Hay que darles más y mejores medios

Si algo ha dejado claro el golpe de Estado en Cataluña es que la comunidad autónoma necesita la presencia permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A tenor de la inacción interesada de los Mossos, y la connivencia de sus mandos con los instigadores del ataque a España, aumentar los efectivos de Policía y Guardia Civil se antoja imprescindible. Lo más deseable sería que estuvieran todos bajo un mismo mando. Pero, en cualquier caso, hay que darles más y mejores medios. No existe ninguna razón para que profesionales que respetan la legalidad vigente, defienden la Constitución y hacen un trabajo impecable cobren 600 euros menos de media que cualquier mosso. Mientras gran parte de los policías con 15 años de experiencia bordean los 1.500 euros, un mosso recién salido de la academia cobra 2.2000 euros al mes. Otro aspecto clave es la creación de nuevas instalaciones permanentes para que puedan vivir de un modo digno, lejos del hacinamiento y la carestía inherentes a soluciones demasiado eventuales como el famoso barco Piolín. 

El Ministerio del Interior debería solucionar ese aspecto cuanto antes, ya que la imagen que proyectamos es paupérrima debido a los camarotes minúsculos, los malos servicios comunes o la mala comida que se les dispensa. Nuestros agentes no sólo tienen que soportar el hostigamiento y la humillación por parte de los hosteleros independentistas o el abandono y la inferioridad ante los radicales dada la pasividad de los hombres de Josep Lluís Trapero, además han tenido que vivir en condiciones muy precarias desde que saltara la crisis política e institucional más grave de nuestra historia desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. De ahí que sea perentorio la creación de nuevas infraestructuras que den cobijo a los agentes de manera continuada. Recursos como el barco Piolín se utilizan en cumbres internacionales con fecha de inicio y fin. No obstante, para una coyuntura como la que se vive en Cataluña —que va para más de un mes— y ante el reiterado desprecio a las leyes por parte de su policía autonómica, lo ideal sería una dotación fija de agentes en Cataluña. 

Una solución que requeriría que el Gobierno ofertara más plazas para nuevos candidatos. Antes de que la sedición se convirtiera en el gran problema nacional, en la región había en torno a 6.000 hombres según fuentes internas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para garantizar el orden constitucional, el número de agentes permanentes en la región debe estar entre los 16.000 y los 18.000. Ahora, y a pesar de que están desplegados más de 10.000 profesionales, aún se dan escenas de manifiesta inferioridad ante la inoperancia de los efectivos autonómicos. Por lo tanto, habría que volver a las cifras que existían antes de que se refundaran los Mossos d’Esquadra y se hicieran cargo de la mayoría de competencias policiales de la comunidad. El trabajo que han hecho Guardia Civil y Policía Nacional no sólo ha dejado claro que su presencia allí es indiscutible, sino que es merecedora de los reconocimientos pertinentes tanto en mejora de condiciones como en aumento de salarios. Si el Gobierno cumple con ellos estará cumpliendo también con los ciudadanos. La labor que hacen es una garantía para la protección del Estado de Derecho.