El impulsor de la querella contra Llarena fue detenido en 2016 por estafar a una fundación de niños pobres

García-Milà
El abogado independentista Jordi Domingo García-Milà, este sábado en TV3.

El abogado independentista que impulsa la «querella colectiva» contra el juez Pablo Llarena por prevaricación, Jordi Domingo García-Milà, fue detenido en julio de 2016 por estafar a la Fundaciò Roger Torné, dedicada a ayudar a los niños pobres.

TV3 ha entrevistado este fin de semana a Jordi Domingo García-Milà, portavoz de la Coordinadora d’Advocats per Catalunya, para explicar la querella que esta asociación prepara contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por mantener en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull y el resto de golpistas encarcelados.

García-Milà explicó que el objetivo de su colectivo es que miles de personas se sumen a la iniciativa, incluyendo también «ayuntamientos, instituciones públicas y clubes deportivos» para sentar en el banquillo al juez Llarena.

Jordi Domingo García-Milà fue candidato a decano del Colegio Oficial de Abogados de Barcelona en 2013. También ha sido el portavoz de la plataforma Constituïm, que junto al juez imputado Santiago Vidal redactó el proyecto de Constitución catalana que fue entregado en mayo de 2016 a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell (hoy en prisión).

Hay un detalle en la trayectoria de García-Milà mucho menos conocido: fue detenido por la Policía Nacional el 6 de julio de 2016, acusado de los delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida de fondos de la Fundació Roger Torné, de cuyo patronato era secretario.

Apropiación indebida y blanqueo

La Fundació Roger Torné fue creada en 1984 por el mecenas y empresario textil Josep Torné Pardell para ayudar a los niños pobres. Este industrial –que también fue uno de los impulsores del Banco de Alimentos de Barcelona– dotó a la fundación con un patrimonio cifrado en 22 millones de euros, incluyendo varios inmuebles situados en Barcelona, Sabadell y Barberà del Vallès.

El objetivo de Josep Torné era que la fundación que lleva su nombre se dedicara a ayudar a niños desfavorecidos mediante becas, ayudas de comedor y otras prestaciones. Cuando el empresario falleció, en el año 2000, la presidencia de la entidad fue asumida por su hija, Salut Torné Saenz.

Pero en 2007 se produjo una suerte de golpe de Estado en el seno de la fundación: varios patronos destituyeron a la presidenta, se hicieron con el control de la entidad y designaron al abogado independentista Jordi Domingo García-Milà como secretario del patronato.

Entonces comenzó la deriva de la Fundació Roger Torné. Según la denuncia de la familia del mecenas, si en 2004 la entidad dedicaba el 70% de su presupuesto a ayudar a los niños pobres, esta cifra se redujo al 10% a partir de 2007, tal como recogía la información publicada por El Periódico de Cataluña en septiembre de 2016.

Cobró más de 100.000€ en honorarios

La Policía Nacional detuvo en julio de 2016 a Jordi Domingo García-Milà y a otros tres miembros del patronato, después de que la familia del mecenas denunciara varias operaciones, entre ellas la compra de nueve viviendas en la calle Sant Cosme de Terrassa a la sociedad Crantel Land. La investigación desveló que el propio García-Milà estaba vinculado, a través de tres sociedades, a la empresa que vendió los inmuebles a la fundación de la que él mismo era secretario.

Al declarar como imputados ante el juez, García-Milà y los otros tres detenidos atribuyeron la decisión de comprar los pisos a un patrono que ya había fallecido. Además, los herederos del Josep Torné denunciaron que el abogado independentista había cobrado 110.000 euros en concepto de honorarios a la fundación benéfica de la que era secretario. García-Milà reconoció estos cobros, aunque aseguró que la cifra real fue de sólo 50.000 euros.

Ahora, el independentista Jordi Domingo García-Milà es el portavoz de la Coordinadora d’Advocats per Catalunya que intenta recoger miles de firmas para sentar en el banquillo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por procesar a Carles Puigdemont y el resto de ex consellers golpistas.

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