La interventora del Govern mintió a Montoro, al juez y a la Guardia Civil para tapar los gastos del 1-O

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, no sólo ha engañado al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que instruye la causa sobre los preparativos del referéndum del 1-O y la creación de «estructuras de Estado».

También engañó durante meses al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ocultar que el Govern presidido por Carles Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la consulta ilegal de independencia. La interventora Rosa Vidal sólo dejó de mentir tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que sirvió para destituir a todo el Govern que se había puesto al margen de la Ley.

Tras intervenir las cuentas de la Generalitat para evitar que el gobierno de Puigdemont gastara ni un euro en el referéndum ilegal, el Ministerio de Hacienda envió seis requerimientos de información a la interventora Rosa Vidal, entre el 18 de julio y el 24 de octubre de 2017, ante la sospecha de que algunas partidas presupuestarias podían haberse destinado a este fin.

En los seis casos, la interventora Rosa Vidal –que actualmente está imputada por este motivo– mintió en sus respuestas. Hacienda pidió a la interventora el 18 de julio de 2017 que aclarara cual era la finalidad de la partida de 6,2 millones de euros que el Govern había reservado en sus presupuestos de ese año para «organización, gestión y seguimiento de procesos electorales».

Mintió seis veces a Montoro

El propio vicepresidente Oriol Junqueras había anunciado en rueda de prensa que este dinero serviría para organizar el referéndum ilegal. Sin embargo, la interventora Rosa Vidal aseguró a Hacienda que se trataba de una partida destinada a la convocatoria de elecciones autonómicas al Parlament (que no estaban previstas en 2017).

De nuevo, el 27 de julio, Hacienda pidió a la interventora que aclarara la finalidad del concurso que la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, había convocado en mayo para comprar 12.000 urnas y material electoral, por importe de 897.000 euros. El concurso finalmente quedó declarado desierto. Toda la prensa independentista había anunciado que este material serviría para celebrar el referéndum ilegal, pero de nuevo la interventora engañó a Hacienda diciendo que era material para las elecciones autonómicas.

El Ministerio de Hacienda insistió el 8 de septiembre. Pidió a la interventora que aclarara cómo se había pagado el anuncio de promoción del referéndum ilegal que emitía TV3. La interventora contestó que no le constaba ninguna orden de pago, y que se trataba en realidad de una campaña institucional «para potenciar el civismo, promover los valores de la democracia, el valor social, la cultura de la paz y la solidaridad».

Como ha informado OKDIARIO, el director de TV3, Vicent Sanchis, ha intentado, hasta ahora sin éxito, cobrar a la Generalitat dos facturas que suman 277.800 euros por la emisión de este anuncio que animaba a los catalanes a votar en el referéndum.

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, siguió mintiendo una y otra vez al Ministerio de Hacienda. El departamento que dirigía Cristóbal Montoro se dirigió de nuevo a ella el 27 de septiembre para reclamarle el expediente de otra campaña de publicidad institucional que el Govern había convocado por importe de 3,4 millones de euros.

Esta vez, Hacienda optó por remitir a la Fiscalía toda la documentación, al constatar que la campaña  publicitaria tenía por objeto promocionar el referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

De hecho, una de las empresas a las que el Govern había pedido que presentara una oferta desistió con el siguiente mensaje: «Teniendo en cuenta la creatividad de la campaña de la que hemos tenido conocimiento, y siguiendo directrices legales de la asesoría jurídica de nuestra compañía, les informamos que no podemos cursar la campaña Civismo a causa de los riesgos para nuestra reputación y, eventualmente, legales en los que podríamos incurrir».

El Ministerio de Hacienda se dirigió una vez más el 29 de septiembre a la interventora de la Generalitat, para reclamarle la documentación de todos los gastos que había comprometido el Diplocat en concepto de «misiones de observadores electorales». Rosa Vidal le contestó que el Consorcio de Diplomacia Exterior no tenía previsto gastar ni un sólo euro en dicho concepto. La Guardia Civil ha acreditado ahora que el Diplocat, que en aquel momento dependía del conseller Raül Romeva (hoy en prisión) gastó 305.000 euros públicos para comprar tres grupos de observadores internacionales», con el fin de que avalaran el resultado del referéndum ilegal.

La interventora de la Generalitat Rosa Vidal, mintió por sexta vez al Ministerio de Hacienda el 13 de noviembre de 2017, ya con el artículo 155 de la Constitución en vigor. Hacienda le había pedido que aclarara a qué gasto correspondían las facturas que la empresa postal Unipost (dirigida por el independentista Pablo Raventós) reclamaba a varias Consellerias por importe de 979.661 euros.

No era ningún secreto: dos meses antes, la Guardia Civil había intervenido en la sede de Unipost 45.000 tarjetas censales que la Generalitat pretendía hacer llegar a los miembros de las mesas del referéndum ilegal. Y pese a ello, la interventora volvió a mentir y aseguró a Hacienda que este gasto de 979.661 euros correspondía a servicios postales ordinarios  de la Generalitat que nada tenían que ver con el 1-O.

Pese a todas estas mentiras, el Gobierno de Rajoy no consideró conveniente destituir a Rosa Vidal como interventora general de la Generalitat mediante la aplicación del 155. A lo largo del año 2018, el Ministerio de Hacienda remitió a Vidal otros ocho requerimientos de información y, esta vez, contestó puntualmente a todos sin evasivas.

Rosa Vidal se encuentra imputada ahora ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por estos hechos y por haber intentado engañar, también, al juez instructor y a la Guardia Civil.