La Guardia Civil califica el registro en Mediapro de «breve y a la carta»

Roures
El millonario Jaume Roures, presidente del grupo Mediapro y dueño del diario podemita 'Público'.
Manuel Cerdán

El registro de anteayer de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la sede del holding de Mediapro fue “breve, a la carta y con resultado negativo”, según se quejan agentes de la Guardia Civil que participan en las investigaciones sobre las relaciones del multimillonario Jaume Roures con el golpe frustrado del 1-O en Cataluña.

Los funcionarios de la Brigada de Información de Barcelona se personaron en Mediacloud –una filial del emporio del magnate Jaume Roures– siguiendo la orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para lograr información sobre el censo electoral del referéndum del 1-O. Sin embargo, tan sólo permanecieron una hora y abandonaron las instalaciones con las manos vacías.

Tatxo Benet, fundador de Mediapro y socio de Jaume Roures, al hilo de los acontecimientos envió un whatsapp a sus familiares y amigos para aclararles que la Policía sólo había tenido acceso “a los servidores ligados a la Administració Oberta de Catalunya”.

La AOC es una entidad pública que tiene la misión de promover la  coordinación de los sistemas de información catalanes con el resto de administraciones.

El propio Benet se jactaba de que la Policía no había encontrado nada: “Han estado menos de una hora de reloj y se han marchado sin llevarse nada porque dicen que no han encontrado nada relevante para su investigación”.

Aunque el copropietario del diario podemita Público manifestaba “su indignación” por el allanamiento policial, guardias civiles destinados en Barcelona calificaron a OKDIARIO el registro en la sede de Mediapro de «light» y «precipitado»: “En una hora no da tiempo para nada”, manifestaron.

Benet, que junto a Roures es el propietario del portaviones audiovisual Mediapro, se quejaba de la repercusión de la noticia en los medios de comunicación pero silenciaba el trato especial que su grupo suele recibir de la Policía cada vez que ejecuta diligencias sobre su empresa. Ya sucedió en diciembre de 2015 en sendas comisiones rogatorias solicitadas por Estados Unidos en el caso de los sobornos de la FIFA en los que se vio implicado el grupo Imagina/Mediapro. En aquella ocasión los agentes de la UDEF buscaban documentos de las mordidas pagadas por los hombres de Roures –Cumming y Romy–, investigados por un Juzgado de Nueva York, pero también se fueron de vacío.

Una operación de la Guardia Civil

Tras la operación policial en la sede del holding audiovisual, resultó llamativo que fueran agentes del CNP y no guardias civiles quienes llevaran a cabo el registro en las oficinas del millonario podemita, ya que hasta esa diligencia el titular del Juzgado de Instrucción número 13 siempre se había escudado en la Guardia Civil.

Los guardias del instituto armado habían acorralado a Roures por su participación en el golpe separatista del 1-O. En los meses de febrero y marzo de 2018 la Secretaría de Estado de Hacienda había cursado varios requerimientos a los interventores de la Generalitat para esclarecer los pagos y subvenciones a las empresas de Ciudadano Roures, entre ellas, Mediapro Producción, Mediapro Márketing, Pro Clud o Mediaproducción.

En marzo, la Guardia Civil tomó declaración a empleados de Mediapro ante la evidencia de que Roures había impulsado el referéndum ilegal del 1-O. Los agentes del instituto armado, como ya informó OKDIARIO, estaban convencidos de que el millonario trotskista había formado parte de la cúpula directora del golpe separatista como experto en medios de comunicación.

Las pesquisas de los agentes motivaron, primero, una queja de determinados abogados del procés ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sobre todo porque los interrogatorios se efectuaban en la Comandancia de la Guardia Civil y, más tarde, el rechazo del propio Roures. El editor de Público aprovechaba una entrevista a un medio televisivo para descalificar a los funcionarios del instituto armado.

El editor podemita se permitía el lujo de exigir a la Guardia Civil que «se disculpara» porque, según él, las investigaciones sobre su persona y su grupo habían sido infructuosas. Y añadió que sus informes “no eran ni una manipulación ni una exageración”, sino que llegaban “al grado de la invención”.

Pero lo que para Roures era “una invención”, para la Guardia Civil era todo un entramado de reuniones de Roures con Oriol Soler y los máximos dirigentes de la ANC y Omnium. El magnate de Mediapro organizó también un centro de prensa desde donde el Gobierno catalán informó a la prensa internacional de manera sesgada sobre el desarrollo y resultado del referéndum ilegal. Además Mediapro produjo un vídeo incendiario sobre la causa independentista del 1-O y que beneficiaba a los secesionistas. El trabajo fue emitido por TV3.

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