En los países serios los golpistas acaban entre rejas

carles puigdemont
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont (Foto: EFE)
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“Yo no estoy subordinada al poder político”, fue el elocuente, nada críptico y cero eufemístico mensaje que Carmen Lamela, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dirigió a todos aquellos que quisieron oírle cuando la querella contra los jordis, el amigo de los narcos José Luis Trapero y la intendente Teresa Laplana no había pasado de las musas al teatro. La antigua asesora del ministro socialista Caamaño advirtió que si tiraban adelante ella no se andaría con mandangas y, obviamente, no entraría en politiquerías. Vamos, que iría a por todas. Más que nada, porque a una juez de verdad, como es ella, no le puedes pedir, rogar, sugerir, insinuar o exigir que renuncie a su función jurisdiccional mirando hacia otro lado o directamente haciéndose la gilipollas. Entre otras razones, porque delito es solicitarlo y delito es aceptarlo.

Tres cuartos de lo mismo ha sucedido con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha desoído todos los cantos de sirena que le han llegado desde el poder político para endulzar las querellas y olvidarse de reclamar cárcel para los tejeros del siglo XXI. “En Derecho, yo no puedo hacer otra cosa”, ha aclarado cada vez que le han instado a echar mano del sentido político en sus escritos de querella. Su ratón de biblioteca en la Secretaría Técnica, el brillante José Miguel de la Rosa, se ha limitado a aplicar la ley en todos los textos incriminatorios.

Y la consecuencia de la causa es que el cisma entre Moncloa y Castellana (sede de la Fiscalía General), elegante pero cisma al fin y al cabo, es una realidad. El Gobierno no quería y no quiere ver en la cárcel a los golpistas porque considera con tan egoísta como acertado criterio que es el mejor cartel electoral para esta gentuza cara a ese 21 de diciembre en el que mucho me temo que la vida seguirá exactamente igual. No hay dudas acerca de las imputaciones, entre otras razones porque han sido delitos retransmitidos en directo, pero sí sobre la conveniencia de la prisión provisional. A este respecto es menester recordarles que Granados se pasó 32 meses en el maco sin sentencia firme e Ignacio González acumula ya seis en las mismas circunstancias. A propósito de los dos ex dirigentes populares hay que subrayar que ninguno de ellos se quejó ni denunció a la Guardia Civil por vulnerar sus derechos humanos al conducirles a la penintenciaría en un furgón para presos. Cosa que sí han hecho los golpistas (no es broma). Ya lo sabe Instituciones Penitenciarias: a partir de ahora, que los trasladen en Rolls con chófer con gorra de plato.

Es tan impresentable como demencial pretender que un juez actúe con criterios políticos o que un político intente suplantar a un magistrado. Eso es como si le pides a un cura que te ceda la sacristía para montar un prostíbulo. Es física y metafísicamente imposible, amén de una estafa, estar en misa y repicando. Tal vez por eso alucino con la que se está montando tras el encarcelamiento de la banda de delincuentes que lidera el fugado Puigdemont. La Justicia no puede estar al albur de si se va a cabrear parte de la sociedad catalana, de si va a tener efecto bumerán el 21-D o de si la kale borroka de la chica a la que le fascina olerse el sobaco va a incendiar la región. Eso es como si el 24-F de 1981 y demás días posteriores al primer golpe de Estado de nuestra democracia se hubiera optado por practicar esa técnica tan ruin y cobarde del “pelillos a la mar” por miedo a un Ejército que en su mayoría continuaba en una onda no precisamente democrática. “Con Franco vivíamos mejor”, era el indisimulado pensamiento de casi todos ellos.

El ruido de sables existía el 22 de febrero, fue brutal el 23, pero no cesó en las semanas ni en los meses siguientes. Fue precisamente la determinación de la Justicia, que condenó a Tejero y Milans a 30 años de cárcel y a Armada a seis, la que consolidó la democracia en nuestro país. El ruido de sables pasó a mejor vida porque los que querían volver a 1975 o 1936 fueron plenamente conscientes de que si desenvainaban se actuaría contra ellos sin contemplaciones. Que terminarían pudriéndose en la cárcel. La  mejor medicina para el delito es la Justicia. Que el que la haga, la pague. Ésa, y no otra, es la esencia de toda democracia digna de tal nombre. Que todos seamos iguales ante la ley y que si te pasas el Código Penal y la Constitución por el arco del triunfo, el Código Penal y la Constitución te pasen por encima a ti. Dura lex sed lex (la ley es dura pero es la ley), que nos soltaban los más viejos del lugar cuando yo estudiaba Derecho.

