El talibán independentista quiere ser español

El talibán independentista quiere ser español
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Cataluña padece un contexto disparatado, a la altura de las películas de Luis García Berlanga o Santiago Segura pero con el agravante de que la realidad supera la ficción y que las víctimas, como siempre, son los ciudadanos. Con la deuda de la región en 75.443 millones de euros —el 30% del total de las comunidades— y la confianza crediticia al nivel del subsuelo, el golpe de Estado independentista sigue acumulando hitos de la vergüenza hasta el punto de haber superado ya la categoría de esperpento para situarse en ópera bufa. Un espectáculo con tintes cómicos pero sin ninguna gracia. Prueba de ello son las últimas declaraciones de Joaquim Forn. Ahora que Carles Puigdemont amenaza con saltarse a la torera cualquier trámite en el Parlament y aprobar el referéndum ilegal mediante un decreto ley, su consejero de Interior dice que “no renunciaría a la nacionalidad española”.

Una incoherencia que, más allá de su propia imposibilidad, desnuda las verdaderas pretensiones de los gerifaltes del procés: sorber de la sopa boba secesionista y, al mismo tiempo, seguir comiendo del plato estatal. Resulta irónico, de tan ridículo casi pueril, que sea precisamente Joaquim Forn el que diga que quiere seguir siendo español. Un hombre al que los periódicos de hace 20 años ya definían como un “talibán” de CDC. Dice el diccionario de la Real Academia Española (RAE) en la segunda acepción del término que talibán “es un fanático intransigente”. Apelativo que podría definir a la perfección la carrera política que ha llevado el actual titular de Interior de la Generalitat. El hombre que se hizo cargo de los Mossos el pasado mes de julio ya estaba enrolado en Acció Olímpica —grupo radical financiado por los Pujol— con sólo 25 años. Fue entonces, en 1989, cuando lanzó octavillas con el lema de ‘Freedom for Catalonia‘ durante la inauguración del Estadio Olímpico por parte de Juan Carlos I.

Forn, como tantos impulsores de ese falso Camelot que tratan de instaurar en Cataluña, ha hecho de su animadversión a España un próspero modo de vida. Y sin España, por una cuestión de mera incapacidad productiva, le sería imposible vivir como vive. De ahí que, cada vez que amagan con dar el hachazo definitivo, tanto como él como el resto de acólitos siempre se acuerdan de reservar un requiebro o una cláusula —ahí está la propia Constitución de Cataluña— para mantener un pie en la etérea fantasía ilegal y otro en la sólida realidad del Estado. El Gobierno debe poner todos los medios para acabar con esta pantomima que dura ya demasiado. Si es preciso, que actúe el Tribunal Constitucional e inhabilite a los máximos dirigentes catalanes antes del 1 de octubre. Así, el Ejecutivo evitará que ocurra otro 9-N y, sobre todo, cerrará un desafío anticonstitucional que se ha dilatado demasiado en el tiempo.

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