La UE ni es unión ni es nada

El exceso garantista de la justicia belga está dando alimento argumental a la demencia política de los golpistas catalanes. Resulta incomprensible que Christophe Marchand dilate la extradición a España del huido Carles Puigdemont y sus exconsellers. Con su decisión, el magistrado conseguirá que puedan hacer campaña electoral de cara al próximo 21 de diciembre sin rendir cuentas ante la justicia española. Legitima implícitamente las falacias de estos pirómanos de la política que han puesto en solfa la legalidad vigente en España y que han amenazado tanto la estabilidad económica nacional como la de la propia Unión Europea (UE), amén de insultar la inteligencia de la gente diciendo que vivimos en una nación «opresora». Resulta paradójico que en la misma ciudad coincidan las condenas al golpe de Estado independentista que han efectuado los líderes comunitarios y el trato casi connivente de la justicia belga, cuya característica principal no es precisamente la eficacia.

Mientras el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, —por citar una de las muchas voces que han condenado sin ambages a los sediciosos—, ha dicho en repetidas ocasiones que «nadie» en la UE aceptaría una declaración unilateral de independencia, Puigdemont ha encontrado el apoyo, a veces explícito y otras implícito, de algunos políticos locales y de la propia justicia. Una situación que, además, pone en entredicho la eficacia de la célebre euroorden. Una iniciativa que impulsó España a principios de la pasada década para evitar, precisamente, lo que está sucediendo en estos momentos con los sediciosos catalanes: injerencias políticas y plazos infinitos a la hora de poner en marcha el proceso de extradición. La euroorden supuso además un pacto de confianza entre todos los países que conforman la UE sobre el óptimo estado de sus respectivos sistemas jurídicos.

Por tanto, este caso puede poner en peligro la propia viabilidad judicial de la Unión Europea, ya que ese pacto de confianza entre los distintos Estados miembros queda en entredicho ante la actuación de la justicia belga. Al no tener que declarar hasta el próximo 4 de diciembre, el fin de la euroorden pierde todo su sentido. Un tema tan grave como éste se eternizará y ahondará más aún en una crisis que ha provocado ya que 2.573 empresas abandonen Cataluña. De ahí que más que pedir garantías penitenciarias a un Estado de Derecho de plena garantía como el que se da en España, debieran agilizar los trámites para que nuestra justicia dirimiera la responsabilidad de los golpistas. De esa manera, podríamos estar más cerca de cerrar una crisis a la que, con un garantismo que raya lo desesperante, también están contribuyendo desde las instituciones belgas.