¿Qué hubiera pensado un tipo que pernocta en Soto del Real por sisar en el súper de la esquina para dar de comer a su hijo, si Pugidemont, Junqueras, los jordis, los consellers y los capos de los mossos se hubieran ido de rositas? En el mejor de los casos, que esto ni es una democracia, ni un Estado de Derecho, ni na, y que la vida es una mierda. En el peor se hubiera echado a la calle para hacer la revolución… ¡y yo que me hubiera unido a ella! Haber dejado en libertad a estos pájaros hubiera constituido el mismo escándalo que haber concedido el indulto a Antonio Tejero y cía o haber permitido que se fueran a su casa como si tal cosa tras abandonar el Congreso de los Diputados por las ventanas el 24 de febrero. A ver si se enteran: ser independentista no es delito. Las ideas no son delito. Imponerlas delinquiendo, sí. De la ley a la ley dentro de la ley: si quieren un referéndum que consigan tres quintos del Parlamento y reformen la Constitución. Y, si no, que callen para siempre o al menos hasta que consigan esa imprescindible mayoría para maquear la Carta Magna.

Por cierto: como son unos jetas, olvidan que el tan peneuvista como independentista Juan José Ibarretxe intentó hacer lo mismo que ellos y nadie le encarceló. El matiz es fundamental: defendió su plan, que no era otro que crear un estado libre asociado modelo Puerto Rico, dentro de los cauces legales. En España no se persiguen las ideas, se persiguen los delitos. Ser secesionista no es ilegal, intentar imponer la secesión arbitrariamente saltándote medio Código Penal y tres cuartos de Constitución, sí. Como en Francia, Alemania, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y un tan largo como democrático etcétera.

España es hoy más fuerte que nunca. Democrática, legal, ética y moralmente. Para empezar, ha resucitado un Barón de Montesquieu que Alfonso Guerra enterró en 1985 tras fusilar con alevosía, premeditación y nocturnidad la independencia judicial que consagra la Constitución. Aquel tercer año de hégira socialista supuso la toma del Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional por un Partido Socialista que mandaba más que nadie nunca jamás gracias a sus 202 diputados. Una mayoría no suficiente, tampoco absoluta, sino más bien absolutísima. Sobra decir que habrían de pasar muchos años para que los tribunales tomaran cartas en un asunto llamado corrupción socialista. Con los jueces domesticados, la vida es bella para un gobernante golfo o tiránico.

La división de poderes ha quedado esta semana más nítida que en los 40 años anteriores de libertad. Y eso es una victoria por todo lo alto de los democrátas, de los que sostenemos parafraseando al juez antimafia Falcone que “la ley es el deber supremo”. Las democracias más sólidas del mundo son aquéllas en las que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son compartimentos estancos. Sensu contrario, se puede colegir que un sistema es totalitario cuando se arroga el uno, el otro, el de más allá e incluso ese cuarto poder que es la prensa en el más amplio sentido del término. Por cierto: en Cataluña no estaríamos como estamos si la ley y no Maquiavelo hubieran sido el deber supremo con Pujol en Banca Catalana, en sus mil y una corruptelas, en la dictadura lingüística y en esa máquina fascista que es TV3.

En democracia no hay que tener miedo a nada si la razón está de tu lado y no digamos ya si quien tienes a tu vera es una imponente señora llamada Justicia. Por eso no entiendo a aquellos a los que les ha entrado miedito tras meter a los golpistas en el lugar en el que tiene que estar todo delincuente: la trena. O sí porque puede revertir el bajón electoral que se estaba registrando poco a poco en el mundo independentista pero no comparto su proclividad a anteponer la razón de Estado al estado de la razón o la razón de partido al partido de la razón. Directamente me dan asco los que hablan de “presos políticos” obviando algo tan perogrullesco como que son políticos presos. Los que como Évole, el separatista que por pastuqui niega ser separatista, han montado la mundial asegurando que “es inmisericorde” y “una agresión a muchos catalanes” encarcelar a Junqueras y sus secuaces. Ahora resulta que el hecho de ser cargo electo te convierte en una especie de 007 en versión paleta con licencia para delinquir, en una suerte de ser intocable. Cuidado porque así empezaron algunos de los regímenes más abominables de la historia. Hitler, Chávez, Maduro, Putin, Erdogan… ¿Les suenan?

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