Interior adoptará medidas disciplinarias contra el policía que manipuló un informe del ‘caso Nicolay’

El Ministerio del Interior estudia sancionar por el régimen disciplinario de la Policía al inspector Rubén López por manipular un informe policial para obtener de la juez del caso Nicolay el rastreo de las llamadas del móvil del comisario jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera.

El número dos de Martín Blas, el ex comisario de Asuntos Internos de la Policía, y responsable de la comisión judicial que investigaba al Pequeño Nicolás pretendía implicar al comisario antiterrorista en la filtración de datos reservados de las pesquisas al también comisario José Villarejo, con quien Rubén, en colaboración con el CNI, mantiene un pulso desde hace meses.

Como publicó ayer OKDIARIO la juez Pilar Martínez Gamo, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, no sólo rechazó las pretensiones del inspector sino que, además, por medio de un auto judicial ordenó la disolución de la Comisión Judicial del caso Nicolay que dirigía Rubén López.

Según fuentes de Interior, el comisario Olivera, jefe del CITCO, una de las unidades estrellas de la Policía encargada de establecer el nivel de alerta antiterrorista, ha solicitado a la dirección de la Policía que se esclarezca la conducta y las motivaciones del inspector Rubén cuando decidió redactar y entregar en el Juzgado un informe plagado de “falsedades” y alejado de la coherencia policial.

La magistrado calificó el informe «Finca ‘La Alamedilla’ y sus vinculaciones con los casos: Banesto, Nicolay y Grabación Ilegal” de “inútil” y carente de “nitidez”. Y algo realmente grave para la imagen profesional de un policía: “Se solicita la investigación con carácter netamente prospectivo de las comunicaciones telefónicas de Adrián de la Joya y de José Luis Olivera”. Según la juez, en una investigación “que se pretende iniciar más de dos años después”.

En el informe del inspector Rubén, considerado por sus compañeros como uno de los hombres del CNI en la Policía, se recogen una serie de falsedades e irregularidades que ponen bajo sospecha la motivación final del trabajo de 300 páginas rechazado por la juez por falta de criterio.

Según fuentes policiales, en primer lugar Rubén López solicita el rastreo de las llamadas recibidas y emitidas desde el móvil del comisario antiterrorista a sabiendas de que las compañías telefónicas sólo están obligadas a conservar esos datos durante los doce meses siguientes a la llamada. El agente tiene la suficiente experiencia para conocer que los jueces de instrucción aplican a rajatabla esa norma.

En segundo lugar, el hombre de confianza de Martín Blas también afirma en su escrito, a sabiendas de que no era cierto, que José Villarejo para defender a su amigo De la Joya decidió “grabar y difundir la conversación entre dos policías y dos agentes del CNI”.

Con esa tesis se sumaba a los planteamientos de Martín Blas, el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía, que había señalado a Villarejo como el responsable de introducir en su móvil un programa espía para controlarlo remotamente y grabar su encuentro con dos agentes del CNI, cuya cinta fue reproducida después por un medio de comunicación.

Sin embargo el inspector López, antes de redactar el escrito rechazado por la juez, tenía pleno conocimiento de la existencia de un informe de sus compañeros de la sección de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad Central de Criminalística de la Policía, en el que afirmaban, en noviembre de 2016, que los hechos denunciados por Martín Blas eran técnicamente inviables. Los expertos policiales reconocen categóricamente que “no sería posible administrar ni gestionar los periféricos de forma remota sin autorización del usuario de la terminal, siendo en todo caso éste el que debe permitir y activar dichos servicios”. Es decir, la única persona que podía ejecutar la función de grabación en su móvil era Martín Blas, el mismo que había denunciado el espionaje.

Y en tercer lugar, Rubén López también estaba al tanto de que la juez tenía en su poder los documentos y las escrituras presentadas por Adrián de la Joya que demostraban que el empresario español con residencia en Suiza se había desprendido hacía 20 años de las acciones de la finca «La Alamedilla», cuando todavía no había nacido el Pequeño Nicolás. El propio Rubén disponía de una copia de toda esa documentación y no la tuvo en cuenta.

La Dirección de la Policía, al margen de las hostilidades en la conocida como guerra de policías, cree que el inspector Rubén pudo actuar por venganza. Se da la circunstancia de que el comisario Olivera, cuando era jefe de la UDEF, decidió echarlo de su unidad, en la que había trabajado en dos grupos distintos sin llegar al nivel de sus compañeros. El despido se produjo, según fuentes policiales, por el “uso de métodos poco ortodoxos”. El inspector pasó por la UDYCO y, más tarde, acabó en Asuntos Internos con Martín Blas, con quien participó en la ya conocida como Operación Cataluña.