La UCO investiga las cuentas bancarias y los correos electrónicos de Gallardón en Lezo

Anticorrupción pide la declaración como imputados de Bravo, Canalda y Calvo en Lezo

Gallardón asegura que “nunca” pactó con González para ocultar las irregularidades del Canal

Gallardón está imputado en Lezo: La Fiscalía solicitará que declare por prevaricación y malversación

Alberto Ruiz Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investiga el patrimonio económico, empresarial y los correos electrónicos del expresidente de la Comunidad de Madrid, exministro de Justicia y exacalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, por la compra «fraudulenta» de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa.

En un informe de la UCO fechado en abril, incorporado al sumario del caso Lezo, los investigadores solicitan «información tributaria completa de Alberto Ruiz Gallardón, así como de operaciones con terceros derivadas del ejercicio de actividades profesionales».

Los agentes también reclaman un informe acerca de «las relaciones mercantiles que pudieran existir entre las personas físicas y jurídicas citadas en el presente informe, entre los miembros de sus órganos de administración, así como de los productos financieros de los que fueran titulares». En este apartado, se cita al propio Gallardón; a su exconsejero de Hacienda, Juan Bravo; y al expresidente del Canal de Isabel II, Carlos Mayor Oreja. 

Las diligencias de investigación planteadas por la UCO sobre Gallardón contemplan además requerir a la Comunidad de Madrid el «volcado de la dirección de correo electrónico corporativo» del expresidente de la Comunidad de Madrid. Unas peticiones que fueron respaldadas por la Fiscalía Anticorrupción y por el entonces instructor del caso Lezo, Eloy Velasco.

Tal y como avanzaba OKDIARIO, Gallardón está siendo investigado en el caso Lezo por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en el año 2001. No obstante, aún no ha sido citado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

La adquisición de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, se acordó en un Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares, aproximadamente 83 millones de euros al cambio, con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares. Los investigadores consideran que el valor de la empresa apenas alcanzaba el 30% de lo que se pagó por ella y por tanto, el sobreprecio se habría desviado presuntamente en comisiones.

El informe de la UCO relata como «una vez expuesto el marco normativo vigente en el momento de la adquisición de la mercantil colombiana Inassa, así como la ampliación de facultades del Canal de Isabel II aprobada meses después de la adquisición, se procede a analizar el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 29.11.2001 por el que se autoriza al CYII para la constitución de la empresa pública Canal Extensia  y a esta empresa a su vez, y una vez constituida, para adquirir a título oneroso acciones de la sociedad colombiana Inassa por un importe total de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares».

El citado acuerdo se formaliza «a solicitud» de la Consejería de Medio Ambiente y «a propuesta» del consejero de Hacienda y previa «deliberación» del Consejo de Gobierno, siendo firmado por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

Juan bravo
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el exconsejero de Hacienda y actual presidente de Adif, Juan Bravo.

La Guardia Civil destaca que «en la ejecución y planificación de esta operación se pudieron producir ilícitos penales así como un supuesto desvío de fondos públicos, calificado por Edmundo Rodríguez como un robo de 25 millones, hechos que no podrían haberse llegado a ejecutar sin la aprobación del acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid suscrito por el entonces Presidente de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el consejero de Economía y Hacienda Juan Bravo».

«Igualmente hay que recordar que la solicitud partió de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida en aquellos momentos por Carlos Mayor Oreja, quien compatibilizaba este cargo con él de Presidente del Canal de Isabel II», concluye la UCO.

Este viernes, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba la citación en calidad de investigados del exgerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda y de los exconsejeros del Gobierno regional madrileño de Alberto Ruiz Gallardón, Juan Bravo y Pedro Calvo, por la compra fraudulenta de la filial Inassa,

Plusvalías de 46 millones de dólares

Sobre la adquisición «fraudulenta» de Inassa por el Canal de Isabel II, la UCO sostiene que «atendiendo al valor por el que AGBAR (Aguas de Barcelona) vendió la participación del 20% en el año 2000, proporcionalmente el valor del 75% alcanzaría los 26,25 millones de dólares. Estas cifras arrojan que en tan sólo un año y tras la interposición de una sociedad panameña se generaron unas plusvalías de 46,75 millones de dólares».

Los investigadores destacan que «Ignacio González afirma poseer un determinado dictamen jurídico al respecto y explica que Alberto Ruiz Gallardón y/o su equipo compró una sociedad que no valía ni 30 millones de euros por 100 con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana, comprando en realidad una panameña. Es decir, Ignacio González es perfecto conocedor de esta supuesta operativa fraudulenta optando en sus propias palabras por ‘tratar de arreglarlo’».

Lo último en Investigación

Últimas noticias