Por la compra de Emissao investigada en el caso Lezo

Así delató Sobrino a su amigo González ante el juez: “La mitad de la comisión de 1,8 millones por Emissao fue para él”

La mano derecha de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, confesó el pasado 13 de julio ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, las comisiones que se pactaron junto al expresidente madrileño tras la adquisición de la filial brasileña Emissao.

El expresidente de Inassa, que decidió hace meses pactar con la Fiscalía Anticorrupción y colaborar así con la justicia, declaró durante cerca de 4 horas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional a petición propia. Durante su comparecencia, explicó como se distribuyeron las comisiones ilícitas conseguidas tras la adquisición de Emissao. La compañía se compró por 21 millones de euros, y año y medio después, su valor no superaba los 5,5 millones.

Según los investigadores, la cantidad a repartir ascendió a un total de 5,4 millones de dólares. El propio Rodríguez Sobrino; el exdelgado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; el exgerente de Inassa, Diego García Arias; y el exgerente de la filial colombiana Triple A, Ramón Navarro Pereira, percibirían 900.000 euros (1.150.000 dólares) cada uno. Por su parte, Ignacio González recibiría la cantidad de 1,8 millones de euros, el doble que el resto, aunque 900.000€ de dicha mordida se los guardaría su mano derecha del Canal en Latinoamérica en una sociedad panameña.

“Luis Vicente Moro me dijo que mi participación, mis honorarios, mi comisión iba a ser mayor porque ese dinero iba a ser destinado a Ignacio González cuando lo pidieran” afirmaba Rodríguez Sobrino en su declaración.

“La cantidad era la misma que cobraba yo (900.000 euros). González no cobró nada”, añade, “las transferencias de las cuentas de Rafaello a Amalfi se deben a lo siguiente. Cobré 2.300.000 dólares y ésa es la cantidad que cobré. Según lo que Luis Vicente Moro me había informado, la mitad de esa cantidad (1.150.000 dólares) debía haber sido para Ignacio González. La mitad. Estoy diciendo lo que me dieron. En euros eran 900.000″.

ignacio gonzález
Ignacio González, tras declarar como testigo en la Audiencia Nacional (Foto: Francisco Toledo)

El expresidente de Inassa explicaba además que no quería tener la citada comisión “en metálico porque se devalúa”. “Quería comprar productos financieros y para cuando me pidieran las liquidaciones de esas cantidades, cosa que no han hecho, yo quería que las cuentas estuvieran claras. Por eso dejé en una de las sociedades la cantidad exacta y de ahí las transferencias. Esa cantidad hoy, no se parece a la cantidad que había de inicio”.

A continuación, Anticorrupción le preguntaba si estaba “guardando las comisiones de Ignacio González”. Rodríguez Sobrino respondía afirmativamente, añadiendo que “estaba esperando” a que Luis Vicente Moro le dijera si debía dar la comisión a González o no.

En libertad desde noviembre

El pasado 21 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordaba la libertad provisional de Edmundo Rodríguez Sobrino, una vez depositada la fianza de 100.000 euros fijada para salir de prisión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia, le imponía como medidas cautelares, entre otras, la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y las comparecencias quincenales ante el Juzgado más próximo a su domicilio.

De esta forma, Rodríguez Sobrino abandonó la prisión madrileña de Estremera donde se encontraba encarcelado desde hace 6 meses. El que fuera presidente de la filial colombina del Canal de Isabel II, Inassa, ingresó en prisión tras estallar el caso Lezo el pasado 21 de abril.

En su auto, el magistrado García Castellón consideraba “inexistente” el peligro de fuga que se apreció en su día respecto del investigado. Valoraba igualmente que tampoco hay peligro de destrucción de pruebas, además de tener en cuenta la colaboración del empresario con la justicia al haber señalado la existencia de “activos patrimoniales que proceden indiciariamente de las arcas públicas procedentes de comisiones ilegales” que se habrían repartido los integrantes de la trama.

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