Adrián Martín López de las Huertas

El exgerente del Canal asegura que González le ordenó dar el pelotazo de Brasil: “Me dijo ¡cómprese!”

Ignacio González
Declaración del exgerente del Canal de Isabel II, Adrián Martín López de las Huertas, ante el juez Eloy Velasco y los fiscales del caso Lezo. 20 de abril de 2017.
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Adrián Martín López de las Huertas, exgerente del Canal de Isabel II, declaró el pasado 20 de abril ante el entonces juez instructor del caso Lezo, Eloy Velasco, y los fiscales Anticorrupción.

En el interrogatorio, que publica en exclusiva OKDIARIO, reconoció que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le ordenó comprar la filial brasileña Emissao en el año 2012: “Me dijo cómprese”. La orden tuvo lugar en el intervalo en el que González dejaba la presidencia del Canal de Isabel II para relevar a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La sociedad Emissao fue adquirida oficialmente un año después, en noviembre de 2013, por 21 millones de euros. Sólo año y medio después su valor apenas superaba los 5 millones.

Durante su declaración de casi dos horas ante en la Audiencia Nacional, Adrián Martín López de las Huertas señaló a Ignacio González, y a su mano derecha del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, como responsables de dicha compra, a través de una sociedad uruguaya, efectuando parte del pago en Brasil y la mayor parte en Suiza.

El exgerente del Canal negaba conocer las supuestas comisiones cobradas por que sino “lo hubiera denunciado”, y aseguraba “no tener capacidad de decisión” en esta operación cuyo objetivo final era “pagar menos impuestos”. “Nuestra capacidad de decisión estaba diezmada y condicionada por el poder de decisión de González”, añadía.

Según su declaración, no tomó “ninguna diligencia” en dicha adquisición porque “confiaba en Edmundo Rodríguez Sobrino en Sudamérica y en María Fernanda Richmond (exdirectora financiera en el Canal) en España”. Aseguró también desconocer al testaferro que diseñó la operación, Ignasi Maestre Casanovas y “si González y Rodríguez Sobrino estaban interesados sólo en que el Canal estuviera presente en Brasil o en comprar esta empresa brasileña”.

Martín López de las Huertas dijo a su vez desconocer la existencia del informe efectuado por el despacho de abogado Cuatrecasas que alertaba sobre posibles irregularidades en la compra de la filial colombiana Inassa en 2001 y negó conocer una reunión celebrada en la Asamblea de Madrid en la que González supuestamente habría reclamado 1 millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid.

Canal de Isabel II
Sede central de Canal de Isabel II en Madrid. (EFE)

Tras la comparecencia de Martín López de las Huertas, el magistrado decretaba su ingreso en prisión bajo fianza de 100.000 euros que eran abonados a las pocas horas, eludiendo así el exgerente de la empresa pública del agua la cárcel.

Está acusado por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Fue director general del Canal de Isabel II entre 2012 y 2016, aunque su vinculación con la empresa se remonta a 1989.

“Intentó destruir documentos”

La Dirección del Canal de Isabel II ponía en conocimiento del juez Eloy Velasco en mayo dos denuncias relacionadas con el ‘caso Lezo’, revelando una de ellas una supuesta maniobra del exgerente de la empresa pública del agua, Adrián Martín López de las Huertas, para intentar destruir hasta 16 documentos relacionados con la actividad de Inassa.

La operación fallida constaba en un escrito del comité de Ética y Cumplimiento del Canal de Isabel II. En el documento se detalla que el primer escrito hace referencia a “una serie de documentos relacionados en el mismo, que el entonces director general entregó, a finales de abril de 2016, al primer trabajador dependiente de él, con la indicación de que fuera destruidos”.

El segundo escrito relata dos llamadas que recibió un segundo trabajador. La primera tuvo lugar directamente por parte del anterior director general, en la semana del 10 de mayo de 2016, en la que le pide a dicho trabajador que “elimine el registro de las reuniones que tuvo él como director general, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016″.

La segunda llamada efectuada el pasado 3 de mayo, a través de la mujer de éste último, “solicitando a este trabajador dos informes de auditoría”, según señalaba el escrito.

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