Entre la golfería del PP y la cacería al PP

Que en el PP hay bastantes golfos por metro cuadrado lo sabe hasta el que asó la manteca. Y, visto lo visto, hasta Abundio colegiría que el color preferido de muchos jerarcas populares es el negro. Tampoco hace falta haber pasado por Harvard para llegar a tamañas conclusiones. Es todo tan obvio que no admite discusión.

Como tampoco hace falta ser Premio Nobel de Física ni gozar de un coeficiente intelectual de 170 para deducir igualmente que aquí hay gato encerrado. Porque si bien es cierta la primera premisa, la de la choricería popular, no lo es menos otra empíricamente irrefutable: que no son más golfos que los socialistas y no digamos ya que unos podemitas que han hecho del tra-ca-trá, de la patraña y de la desvergüenza su forma de vida.

Veamos: el escándalo de los ERE y los cursos de formación andaluces (made in Chaves & Griñán) son un latrocinio sólo superado en términos monetarios por los campeones de Europa en corrupción, los nueve miembros del clan Pujol. Una siciliana famiglia que con sus 3.000 millones de euros arramblados se mantiene inalcanzable en el número 1 de la Golfochampions. Por no hablar del pastizal sustraído orgánicamente por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los unos y los otros, convergentes todos, han hecho suya la frase de moda: “A robar, a robar, que el mundo se va a acabar”.

De Podemos no les doy la lata más de lo normal porque lo saben todo. Han recibido al menos (muy al menos porque probablemente sea infinitamente más) 10 millones de euros de las dictaduras venezolana e iraní y ni Hacienda, ni la Fiscalía, ni esa UDEF que Don Jordi no sabe “qué coño es” han movido un dedo para sentarlos en el banquillo. ¿Y de lo de Monedero qué me dicen? Prueben ustedes a tangar 450.000 euros fuera de España por 100 folios en blanco, importen el pastizal, métanlo en su cuenta corriente, no lo declaren y ya me contarán cómo les ha ido. En el mejor de los casos les procesarán por delito fiscal y en el peor irán a hacer compañía a Ignacio González a Soto del Real, con o sin chándal de Ralph Lauren.

El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que relata con toda suerte de pruebas la financiación de la teocracia iraní a Pablo Iglesias y cía (¡¡¡le pagan hasta el teléfono personal!!!) habría terminado en una segura condena en cualquier democracia de calidad. Ni la Santísima Trinidad les hubiera librado de las garras de la Justicia. Aquí no. Aquí entre unos, el Ejecutivo, y otros, los numerosos medios podemitas, han conseguido instalar en la opinión pública la sensación de que todo fue una persecución de la Policía, poco menos que una conspiración mafiosa. ¡Ah!, ¿y qué creen que les ocurriría a cualquiera de ustedes si se descubre urbi et orbi que esconden en un paraíso fiscal 272.000 dólares regalados por un sátrapa asesino? ¿Les asignaría el Velasco de turno un bono para una larga estancia en el hotel rejas? La respuesta es tan perogrullesca como mayúscula: SÍ. En el caso de los podemitas es igual de perogrullesca y mayúscula: NO.

Hay cosas que se me escapan. Si empíricamente no admite duda el hecho de que cualitativamente el PP está empatado en choricería con el PSOE y con Podemos (los únicos que, de momento, permanecen vírgenes son los Ciudadanos de Albert Rivera), ¿por qué Podemos se va sistemáticamente de rositas y por qué apenas se habla de los ERE o se jibariza su importancia política y su relevancia penal?

Los señores y las señoras de Podemos son inimputables por obra y gracia de la Fiscalía Anticorrupción y porque el PP no va a permitir que le quiten de en medio esa arma de destrucción masiva del PSOE que son los Iglesias, Montero, Echenique y cía. El “divide y vencerás” que puso en marcha Génova 13 cuando vio que la mayoría absoluta se le escapaba de las manos cual pajarillo ha sido demasiado rentable como para interrumpirlo así como así. Y la barra libre del PSOE pese al latrocinio de los ERE y los cursos de formación, más propio del Irak de Sadam o de la Libia de Gadafi que de una nación de la UE, alberga en este caso otra explicación: la mediática. La mayoría de los medios de este país todavía llamado España era antaño socialista y ahora es podemita hasta las cachas. En cualquier caso, de izquierdas.

