Esta vez los golpistas no se pueden ir de rositas

Referéndum
Manifestación contra el golpe de Estado del 23-F, cuatro días después, en Madrid.
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La foto de aquel viernes 27 de febrero de 1981 es inigualable compendio de lo mejor en 500 años de historia en común: esa concordia que, en forma de Transición, fue posible. Un millón de personas salió de la Glorieta de Embajadores de Madrid rumbo al Congreso de los Diputados, donde apenas 72 horas antes un loco bigotudo había intentado robarnos la libertad que tanto nos había costado amarrar tras 40 años de dictadura. Más allá de esa masiva toma de las calles en la capital y en el resto de España (250.000 almas en Barcelona), que también, yo me quedo como símbolo de la noche de aquel día con la imagen de la cabecera de la marcha. Allí estaban todos sujetando una pancarta que llevaba un lema tan simple aparentemente como profundo realmente en un país que secularmente había vivido bajo la bota del poder: “Por la libertad, la democracia y la Constitución”. Quienes habían ganado la guerra, quienes la habían perdido, quienes mandaban en el franquismo y quienes se tuvieron que ir por patas a un interminable exilio. Incluido un Santiago Carrillo responsable de 6.000 muertes a tiro de piedra de la redacción de OKDIARIO, en Paracuellos del Jarama. Churras, merinas, a todas aquellas huestes les unía un común denominador: el deseo de mirar adelante, olvidar el pasado, jubilar la reacción, darse la mano y meter a España en la democracia y la modernidad. Socialdemócratas como Felipe González, el gran Enrique Múgica, José Luis Corcuera o el ejemplar Nicolás Redondo Urbieta; centristas como Calvo Ortega y Rodríguez Sahagún y un Manuel Fraga que deambulaba codo con codo con el héroe de la Perkins, Marcelino Camacho. A un metro del ex ministro de Turismo franquista su entonces lugarteniente, un pijísimo y fachosísimo Jorge Verstrynge, a la sazón aún admirador del nazi belga Leon Degrelle.

Un servidor tenía 12 años pero allá que le llevaron. Y allá que estuvo. Y allá que gritó todo lo que había que gritar. No olvidaré aquella protesta en la que todos no las tenían todas consigo aún, en la que el miedo permanecía incrustado en el cuerpo. No quedaba otra: había que estar allí para lanzar un contundente ¡basta ya! a los ladrones de la libertad. A Tejero, Armada y Milans del Bosch pero, sobre todo y por encima de todo, a los coleguitas de Tejero, Armada y Milans. Y muy especialmente a ese Elefante Blanco, que todos sabían y sabemos quién era y quién es pero nadie se atrevía a identificar. Era un aviso a los navegantes que se habían devuelto a la cueva tras comprobar que el putsch, gracias entre otros al heroico Paco Laína, tenía las mismas posibilidades de prosperar que yo de ser presidente de los Estados Unidos de América. En el banquillo de Campamento, donde luego se juzgaría la asonada, eran todos los que estaban pero no estaban todos los que eran. Lo cual provocó que el ruido de sables fuese incesante durante meses, meses y más meses. Aquella imagen de unidad, de todos a una, permitió que el macrojuicio prosperase, que los del sable se lo metieran donde les cupiera y que los tres principales implicados salieran a 30 años de cárcel por barba. Casualidades de la vida, a Armada, ex secretario general de la Casa del Rey, sólo le cayeron inicialmente seis. Tendría que ser el Supremo el que viniera un año más tarde a tumbar la benevolencia del Consejo de Guerra del general Gómez de Salazar que había optado por dos penas ejemplarizantes (Tejero y Milans) y 20 hilarantes. Los retoques al alza estuvieron en proporción con los delitos cometidos. A Armada, por ejemplo, le metieron 24 más: pasó de seis a 30. Consecuencia: nunca más hubo un golpe digno de tal nombre. Conclusión: sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay libertad.

El 23-F fue una mala noche pero no pasó de ahí. Gracias, entre otras cosas, a un Leopoldo Calvo-Sotelo que ordenó que no se tomase a los españoles por gilipollas. Fue él quien recurrió las sonrojantes penas que permitían irse de rositas, sin pasar por el hotel rejas o entrar pero a beneficio de inventario, a 20 de los 22 procesados en Campamento. Nunca nadie jamás osó siquiera intentarlo. El supuesto plan del 27 de octubre de 1982 no dejó de ser una charlotada. Tal vez por todo eso, Mariano Rajoy, que conoce la historia política contemporánea de España mejor que nadie, es consciente de que o esta vez va a por todas o el golpe de los independentistas catalanes saldrá adelante y la España constitucional se irá a al carajo y el Partido Popular acabará corriendo la misma suerte que la Unión de Centro Democrático.

