Ameijide dio la exclusiva de Mercasa en todo el mundo a la empresa que pagaba comisiones ilegales

El ex presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, firmó en octubre de 2015 un protocolo en el que se comprometía a adjudicar al consorcio Mercasa Incatema la ejecución de todos los proyectos que la empresa pública asumiera en cualquier país del mundo.

Ahora, toda la cúpula directiva de Mercasa Incatema (participada al 50% por la empresa pública) y el propio Ameijide están imputados, en la causa que instruye el juez José de la Mata, por el pago de comisiones ilegales en Angola y Santo Domingo.

Eduardo Ameijide tuvo conocimiento en 2014 de que el delegado comercial de Mercasa Incatema en Angola, el portugués Guilherme Taveira Pinto, estaba huido de la Justicia por un desfalco en un contrato de venta de armas españolas a la Policía de Angola de 151 millones de euros a través del consorcio Defex, dependiente del Ministerio de Defensa.

Pese a ello, Mercasa Incatema siguió pagando a Taveira hasta diciembre de 2016 las comisiones del 8% que le habían otorgado dos abogados del Estado (María Jesús Prieto y su marido Arturo Cortés) por la construcción de un centro logístico de distribución en Luanda. Taveira se embolsó por este concepto más de 20 millones de euros, parte de los cuales habrían servido para sobornar a altos funcionarios del Gobierno de Angola, según la investigación que dirige el juez De la Mata.

De espaldas al consejo de administración

Pese a que este escándalo estalló en 2014, Eduardo Ameijide firmó en octubre de 2015 el protocolo que obligaba a la empresa pública Mercasa a subcontratar a Mercasa Incatema todos los proyectos de construcción de mercados de abastecimiento, plataformas logísticas y «cualquier otra estructura de distribución comercial» que acometiera en todo el mundo.

El documento fue firmado por Eduardo Ameijide como presidente de Mercasa, Miguel Ramírez como presidente del consorcio Mercasa Incatema y los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana en representación de Incatema, el socio privado del consorcio. Los cuatro están ahora imputados en la Audiencia Nacional.

También estampó su firma en el acuerdo el entonces director internacional de Mercasa, Andrés de Pando Asensi. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el protocolo nunca llegó a ser conocido ni aprobado por el consejo de administración de la empresa pública, ni por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Mercasa.

Según las condiciones pactadas en el documento, Mercasa optaría a los concursos públicos para obtener estos contratos y asumiría toda la responsabilidad legal. A continuación, subcontrataría al consorcio Mercasa Incatema la ejecución material de la obra.

Las comisiones no podrán superar el 5%

En todas estas actuaciones, Mercasa sólo se reservaba tres cometidos: los estudios de viabilidad previos para presentar la oferta, la redacción del proyecto técnico y su dirección facultativa, y en tercer lugar la formación de los futuros agentes y operadores del mercado de abastos o del centro logistico.

Por estas labores, la empresa pública nunca cobraría más del 6% del presupuesto total del proyecto, según se hizo constar en el acuerdo. En cambio, el consorcio Mercasa Incatema asumía la «gestión integral» de los proyectos, por la que cobraría hasta el 35% del presupuesto total.

Tal como se hizo constar, en cada proyecto se reservaría un margen de beneficio del 20%, mientras que el importe restante permitiría subcontratar a empresas locales para la ejecución material de la obra. En el protocolo siempre se estableció que las «comisiones comerciales» abonadas a terceros nunca podrían superar el 5% del presupuesto total.

En el momento de la firma, se estipuló una vigencia del protocolo de cinco años (por tanto, debería seguir en vigor al menos hasta octubre de 2020), prorrogables por períodos de idéntica duración. Con estas condiciones, el acuerdo resultaba tremendamente desigual para la empresa pública Mercasa, que asumía toda la responsabilidad de los proyectos ante la Administración contratante, pero no podía cobrar por sus servicios más del 6% del presupuesto total.

Se favoreció a los socios privados

En cambio, el consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por socios privados, la familia Pardo Santayana) se llevaba la parte del león de los contratos y se garantizaba la exclusiva de los proyectos que la empresa pública acometiera en el extranjero.

Como ha informado OKDIARIO, Mercasa Incatema firmó con el Gobierno de Angola sucesivos contratos que suman 533 millones de dólares por construir un mercado de abastos y un centro logístico de distribución en la capital del país, Luanda. Hasta el momento, el consorcio ha cobrado por este proyecto una cantidad que ronda los 236 millones de euros.

De esta cantidad, al menos 20 millones fueron a parar a manos del comisionista huido de la Justicia española Guilherme Taveira Pinto, según un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien también investiga el pago de comisiones de Mercasa Incatema en otros países como Santo Domingo.

Pese a que el de Luanda era un proyecto «en llave en mano» (es decir, que debe entregarse al Gobierno de Angola listo para funcionar), diez años después de iniciar las obras el centro logístico todavía carece de servicios básicos como el suministro de agua, depuradora, suministro eléctrico y accesos adecuados.