Lo que no pasaban de ser meras sospechas se transformaron en convicciones inmutables tras el cante jondo protagonizado con Cristina Cifuentes por un sector de la Unidad Central Operativa (UCO) de la ejemplar y admirable Guardia Civil. Apostillo “un sector” y apostillo bien. Que parece lo mismo “un sector de la UCO” que “la UCO” pero no es lo mismo. Primero le dieron la comida a la presidenta madrileña filtrando un informe (casualmente, un segundo después de que se levantara parcialmente el secreto del sumario en Púnica) en el que se reclamaba su imputación. Y ni más ni menos que por cohecho (hasta seis años de cárcel) y prevaricación. Con un par. ¿El motivo? La concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid a un Arturo Fernández que, por cierto, era el rey de la restauración capitalina en esa época. ¿La adjudicó Cifuentes? No. Simplemente, estaba en la mesa que resolvió un concurso informado favorablemente por los técnicos, la intervención y la Abogacía de la Comunidad.

El nada sospechoso de pepero juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción terminaron de almorzar el miércoles y lo primero que hicieron fue lanzar a los cuatro vientos una consigna: “No hay motivos para investigar a la señora Cifuentes”. La facción de la UCO que escudriña Lezo se revolvió. “Ahora se van a enterar”, comentaron. Con menos profesionalidad que saña, volvieron a la carga 24 horas después extrayendo de la chistera un segundo informe que insistía en la petición de banquillo para la política que (ella misma dixit) suele hacerse “la rubia” para engañar a sus rivales. Esta vez no se fue de Marilyn por la vida. Se cogió un cabreo de tres pares de narices. Como es natural. La jugada parecía más propia de la Policía del dictador zimbabuense Robert Mugabe o del Sebin chavista que de un Estado de Derecho.

Todo ello por no hablar de un secreto del sumario que ha sido la casa de tócame Roque en el caso Lezo. Son las pesquisas confidenciales más públicas de la historia y lo dice el director de uno de los medios más beneficiados por esas benditas filtraciones. Filtraciones con un objetivo común: confundir y mezclar lo serio con lo accesorio, la categoría con la anécdota, las pruebas con los indicios y al que estaba allí con el que pasaba por allí. No es de recibo que se meta en el mismo ajo sin pruebas a Manolo Pimentel, tipo honrado donde los haya, y al delincuente de Ignacio González. O que se intente mezclar en el fango al marido de María Dolores de Cospedal porque (dicen) aparece en una sociedad que hizo negocios con los Pujol y Pablo e Ignacio González. Olvidan que dejó esa entidad mercantil no hace un mes, tampoco hace un año ni cinco, sino hace 15 años cuando ni siquiera era novio de su actual mujer. Por no hablar de esa obsesión de jueces y fiscales izquierdosos en endosar el calificativo de «organización criminal» al PP como si fueran poco menos que los Soprano.

Sobra decir que nada tengo en contra de que se haga justicia. Es más, me pone muy cachondo desde el punto de vista moral que los que vienen a la vida pública a servir y no a servirnos tengan su castigo. Algo he contribuido a ello destapando el caso Urdangarin, quitando la careta a Munar, a Matas, a Bárcenas, a Sandro Rosell, a Jordi Pujol y al multimillonario Ignacio González, descubriendo el cobro de sobresueldos en B en Génova 13 y la financiación ilegal o publicando los “sé fuerte, hacemos lo que podemos” que en forma de sms remitió Mariano Rajoy a su helvético tesorero. Hace bien poco hemos dado a conocer que se emplearon fondos reservados para comprar el silencio de una Bárbara amante del Rey, hace menos tiempo aún (un par de meses) conseguimos las pruebas definitivas de las grabaciones del Cesid a Don Juan Carlos y ahora llevamos dos semanas cantando y contando el desvío de 83 millones públicos del Canal de Isabel II al paraíso fiscal de Panamá.

Pero me gusta tanto que los que la hacen, la paguen, como detesto que se empleen las instituciones para intentar cambiar los equilibrios de poder que dictaminaron las urnas. Da la sensación de que la izquierda judicial, policial y mediática se ha puesto de acuerdo para quitar de en medio con malas artes al PP. Los siempre lenguaraces podemitas son más francos que unos rubalcators que vuelven a hacer de las suyas. El leit motiv de la manifestación de ayer en Sol no lo pudo decir más alto ni más claro: “Hay que echarlos”. Sólo les faltó precisar el cómo: “… a patadas”. Pues eso. Que algunos quieren convertir nuestra democracia en Banana Republic, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en un sucedáneo de Torrente y nuestro sistema de justicia en tribunales populares al más puro estilo Monedero. No se puede hacer cumplir la ley incumpliéndola ni combatir la corrupción con corrupción. Esto no es Zimbabue ni la República Bolivariana de Venezuela. De momento. Y esperemos que por mucho tiempo.