¿Una golpista como presidenta de la Generalitat?

Pablo Llarena tiene que apuntar otro nombre más a la colección de golpistas que investiga: Marta Rovira Vergés. El informe de la Guardia Civil certifica que la número dos de ERC —líder de facto con Oriol Junqueras en la cárcel— fue la mano ejecutora en la estructura de ocultación de las urnas del 1-O. El magistrado del Tribunal Supremo no debe perder ni un segundo y requerir su declaración. La justicia ha de llegar hasta el fondo. Rovira fue la principal cabecilla a la hora de preparar el material electoral y almacenar las urnas que se utilizaron durante el referéndum ilegal del pasado mes de octubre. Conviene recordar que dicho referéndum estaba prohibido por el Tribunal Constitucional y que, por tanto, la dirigente de ERC habría cometido posibles delitos de rebelión, sedición y malversación. En la misma línea que su líder, Oriol Junqueras, y que los otros siete exconsellers del cesado Govern de Cataluña. Todos ellos en la cárcel actualmente. 

Por lo tanto, Marta Rovira no puede seguir haciendo apología del golpismo, tan tranquila y sin dar explicación alguna ante la justicia, cuando ha sido la principal propulsora de unas votaciones inconstitucionales. Responsable de que las ya célebres urnas estuvieran listas y escondidas hasta el momento preciso. ¿Imaginan que con estos antecedentes Rovira acabara siendo presidenta de la Generalitat? Los resultados electorales, si los analizamos por bloques —constitucionalistas e independentistas—, serán muy ajustados. Una persona como Rovira, con tan poco apego y respeto por la legalidad, sería una pesadilla para el futuro político de la región, de por sí maltrecho tras la deriva absoluta de esa pandemia a la que han llamado procés. La justicia debe intervenir para evitar así que una golpista se ponga a los mandos del Parlament. De lo contrario, el desastre económico, político y social sería mayúsculo. 

Rovira muestra un extremismo muy preocupante que condenaría la prosperidad de Cataluña. No sólo es la mano derecha de Oriol Junqueras, quien sigue manejando los hilos desde la cárcel, también es una radical empedernida que ha llegado a decir —sin base ni fundamento— que el Gobierno amenazó a Puigdemont con enviar al ejército y que «habría muertos en la calle». Un dislate que generó el lógico estupor en la clase política y que, sin duda, define bien a las claras quién es esta política convertida en personaje que a base de disloques trata de mantener en tensión al electorado más kamikaze del independentismo para así librar el pulso con las fuerzas constitucionalistas de cara al próximo 21 de diciembre. No obstante, su implicación directa y de alta responsabilidad en el referéndum golpista serían motivos más que suficientes para que el Tribunal Supremo la imputase y, automáticamente, quedara incapacitada para representar a los catalanes. Dada la catadura ética y moral de la secretaria general de ERC, sería lo mejor que podría pasarles.