Ignacio González pide al juez que le ponga una pulsera electrónica para salir de la carcel

Ignacio González
Ignacio González acompañado por los agentes de la UCO (Foto: Efe).
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El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha dirigido este martes un escrito al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, en el que solicita que le imponga una “fianza razonable” acorde a su “capacidad económica” para poder salir de la cárcel de Soto del Real, donde permanece ingresado junto a su hermano, Pablo González, desde el pasado 21 de abril.

Como medida alternativa, González pide al juez que le conmute la prisión incondicional por un arresto domiciliario con la colocación de una pulsera electrónica que permita a la Guardia Civil controlar todos sus movimientos.

Esta fórmula implicaría “estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente; la prohibición de aproximarse y comunicarse con determinadas personas o lugares, adoptando las medidas técnicas necesarias para ello y la incoación de una pieza secreta de intervención de sus comunicaciones telefónicas y grabaciones de conversaciones desde su puesta en libertad”.

De este modo, se evitaría que el ex presidente de la Comunidad de Madrid pueda destruir pruebas o manipular la declaración de otros imputados en la causa, según argumenta su abogado, Esteban Mestre Delgado, en el escrito que ha registrado este martes ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Afirma que no existe “riesgo de fuga”

En el escrito recuerda que Ignacio González compareció el pasado miércoles a petición propia ante el juez García Castellón para contestar “a todas las preguntas que tuvo oportuno realizarle el Ministerio Fiscal, sin rehuir ningún tema de los que se le plantearon, ni negarse a contestar a ninguna cuestión. En el curso de esa declaración se puso de manifiesto el grave deterioro físico y psíquico que la situación de prisión le ha provocado y la afectación que esta gravosa medida le está causando en su integridad moral”, añade su abogado.

Al respecto, el letrado señala lo siguiente: “El deterioro físico y psicológico que el magistrado instructor, y todos los presentes en ese acto, pudieron observar el día que prestó declaración, es tan evidente que requiere una adecuada respuesta, pues los fines que justifican la prisión preventiva no pueden justificar la lesión de los derechos a la salud y a la integridad moral“.

El abogado también argumenta que no existe “riesgo de fuga” en caso de que Ignacio González quede en libertad, bien mediante una “fianza razonable” y la obligación de comparecer todos los días ante el Juzgado, o bien mediante la colocación de una pulsera electrónica.

Durante los tres meses que el ex presidente de la Comunidad de Madrid ha permanecido en prisión, indica su letrado, “el Juzgado ha bloqueado sus cuentas corrientes, ha embargado sus bienes patrimoniales y está llevando a cabo una investigación en secreto de actuaciones. Se ha investigado a su familia más cercana, a sus amigos, a todas las personas con las que se ha relacionado en los últimos años, y se está analizado su patrimonio y el de toda su familia”.

Sus padres temen no verle más

“De esa amplísima investigación”, añade en su escrito dirigido al juez, “no han resultado más bienes ni intereses económicos que los que han sido embargados o bloqueados, por lo que manifiestamente carece (salvo para atender sus necesidades vitales más perentorias, y conforme ha autorizado individualizadamente el Juzgado) de medios económicos. Queda así obviamente conjurado un eventual riesgo de fuga, de imposible materialización”.

Además, argumenta que la investigación no ha permitido descubrir que Ignacio González tenga bienes o cuentas bancarias en el extranjero, que le permitieran huir a otro país. Por el contrario, en España tiene esposa y tres hijas, así como “dos padres de avanzada edad y movilidad reducida, de los que en modo alguno pretende separarse, y a los que la situación de prisión de mi representado les está causando un indirecto daño añadido, pues, impedidos de desplazarse hasta el Centro Penitenciario, temen que por su avanzada edad puedan no volver a verle. Esto supone un vínculo más que suficiente para contrarrestar cualquier eventual atisbo de fuga”.

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