QUEJA DE LAS MEDIANAS CONSTRUCTORAS

El Gobierno asfixia las infraestructuras hidráulicas pese a los riesgos climáticos

Pantanos
Embalse de El Atazar.

La inversión en agua no ha hecho otra cosa que retroceder desde 2014, según ha denunciado la patronal ANCI, que agrupa a las medianas constructoras.

El Gobierno asfixia la inversión en infraestructuras hidráulicas del país a pesar de los riesgos climáticos cada vez más patentes. La inversión en agua no ha hecho otra cosa que retroceder desde 2014, según ha denunciado la patronal ANCI, que agrupa a las medianas constructoras.

Aunque el Ejecutivo creó un Ministerio de Transición Ecológica para afrontar estos desafíos, lo verdaderamente importante es que haya inversiones reales en esta materia que permita afrontar los desafíos.

Según los empresarios, lo más preocupante es que en 2019, un año en el que han seguido prorrogándose los Presupuestos Generales del Estado, sigue la misma tendencia. Las constructoras no cotizadas denuncian que “hace muchos años que no se realizan obras de regulación y distribución, aunque la mayor parte de nuestros ríos siguen teniendo un régimen absolutamente irregular que se incrementa con el cambio climático”. A esto se suma que, en cuanto a la calidad de las aguas, siguen recayendo sanciones sobre el Reino de España debido al incumplimiento sistemático de los programas previstos.

El presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, apuntó el lunes durante su discurso en la Asamblea General de la patronal, que el estrés hídrico de España, el mayor de Europa, “requiere un esfuerzo inversor y una atención y dedicación a la altura de este desafío, más aún con los perceptibles efectos del cambio climático que observamos”.

WWF ha alertado de que el 75% del territorio español se encuentra en peligro de desertificación y anuncia sequías más graves si no hay un cambio radical en la política de gestión del agua. Esto es lo que justifica, a juicio de las compañías del sector de la construcción, que haya que apostar urgentemente por una nueva política hidrológica en el marco del Pacto del Agua.

Inversiones realizadas

El Ministerio de Transición Ecológica sólo ha licitado 12,6 millones de euros en el primer trimestre del año para este tipo de infraestructuras. Seiasa, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no ha licitado nada ni en 2018 ni entre enero y marzo de 2019. La Dirección General de Aguas (DGA) tan sólo ha adjudicado 2,3 millones; las sociedades de aguas, 8 millones y medio, y las confederaciones hidrográficas, apenas 1,78 millones. La única excepción es la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), que ha puesto en marcha algunas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARES).

La Comisión Europea ya ha impuesto a España una sanción de 12 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva sobre depuración, multa que irá ampliándose semestralmente en once millones hasta que se decida ponerle remedio.

Según Jaime Lamo de Espinosa, “el déficit que acumulamos en esta área no sólo supone una incoherencia con el debido compromiso medioambiental, sino que desafía toda lógica ante las condiciones de nuestro país”. “Se debe ser consciente de que es imprescindible reforzar la inversión productiva en regadíos al tiempo que se modernizan tanto los públicos como los privados”, remarca.

Los regantes ya han reclamado al Ejecutivo que la Dirección General del Agua y sus competencias se trasladen del Ministerio de Transición Ecológica a Fomento, que es el que verdaderamente tiene Presupuesto para invertir.

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