Caso Lezo

González pide que la UCO no acceda a sus 8 móviles y 7 iPad porque contienen fotos y sms íntimos

ignacio gonzalez
El expresidente madrileño, Ignacio González y su esposa Lourdes Cavero.
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Ignacio González y su esposa Lourdes Cavero han solicitado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO no acceda al contenido de sus 8 teléfonos móviles y 7 iPad (tabletas electrónicas) incautados en el caso Lezo porque contienen fotografías y mensajes sms íntimos que afectan a terceras personas.

La defensa del expresidente madrileño señala en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que “el contenido íntegro de las imágenes forenses entregadas a esta parte debe excluirse del procedimiento, por no ser de relevancia alguna para la causa, ya que sólo contienen archivos de imágenes personales, de mis mandantes y de terceras personas, incluso menores de edad”.

El pasado 1 de febrero, se entregó al matrimonio González Cavero las imágenes forenses de los 8 móviles (2 iPhone 3G, iPhone 5, iPhone 6, Iphone 7, Nokia E61L, Nokia GSM, Nokia X03-02), los 7 iPad y la tarjeta de memoria Micro SD, que les intervinieron y fueron clonados en la causa, para que en el plazo de dos meses, pudieran efectuar alegaciones sobre la exclusión de fragmentos, conversaciones e imágenes.

González mantiene que los dispositivos electrónicos intervenidos contienen “conversaciones de mensajería instantánea y SMS con terceras personas ajenas al procedimiento, datos de contactos y de ubicación, así como agendas personales, que afectan a la intimidad de mis representados y de terceras personas, y no tienen relevancia alguna para la investigación”.

“En todo caso”, añade el escrito, “dado que la UCO ya dispone de esas imágenes forenses y las está analizando de forma exhaustiva con independencia del expurgo realizado, y dado que es imposible destruir parte de su contenido, solicito que, para el supuesto de que no se acceda a la solicitud de excluir de la causa íntegramente las imágenes forenses, se requiera expresamente a esta Unidad a fin de que se abstenga de acceder, siquiera, a los archivos fotográficos que obran en dichos dispositivos, por pertenecer a la esfera íntima de mis mandantes, y afectar al derecho a su propia imagen y de terceras personas ajenas a la causa, incluso de menores de edad”.

La defensa de González concluye que “las imágenes forenses deben excluirse en cualquier caso de la publicidad general que se otorgue al resto de partes, a fin de impedir que se conozcan con detalle y se filtren a los medios de comunicación conversaciones o imágenes personales y privadas que afectan al derecho a la intimidad de mis mandantes, al de sus hijas, no investigadas en la presente causa, y al de terceras personas o empresas, también ajenas a la misma”.

Ignacio González
Ignacio González es trasladado a su despacho de la calle Alcalá por los miembros de la UCO. (Foto: EFE)

El juez libra 12 comisiones rogatorias

Mientras tanto, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sigue adelante en la instrucción del caso Lezo y ha ordenado librar 12 comisiones rogatorias para obtener información sobre las presuntas irregularidades cometidas en el reparto de comisiones derivadas de la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal Isabel II.

El auxilio judicial habría sido remitido a Bélgica, Reino Unido, Jersey, Guernsey, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Andorra, Panamá, Brasil, Colombia y República Dominicana. El juez instructor reclama así información para rastrear las presuntas comisiones ilegales después de la compra de Emissao y el patrimonio del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Según se desprende de un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario de la trama Lezo, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid explicó en calidad de investigado ante el juez del caso que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le confesó el pasado mes de noviembre, cuando estaban ambos en prisión preventiva, la operativa ilícita por la que se repartieron comisiones que ascienden a cerca de cinco millones y medio de euros por la adquisición de la mercantil brasileña en 2013.

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