Fustigando a nuestras empresas

Fustigando a nuestras empresas

A finales de julio, comiendo con un empresario que constituye toda una referencia por su carrera, empezando de la nada y hoy al frente de un conglomerado industrial de primer orden en España y con fuerte peso internacional, hablábamos de lo que entonces sólo era un rumor: el aumento del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en unos 6.000 millones de euros a fin de evitar un mayor descuadre de nuestras erráticas cuentas públicas en 2016 y contentar a Bruselas que anda con la mosca detrás de la oreja después de tanta promesa y demasiados incumplimientos. El empresario en cuestión mostraba su indignación. «Somos nosotros quienes vamos a tener que pagar el desaguisado que los que mandan están organizando. Para ellos es muy fácil. Vienen y nos sacan al sector privado, a nuestras empresas, 6.000 millones de euros, dañando nuestra tesorería, y se los quedan ellos para poner más dinero en lo que es una trituradora… Y nosotros, ¡a callar!»

La indignación que una vez aprobado el Real Decreto-ley, con BOE de urgencia y express, levanta entre la clase empresarial se agudiza. Porque los rumoreados 6.000 millones de euros, por arte de birlibirloque, se convierten en más de 8.000 millones y si, en principio, iban a castigar sólo a aquellas empresas de un tamaño entre mediano y grande, con cifras de negocio superiores a los 20 millones de euros anuales, finalmente se amplía el espectro empresarial afectando a todas las entidades que ingresen por encima de los 10 millones de euros. El pago fraccionado, a desembolsar en favor del Tesoro Público ya en octubre, y luego en diciembre, se eleva al 24% de la base imponible.

No se trata ahora de entrar en cuestiones de mera técnica tributaria, sino de reflexionar sobre lo inadecuado de tal medida y lo inoportuna de la misma. Inadecuado porque cambiar en el mes de octubre las reglas del juego, que se inició el pasado 1 de enero de 2016, suena a reírse de los contribuyentes máxime cuando la andadura del nuevo Impuesto sobre Sociedades arrancó hace apenas un año. Inadecuado porque sacar esos más de 8.000 millones de euros a nuestras empresas representa un golpe bajo a su tesorería que duele y mucho. La seriedad de nuestras empresas, en contra de la falta de seriedad de nuestros gobernantes, les obliga a trabajar con presupuestos de tesorería que, de repente, la mala gestión de nuestras autoridades hace trizas. No entra en los coherentes cabales de la gestión alterar las condiciones de un impuesto justo cuando se encara el último trimestre del ejercicio 2016.

Inadecuada decisión del Gobierno en funciones, otrosí, por cuanto el modus operandi del pago fraccionado tergiversa la concreción del resultado contable y del resultado fiscal que si un día, tiempo atrás, parecía que convergían a raíz de la reforma del Impuesto sobre Sociedades se distanciaron. Paradójicamente, con ese pago fraccionado, se hace tributar rentas exentas y además no se aceptan impactos negativos como consecuencia de pérdidas anteriores, obligando a un pago mínimo que superará el finalmente devengado, al no contemplarse deducciones que rebajen la factura fiscal definitiva del año 2016. Habrá que ver hasta qué punto las características de ese nuevo pago fraccionado son legítimas y constitucionales y no se está ante un tic confiscatorio…

Decíamos que esa decisión del Gobierno es inoportuna. En un momento en que nuestra economía, al calor de una serie de factores positivos y con una temporada turística estelar, remonta el vuelo, cuando la inversión con timidez muestra vigor, con el empleo recuperándose modestamente y el ritmo de la actividad económica se acelera, ¡zas, el Gobierno lo echa a perder! Al tener que pagarse esos 8.000 millones de euros, tal cantidad no podrá destinarse a inversiones empresariales ni a comprar y acrecentar aprovisionamientos, ni a aumentar la plantilla —más bien se tendrán que recortar salarios, esto es, disminuir puestos de trabajo— y si el gasto en general aumentaba —como sinónimo de un mayor dinamismo—, se derrumba ese castillo de ilusiones porque Hacienda no ha sabido cuadrar las cuentas de 2016 y sus estropicios los costean nuestras empresas con sus dineros.

Estamos, por ende, ante una evidente incompetencia de nuestros gobernantes para embridar el maldito déficit público y un gasto público que no se ha rebajado ni se rebaja, ni se rebajará…

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