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Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Neus Lloveras (presidenta de AMI) y Miquel Buch (presidente de la AMC), ante el Ayuntamiento de Barcelona. (Foto: EFE)

El laissez faire del 9 de noviembre de 2014 ha servido al presidente de maravillosa lección. De lección de lo que no hay que hacer. Tan cierto es que el referéndum no se consumó en toda su extensión como que celebrarse, lo que se dice celebrarse, se celebró. Claro que se celebró: votaron dos millones de personas que se dice pronto. Y eso constituyó un éxito de los independentistas catalanes, con el patriota suizo y liechtensteiniano Artur Mas a la cabeza. La Fiscalía acusó al entonces president y a tres consellers de tres delitos: prevaricación, desobediencia y malversación. Los dos primeros no conllevan pena de reclusión. Lo cual manda huevos, que diría Federico Trillo. Si “dictar una resolución injusta a sabiendas” no es para ir al maco, que venga Dios o, mejor, el diablo, y lo vea. Pero, claro está, el que hace la ley, hace la trampa. Políticos, politiquillos y politicastros se cuidan muy mucho de meter penas duras a las conductas relacionadas con su actividad no vaya a ser que un día les toque cumplirlas. Pero eso es otro cantar al que un día habrá que hincar el diente. Que la prevaricación no puede ni debe quedar en una mera inhabilitación es algo que hasta un niño de teta entendería.

Si una autoridad prevarica o desobedece una resolución judicial nunca irá a la cárcel. La trena sí será su destino si lo que hace es malversar que, en el fondo y en la superficie, es robar, trincar, sisar o como ustedes gusten llamar a esa actividad que consiste en quedarse el parné del prójimo. El legislador siempre tuvo claro que una cosa era dejar en agua de borrajas un delito etéreo como la prevaricación y otra bien distinta descafeinar uno tan cantoso como el saqueo de las arcas públicas. Malversar cuesta en España de tres a ocho años de prisión. Lo cual quiere decir que si has hecho tra-ca-trá con el dinero de todos tienes entre cero y ninguna posibilidades de pasar una temporadita a la sombra. Casualmente, el ministerio público retiró esta última imputación hace año y medio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau con una excusa que no se creían ni acusadores ni acusados: que el desvío de dinero público para el 9-N se produjo antes del auto del Constitucional prohibiéndolo. ¡Como si un político no supiera que dedicar dinero del contribuyente a un fin tan espurio como un referéndum ilegal al 1.000 por 100 es una malversación como la copa de un pino!

Nos tomaron el pelo indecentemente. Consuelo Madrigal se limitó a ejecutar una orden de arriba, seguramente nacida de un acuerdo entre bastidores, de un pacto de cloacas. Debían pensarse, como se pensó Chamberlain en 1938, que el apaciguamiento es la fórmula perfecta para tener la fiesta en paz. Churchill ya lo advirtió: “Tenéis el deshonor y tendréis la guerra”. Tuvieron el deshonor y tuvieron la guerra. Aquí tuvimos el deshonor y tuvimos un nuevo golpe. El cabreo del presidente del Gobierno por aquel gatillazo fue supino. Ahora es Mariano Rajoy en estado puro, el que toma una decisión y la lleva hasta sus últimas consecuencias. No va a permitir que unos golpistas corruptos, totalitarios y paletos se salgan con la suya. Yo, por si acaso, cruzo contundentemente los dedos para que a estos fascistoides los traten justamente. Para que les den lo suyo. Para que les acusen y les condenen por prevaricación, desobediencia, malversación, sedición y rebelión. Para que los 15 ó 20 años de prisión no se los quite ni el tato. Para que no haya indultos bajo cuerda o sobre cuerda. Para que el resto de los ciudadanos tengamos la sensación de que el que la hace, la paga, sea rico, pobre, mediopensionista, president, conseller, bedel o maestro armero. Si no es así, si hay operación chanchulleo segunda parte, si vuelven a hacer manitas debajo de la mesa, el golpe a la democracia se lo habrán dado los demócratas en un perfecto remake de ese 98 o de ese 36 que nos condujo a un país inequívocamente peor. Fuera ya no nos tomarán en serio y la pandereta relevará al toro o el sol como símbolo made in Spain. Y a la mejor etapa de nuestra historia le quedarán dos telediarios, tal vez tres. No más. Y la celebérrima frase de Bismarck, “España es la nación más fuerte del mundo, lleva siglos intentando autodestruirse y nunca lo ha conseguido”, dejará de ser el eterno consuelo de un proyecto democrático que nos hizo mejores que nunca.

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