Los Mossos acusaron a los policías tras el archivo judicial de “aumentar el riesgo de atentado” yihadista

Los Mossos contraatacaron contra los inspectores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) cuando el juez de la Audiencia Nacional decidió el 17 de febrero de 2015, con el apoyo de la Fiscalía, el sobreseimiento provisional de su denuncia por un supuesto chivatazo a una célula yihadista que la policía autonómica investigaba en Tarrasa. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 las actuaciones, que se habían abierto en una pieza separada secreta de la operación Caronte, quedaban archivadas por no haber “quedado debidamente justificada la perpetración del delito”.

Sin embargo, dos meses después el 18 de abril, el Área de Información Exterior de la Comisaría General de Información de los Mossos, entonces bajo la jefatura de Josep Lluis Trapero, presentó en la Audiencia Nacional una ampliación de denuncia con el testimonio de un supuesto confidente (clasificado como testigo protegido B-1), que ya había declarado contra los policías durante las investigaciones. Los Mossos insistían en que “dos personas investigadas en el marco de estas diligencias” habían puesto en peligro la operación antiyihadista por un soplo.

El testimonio del testigo protegido, por segunda vez y sin ningún nuevo dato relevante, después del archivo judicial, llevaba a los Mossos a mantener que “los miembros de esta célula fueron advertidos y auxiliados por parte de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con el fin de evitar su detención por parte de esta Unidad”.

Pero, no contentos con la gravedad de las acusaciones, además insistían en que los policías “aumentaron significativamente el riesgo concreto de la comisión de un atentado terrorista en territorio español”.

OKDIARIO publicó este miércoles que en el complot de los Mossos contra el CNP, que había realizado brillantes operaciones antiyihadistas en territorio catalán, contaba con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sus infiltrados en las redes fundamentalistas en Cataluña. Los conspiradores habían logrado que dos agentes de la Brigada de Información de Barcelona, expertos en yihadismo, se enfrentaran a un proceso judicial por los delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista.

OKDIARIO desveló el contenido de las grabaciones de los interrogatorios en la Audiencia Nacional a los mandos policiales y los testimonios en su contra de los dos conversos islamistas que colaboraban con los Mossos y los servicios secretos.

Para la fiscal no hay caso

El proceso amañado contra los agentes de la Seguridad del Estado quedó resuelto finalmente cuando la fiscal del caso, Blanca Rodríguez, el 21 de mayo, resolvió: “En conclusión, la investigación de los hechos no ha resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento, no se ha incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas, ni se ha producido riesgo alguno para la integridad física del funcionario policial (agente encubierto) que interviene en la causa, el cual ha desempeñado hasta el final sus funciones de investigación, que como se ha expuesto han concluido con éxito, evitando la posible comisión de atentados terroristas”.

Los Mossos se quejaban en su denuncia que los investigados a raíz del supuesto chivatazo habían renunciado a utilizar los teléfonos móviles para comunicarse o habían cambiado de número, ya no organizaban reuniones donde hablaban de la Yihad y habían acelerado los planes para cometer atentados.

La fiscal se refería a la redada que los Mossos habían realizado el 8 de abril de 2015 con la detención de 10 yihadistas catalanes, de los cuales siete ingresaron en prisión, y la desarticulación de la célula de Tarrasa. Desde hace unas semanas el juicio se sigue en la Audiencia Nacional contra todos ellos sin que, en ningún momento, se haya visto alterado por las denuncias de los hombres de Trapero.

La representante del Ministerio Fiscal, que durante los interrogatorios a los agentes de la Brigada de Información de Barcelona se había mostrado incisiva con sus preguntas, contestaba a la Policía catalana: “Se fundamenta la ampliación de diligencias, en la aportación de la declaración de un testigo protegido (B-1), como elemento nuevo, cuando es lo cierto que la misma ya figura a los folios 3834 al 3839 del procedimiento. Se trata de un testigo de referencia que relata en términos genéricos lo que otras personas le comunicaron sin precisión de más datos adicionales que deban ser valorados y tenido en cuenta para proceder a la reapertura de la causa”.

Trapero busca tajada

Tras los acontecimientos del 1-O y los días posteriores en Cataluña se pudo constatar lo que realmente buscaban los Mossos por medio de la operación Caronte: expulsar a los agentes de la Policía y de la Guardia Civil para convertirse ellos en el único cuerpo policial en Cataluña durante el proceso independentista.

En esa estrategia de exclusión de las Fuerzas de Seguridad del Estado, los Mossos tampoco han conseguido otra de sus aspiraciones: acceder directamente a los organismos policiales internacionales y a sus bancos de datos sin tener que pasar por los ordenadores del CNP.

Tras los éxitos de la operación Caronte, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, que conocía el complot de los Mossos contra la Policía, manifestó: “Caronte ha sido un éxito, fundamentalmente, por la participación del CNI”.

Trapero reclamó al Gobierno central “la misma lealtad” que, según él, “demostraban los Mossos hacia las instituciones del estado”. Al mismo tiempo reclamaba reformas legislativas para convertir a su Cuerpo como “policía integral” para tener presencia en las instituciones internacionales como Interpol y Europol, si una tutela española.