¿A qué espera el Supremo para llamarlos a declarar?

El Tribunal Supremo debe llamar cuanto antes a declarar a los nueve senadores de ERC que según la Guardia Civil están implicados en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Fecha clave del golpe de Estado independentista, todos los que hayan colaborado en él deben rendir cuentas ante la justicia por tratarse de una jornada prohibida de antemano y que supuso un ataque frontal contra la Constitución. Aquella convocatoria fue un dislate donde las personas pudieron votar más de una vez, las urnas se abrían durante las votaciones y papeletas que a la postre fueron válidas parcheaban el suelo de cualquier colegio. Ni siquiera hubo el menor intento de observación objetiva por parte de expertos independientes. Más bien, todo lo contrario. 

El Alto Tribunal tiene que actuar con diligencia ahora que se ha hecho cargo de lo que podría denominar como la «parte política» del golpe de Estado secesionista. El juez Pablo Llanera ha dividido la causa e investiga a la anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los cinco antiguos miembros de la Mesa. Justo la parte que atañe también a los 14 miembros del gobierno autonómico depuesto, incluido el fugado Carles Puigdemont, que sigue fuera de la ley y podrá hacer campaña electoral sin rendir cuentas ante ella gracias a la ayuda que le está prestando el exasperante garantismo de la justicia belga. Llanera, por tanto, debe escrutar hasta el último detalle del informe de la Guardia Civil. 

De confirmarse las investigaciones de la Benemérita, todo este tema supondría una broma de mal gusto. Nueve senadores independentistas ayudan a perpetrar el golpe de Estado pero, con la incoherencia que les caracteriza, cobran del dinero de todos los españoles, viven a cuerpo de rey en Madrid y basan gran parte de su notoriedad social en ser senadores de España. Un auténtico disparate que podría servir de argumento a películas como ‘La escopeta nacional’ de Luis García Berlanga. Esperemos que Llanera no tarde en citar a estos nueve políticos que representan como pocos —o como tantos en el procés— la contradicción y la hipocresía.