El benjamín asume la gestión de la fortuna familiar

La Policía Judicial detenía el 23 de octubre de 2014 a Oleguer Pujol Ferrusola, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La Justicia comenzaba a cerrar el cerco en torno a los negocios del hijo pequeño del expresidente de la Generalitat.

Los agentes inspeccionaron su vivienda de Barcelona con perros adiestrados para detectar billetes, aunque sin éxito. Pero a los investigadores les interesaba aún más la documentación que pudieran encontrar sobre las inversiones inmobiliarias realizadas por Oleguer Pujol durante la última década.

Por este motivo, la operación incluyó registros en siete inmuebles, incluyendo la sede del grupo Drago Capital, matriz del conglomerado de sociedades patrimoniales a través de las que el ex diputado de CiU maneja sus negocios. Pocas horas después, Oleguer Pujol quedaba en libertad con cargos, tras negarse a declarar en una Comisaría de la Policía Nacional de Barcelona.

La investigación se había puesto en marcha a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, coordinada por Fernando Bermejo, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal. Los investigadores sospechan que las operaciones inmobiliarias realizadas por Oleguer Pujol, utilizando sociedades radicadas en distintos paraísos fiscales para ocultar su rastro, habrían servido para blanquear la ingente fortuna reunida durante décadas por la familia Pujol, procedente del cobro de comisiones ilegales.

La operación más importante, la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.177 millones de euros, cerrada en noviembre de 2007 para, a continuación, alquilar las instalaciones a la misma entidad financiera entonces presidida por Emilio Botín.

Más tarde, la empresa de Oleguer llevaría a cabo otras operaciones similares, como la compra de varios edificios del Grupo Prisa –también para alquilárselos a continuación al conglomerado empresarial de los Polanco- y de más de un centenar de sucursales de Bankia.

Los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostienen la tesis de que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, había encargado a su hijo menor que gestionara el ingente patrimonio reunido por la familia, procedente del cobro de comisiones.

Oleguer Pujol se sirvió de sociedades instrumentales situadas en distintos paraísos fiscales (como las Antillas Holandesas y las Islas de Guernsey y Jersey) para difuminar el rastro de las inversiones realizadas y la procedencia de estos fondos.

Pero el patriarca de los Pujol no tardó mucho en perder buena parte de la confianza que había depositado en el menor de sus hijos, por lo que optó por imponer una división de papeles. De este modo, Jordi Pujol Ferrusola se ha centrado en los negocios de la familia en Latinoamérica, con inversiones como la realizada en el puerto de Rosario (Argentina), con fondos procedentes de Suiza, Andorra y Panam (Argentina), con fondos procedferto de Rosario (Argentina), con fondos procedentes de Suiza, Andorra y Panamá.

Junto a su esposa, Mercé Gironés, ha realizado transacciones por valor de más de 18 millones de euros en Argentina, Estados Unidos, Luxemburgo, México, Irlanda del Norte y el Reino Unido. Por su parte, Oleguer se ha centrado en las inversiones realizadas en Europa.

El negocio familiar comenzó a tambalearse cuando la exnovia de Jordi Pujol jr., María Victoria Álvarez, relató primero ante la policía y luego ante el juez sus viajes a Andorra junto al pequeño de los Pujol llevando bolsas con hasta 400.000 euros en metálico, procedentes presuntamente del pago de comisiones ilegales.

Los micrófonos instalados por detectives de la agencia Método 3 en el restaurante La Camarga dieron alas, luego, a las confidencias realizadas por Vicky Álvarez a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho sobre este trasiego de dinero irregular.

La comparecencia del patriarca de la familia, Jordi Pujol Soley, para explicar ante el Parlament que había defraudado a Hacienda durante décadas, con depósitos en Andorra no declarados, marcó el 26 de septiembre de 2014 el inicio definitivo del declive de todo un símbolo de la Cataluña nacionalista.

A pesar de que el ministro Cristóbal Montoro ha reconocido que la Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación por estos hechos desde el año 2000, y que la Justicia ha extendido sus pesquisas a varios de los hijos del ex presidente de la Generalitat, hasta el momento ninguno de los miembros del clan ha pisado la prisión.