Iglesias y Correa pactaron en 2018 un plan para frenar la extradición a Quito del jefe del espionaje ecuatoriano

Pablo Iglesias y el ex presidente de Ecuador Rafael Correa pactaron en 2019 un plan para desarrollar todas las acciones necesarias a fin de evitar la extradición a Quito de Pablo Romero Quezada, que había sido el jefe de los servicios secretos ecuatorianos entre 2012 y 2014.

Iglesias, junto a Errejón y Monedero, era el hombre de Correa en España. Se conocían desde finales de 2014 cuando el dirigente de Podemos visitó al mandatario ecuatoriano en el Palacio de Carondelet de Quito, donde cantaron a dúo después de una cena “Hasta siempre comandante”.

En aquel viaje, Iglesias confesó ser un admirador de Correa, según él, por sus logros sociales y económicos: “Por su posición contra los grupos de poder y por su defensa de la soberanía”, según publicó el diario ecuatoriano El Comercio. Las palabras de Iglesias no eran gratuitas porque estaba siendo financiado por el Gobierno de Ecuador a través del CEPS, que fue la antesala de Podemos en las recaudaciones millonarias de los gobiernos bolivarianos.

Iglesias y Correa mantuvieron un encuentro privado para tratar el asunto de la extradición en una visita a Madrid que realizó el ex presidente en junio de 2019. Los dos políticos populistas cenaron en un restaurante próximo a la Gran Vía y a la sede de Podemos, en la calle Princesa. A la cita no puso asistir Irene Montero porque tenía que cuidar a sus gemelos.

El tema estrella de la velada fue la paralización a toda costa de la entrega a Ecuador de Romero, que ya había sido aprobada por la Audiencia Nacional el 14 de enero de aquel año y que los abogados de Podemos habían logrado retrasar tras solicitar su asilo político en España.

Encuentro Romero-Correa

Durante aquel viaje a la capital de España, el ex presidente Correa mantuvo también un encuentro secreto con Romero en un apartamento turístico del centro de Madrid, según fuentes de la investigación. Los agentes policiales seguían de cerca al ex jefe del espionaje para impedir su huida de España.

La apostilla legal del auto de la Audiencia Nacional a la extradición (“sin perjuicio de la última decisión que corresponde al Gobierno de la Nación”) suponía una bocanada de aire para Correa y Romero, ya que Podemos siempre podría presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y, mucho más, si llegaba a formar parte de él.

Sin embargo, los meses de julio y agosto no fueron un semillero de buenas noticias. Primero, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugiados del Ministerio del Interior denegó la petición de asilo. Un mes después, la Audiencia Nacional emitía una nueva orden de busca y captura y el ingreso en prisión del jefe de los espías, según el auto, “ante los datos aportados por el informe de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Quito”. Y, por último, Sánchez convocó el 1 de octubre de 2019 unas nuevas elecciones generales para el 10-N, tras no llegar a un acuerdo con Podemos.

Pero, contra viento y marea, los abogados de Podemos lograron paralizar la encarcelación y la extradición de Romero, que quedaba pendiente del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno que saliera de las elecciones del 10-N.

Correa y el miedo escénico    

Un hipotético regreso a Ecuador de Pablo Romero, el ex jefe del Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), con rango de ministro, suponía un dardo envenenado para los intereses de ambos dirigentes populistas. Para Correa, significaba un riesgo incontrolado sobre algunos casos de corrupción durante su mandato; para Iglesias, el afloramiento de la financiación bolivariana de su partido, que recibió fondos de Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otros países del entorno chavista.

OKDIARIO desveló ayer que el Gobierno de Sánchez autorizó el pasado 4 de febrero la extradición de Romero por los delitos de secuestro y malversación de fondos reservados. La sección tercera de Sala de lo Penal de Audiencia Nacional ordenó en la madrugada del miércoles la detención del espía para su posterior entrega a las autoridades judiciales ecuatorianas.

Rafael Correa fue acusado por la jueza Daniella Camacho de participar junto a Romero en el secuestro en Bogotá (Colombia), en agosto de 2012, del diputado ecuatoriano Fernando Balda. La entrega de Romero a Ecuador provocará una reactivación de la causa, quedando el ex presidente en manos de su colaborador. Correa sospecha que, ante una situación de callejón sin salida, los encausados suelen optar por un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena.

El plan de Iglesias y Correa no prosperó por la actuación impecable de la Audiencia Nacional que movió ficha con rapidez, decretando su ingreso en prisión a fin de evitar otro caso Pollo Carvajal. El ex jefe de los servicios secretos chavistas se dio a la fuga cuando el Consejo de Ministros autorizó su extradición a Estados Unidos.