, sus declaraciones de este viernes refuerzan aún más esta medida, ya que decir que aceptan la vigencia de la Carta Magna pero «dentro de sus márgenes de interpretación» es igual que reírse en la cara de todos los españoles, incluidos los profesionales de la justicia. Llarena no puede obviar la falsedad de estas palabras. Sólo hay que recordar que dos personas con la catadura ética y moral del huido Carles Puigdemont y de Artur Mas los habían conminado públicamente a que hicieran «lo que fuera necesario para salir de prisión». En este caso, al igual que han demostrado en los últimos meses, necesario ha sido sinónimo de mentir. Mentir de un modo burdo, además, ya que ni siquiera se han acogido a la hipócrita ‘vía Forcadell’, sino que para tratar de quedar como mártires ante sus votantes, han dicho que la Constitución les parece bien pero siempre bajo su propio criterio.

Unos malabares con las palabras que traslucen la realidad: volverán al golpismo en cuanto salgan a la calle. De ahí que el juez Llarena no deba caer en la trampa dialéctica ni conceder una prebenda que no merecen. Para ellos las elecciones autonómicas sólo son válidas porque las utilizarán a modo de plebiscito y, sin duda alguna, los políticos citados anteriormente deberían estar totalmente inhabilitados para participar en unos comicios con plenas garantías legales tras impulsar el esperpento del pasado 1 de octubre. Por mucho que digan ahora que renuncian a la declaración unilateral de independencia, están los antecedentes inmediatos de todos ellos para desmontar esta táctica falaz. Afortunadamente, la Fiscalía ha estado firme y ha mantenido la prisión incondicional para ellos. De hecho, los han definido como parte de «una organización delictiva» que mantiene una «hoja de ruta» común y coordinada. Tras las declaraciones falaces de este viernes, esta denominación no puede ser más exacta. Llarena tiene la última palabra. Esperemos que la libertad no sea posible a cualquier precio, si no los españoles tendrán la sensación de que ir contra las leyes puede resultar muy barato a pesar de una reiteración inacabable.