Tan responsable o más que ‘los Jordis’

Josep Lluís Trapero tiene ante sí un horizonte azul oscuro, casi negro. El mayor de los Mossos difícilmente se librará de la cárcel si, como parece, la Fiscalía amplía la denuncia contra él por un posible delito de sedición y la Audiencia Nacional juzga los hechos acontecidos en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una convocatoria que ya estaba suspendida por el Tribunal Constitucional cuando se celebró y que obligó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a trabajar en manifiesta inferioridad y grave riesgo debido a la inacción de los Mossos. Esa pasividad fue crucial para que desapareciera el orden constitucional de las calles e instituciones de Cataluña. Trapero, dirigente del grupo policial autonómico, es más responsable si cabe que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez dada su condición de autoridad. Si los responsables de Òmnium Cultural y la ANC han entrado en prisión incondicional por agitar a las masas y contribuir al caos social, Trapero debería seguir los mismos pasos por su inactividad tanto el día del referéndum como en las jornadas previas. 

La ampliación de las investigaciones probaría de manera definitiva —el pasado martes sólo se juzgaron los hechos referidos al 20 y 21 de septiembre— la implicación del mayor de los Mossos, su «reincidencia delictiva» y la total vinculación a la «hoja de ruta secesionista». A la altura de los propios Cuixart y Sánchez y siempre bajo las directrices generales de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de golpistas. Unas conclusiones que han dejado claras los especialistas de la Guardia Civil en sus informes y que refuerza el Cuerpo Nacional de Policía. Tal y como les cuenta en exclusiva OKDIARIO, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) disponen de varios anexos policiales con un registro de llamadas telefónicas y seguimientos donde se pone negro sobre blanco la actitud sediciosa de los Mossos d’Esquadra, que no acataron los mandatos judiciales. Una responsabilidad directa y absoluta del jefe Josep Lluís Trapero. 

Carmen Lamela, magistrada de la Audiencia Nacional, tendría elementos de sobra para depurar todas las responsabilidades de Trapero. Recordemos que el pasado 5 de octubre, este periódico ya publicó en exclusiva los detalles de cómo los agentes secretos de los Mossos habían diseñado una operación para la compra y distribución de las urnas de cara al referéndum ilegal. Una colaboración directa con los golpistas que no hace sino reforzar el perfil sedicioso de Trapero. Máximo responsable, como es obvio, de todo lo que ocurre en el cuerpo policial que dirige. El Código Penal castiga hasta con 15 años a las personas que impiden por la fuerza, o fuera de las vías legales, el cumplimiento de la ley. Trapero contribuyó al desorden por su incomparecencia durante el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre y volvió a hacerlo el 1 de octubre con el referéndum ilegal. Tiene, por tanto, cuentas pendientes con la justicia y si la Fiscalía acaba ampliando la causa, lo tendrá muy difícil. El Estado de Derecho debe garantizar el escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente. De otro modo, esto no sería una democracia, sino una república bananera.