TRAS LAS INFORMACIONES DE 'OKDIARIO'

Las víctimas recogen firmas para exigir a la UPV los falsos exámenes de 76 presos de ETA

prisiones País Vasco
Pintada a favor de ETA.
Segundo Sanz

Las víctimas del terrorismo han lanzado este jueves en la plataforma change.org una recogida de firmas para instar a la Universidad del País Vasco (UPV) a que muestre las actas y los falsos exámenes con los que 76 presos de la banda terrorista ETA pudieron acceder a estudios superiores y acogerse así a beneficios penitenciarios. La iniciativa, que llega tras las revelaciones de OKDIARIO en los últimos días sobre esta causa archivada en la Audiencia Nacional, lleva la firma de seis asociaciones de víctimas: Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT); Asociación Víctimas Contra el Terrorismo de la Región de Murcia (AVCTRM); Asociación Víctimas del Terrorismo Castilla y León (AVTCYL); Dignidad y Justicia (DyJ); SOS Víctimas España y Voces Contra el Terrorismo (VCT).

La UPV nunca entregó a la Guardia Civil las actas de los exámenes que supuestamente realizaron esos 76 presos etarras para superar la Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso para mayores de 25 años. Además, la institución académica señaló a los investigadores de la Jefatura de Información del Instituto Armado que no guarda copia de esas pruebas con las que los reclusos pudieron matricularse en la Universidad y optar a beneficios en el cumplimiento de sus penas.

Desde hace 30 años, según denuncian las víctimas, la Universidad del País Vasco «ha estado relacionada con el ‘frente de cárceles’ de la organización terrorista ETA, a través de los estudios de los terroristas encarcelados. La UPV siempre se ha refugiado en el argumento de la reinserción social de los presos terroristas de ETA utilizando eufemismos como ‘alumnos en régimen especial’o auténticas barbaridades como que la ‘UPV estará prestando un buen servicio a la sociedad’, en referencia al convenio que la universidad vasca firmó con el Centro Asociado de la UNED en Vergara en 1988».

Dicho convenio, señalan las víctimas, solamente está firmado por el rector de la Universidad del País Vasco y el vicerrector del Campus de Guipúzcoa y no aparece «ninguna firma del representante o representantes del Centro Asociado de la UNED de Vergara». Este documento, que para los denunciantes es la «piedra angular de todo el tinglado que se montó a posteriori», carece por tanto de validez, apuntan. «Estos errores no son fruto de la ignorancia en la elaboración de un convenio sino de una estrategia», critican.

Una persona ajena al tribunal

Las víctimas recuerdan que los documentos que aportó la UPV a instancia del juez se limitaron a un listado de cada uno de los 76 presos donde además del nombre, apellidos y DNI, consta el certificado de acceso a la Universidad en las distintas modalidades. Sin embargo, los denunciantes subrayan que lo que realmente pidió el instructor a la institución académica fueron las actas de los exámenes. Es decir, en cada caso el documento original firmado por los miembros del tribunal examinador y «no un listado o certificado emitido por una persona ajena al tribunal calificador como es el secretario general de la UPV».

Fue el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez -hermana del dirigente del PP de Guipúzcoa Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995-, el que llevó este caso a la Audiencia Nacional.

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