La UCO vincula un contrato de 212.990€ con la financiación ilegal electoral del PP de Madrid en 2011

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investiga un contrato de 212.990 euros en el marco de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid durante la campaña de las elecciones autonómicas del año 2011 investigada en la pieza 14 de la trama Púnica.

En el informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la UCO afirma que «es relevante el hallazgo de un documento en donde se revelaba la posible participación encubierta de la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL en un concurso público licitado por la Comunidad de Madrid poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del año 2011».

La Guardia Civil explica que la mayor parte de los trabajos que se han efectuado en el citado contrato público, corresponden a El Laboratorio de Almagro 36 SL y no a la empresa adjudicataria Thinking Forward Spain SL, a pesar de que «no se han declarado relaciones comerciales en esas fechas, inherentes a una posible subcontratación de Thinking con el Laboratorio».

«En el contrato licitado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aparece un importe de 122.787 euros (sin IVA) vinculado al principal trabajo a ejecutar por la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL y éste mismo importe figura en una factura emitida por la empresa Central de Producers SL a El Laboratorio de Almagro 36 SL, resultando extraordinariamente llamativo el hecho de que esa subcontratación no la realice la adjudicataria real del contrato (Thinking) sino otra empresa (Laboratorio) que realiza un extraño cometido de intermediación entra ambas» apunta la UCO.

«El Laboratorio de Almagro 36 SL participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del referido contrato público, llegó a percibir el 60% de los beneficios del mismo, y habría abonado una importante cantidad de dinero de los presupuestos del referido contrato, a la misma empresa que en ese momento estaba realizando la campaña electoral para el PP de Madrid, Central de Producers SL».

Además, varios correos electrónicos pondrían de manifiesto cómo «uno de los principales trabajos habría sido desarrollado a su vez por una tercer empresa denominada La Joya Producciones SL», y las «reuniones producidas entre responsables de la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL y La Joya Producciones SL en semanas previas a las elecciones autonómicas del año 2011 sobre aspectos de la producción de la campaña de Esperanza Aguirre».

Precisamente, esta semana, el instructor de la trama Púnica ha decretado el sobreseimiento libre para la consejera delegada de El Laboratorio de Almagro 36 SL por un delito de blanqueo de capitales, aunque seguirá investigada por la presunta comisión de un delito electoral.

El listado de «contactos PP»

El informe de la UCO hace referencia a un listado denominado «contactos PP» hallado en la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL donde se incluyen «referencias explícitas no sólo a personas vinculadas directamente con la referida formación política, sino a determinadas Consejerías de la Comunidad de Madrid».

También «a personas que ocupan el máximo cargo en las mismas, figurando entre las mismas, el por entonces consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, el número de teléfono de éste, así como la dirección de correo electrónico corporativo del mismo y otros datos de contacto de otros responsables de la referida Consejería».

En otro correo electrónico se revelaría a juicio policial cómo la empresa «dispone de ‘amigos’ en un contexto relacionado con la posibilidad de utilizar esas amistades en las licitaciones promovidas en la Comunidad de Madrid».

Los investigadores resaltan «que el contrato público sería finalmente ejecutado por empresas que estaban ocupadas en esas mismas fechas en realizar la campaña electoral del PP de Madrid en las elecciones autonómicas del año 2011, resaltando también los ‘contactos’ y los ‘amigos’ que dicen tener los responsables de la empresa».

La UCO concluye que se «acreditarían actos de favorecimiento en determinados procesos de adjudicación de contratos públicos a personas allegadas a la formación política investigada, y también se han puesto de manifiesto episodios de desvío de fondos públicos provenientes de subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid, bien para sufragar gastos electorales o para sufragar gastos de funcionamiento del partido».

Por ello, solicitan a la Consejería de Economía y Hacienda «la entrega inmediata» de toda la documentación sobre el contrato de adjudicado a la empresa Thinking Forward Spain SL por un importe de 212.990 euros. También piden a las empresas Central Producers SL, Thinking Forward Spain SL y a La Joya Producciones SL toda la documentación relacionada con «la facturación y/o ejecución de cualquier trabajo desempeñado para el PP de Madrid en 2011».