Investigación

Piden a la juez que aclare si el PP pagó en negro las cuotas de los 491 militantes del discapacitado

PP de Cantabria
Dos imágenes del discapacitado M. cuya cuenta fue utilizada para pagar las cuotas de casi 500 militantes del PP de Cantabria.
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El ex secretario general del PP de Laredo, Ramón Arenas San Martín, ha pedido a la juez que investigue si su partido utilizó dinero negro para pagar, a través de una persona discapacitada del municipio, las cuotas de 491 afiliados del Partido Popular.

Pretende esclarecer así si se ha producido un caso similar al del célebre pitufeo del grupo municipal del PP de Valencia, cuyos miembros fueron utilizados por el partido para blanquear dinero negro con billetes de 500 euros. Una causa por la que fue imputada la ex alcaldesa Rita Barberá, fallecida el pasado el pasado 23 de noviembre.

Ramón Arenas fue quien, el pasado 7 de marzo, denunció ante la Guardia Civil que la cuenta bancaria de un vecino de Laredo con discapacidad psíquica había sido utilizada para realizar 491 transferencias, que suman 8.852 euros, con el fin de que casi 500 militantes del PP pudieran votar en el congreso regional del partido en Cantabria.

Esta operación fue determinante en el resultado del congreso, ya que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta regional del PP al imponerse por tan sólo cuatro votos de diferencia al ex presidente autonómico Ignacio Diego.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Laredo, Ana Cristina Pomposo, ha sobreseido inicialmente la denuncia. Sin embargo, Ramón Arenas ha presentado un recurso en el que pide que se esclarezca si se ha producido un presunto delito de financiación ilegal del PP o de blanqueo de capitales.

Aclarar el origen del dinero

En su escrito, insta a la juez a investigar si el dinero ingresado en la cuenta del discapacitado para pagar las cuotas de 491 militantes “puede tener origen presuntamente en una actividad ilícita que pudiera dar lugar a un delito de blanqueo de capital del artículo 301 del Código Penal”.

Arenas basa esta sospecha en la “rebuscada y clandestina forma utilizada para intentar beneficiar los intereses de uno de los candidatos a la Presidencia del PP de Cantabria, como lo era la Sra. María José Sáenz de Buruaga, sirviéndose de un discapacitado mental” para transferir el dinero sin que quedara rastro de su origen.

Como ha informado OKDIARIO, Ramón Arenas interpuso la primera denuncia acompañado por el propio discapacitado, cuyo nombre de pila responde a la inicial M., quien testificó que nunca había ordenado las 491 transferencias desde su cuenta ni autorizó a nadie a hacerlo.

Sin embargo, 24 horas después, el discapacitado regresó al mismo puesto de la Guardia Civil acompañado por una abogada del PP, para retractarse de su versión inicial: esta vez, aseguró que había facilitado las claves de su cuenta bancaria a “un amigo” (al que no llegó a identificar) para que realizara las transferencias.

Engañado, coaccionado o chantajeado

En esta visita también estuvo acompañado por el empresario y actual secretario general del PP de Laredo, Miguel González, cuya inmobiliaria inauguró la propia María José Sáenz de Buruaga pocos días después de ser elegida presidenta del PP en el congreso regional.

Puesto que el discapacitado ha ofrecido ante la Guardia Civil dos versiones completamente contradictorias sobre los hechos, Ramón Arenas pide a la juez que le llame a declarar para que aclare si permitió utilizar su cuenta bancaria engañado, coaccionado por alguien o incluso “chantajeado a cambio de dinero”.

“Llama poderosamente la atención”, indica el recurso, “que este chico –que reiteramos carece de recursos económicos y padece un retraso mental– tuviera un fin tal altruista como para prestarse a hacer ese tipo de operaciones con el riesgo evidente y real de que la Agencia Tributaria le pueda pedir explicaciones del origen o falta de declaración de ese dinero [cerca de 9.000 euros], ya que un ingreso en una cuenta suya de una cantidad tan importante y sin un origen cierto, desde un punto de vista tributario, tiene, al menos, la consideración de donación sujeta al impuesto sobre donaciones”.

Incluso, añade el denunciante, “puede ser que la propia Tesorería General de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le incoe un acta de infracción por presunto fraude y le quite la pequeña pensión no contributiva que recibe para subsistir malamente, además de imponerle una sanción”.

“Es notorio que padece retraso mental”

Entre otras diligencias, el denunciante pide a la juez que reclame al PP de Cantabria los extractos bancarios que acreditan las 491 transferencias, efectuadas en tan sólo dos días desde las cuentas del discapacitado de Laredo, para pagar las cuotas de otros tantos militantes. Del mismo modo, reclama que el PP informe de la identidad de los afiliados que se beneficiaron de estos pagos, gracias a los cuales pudieron alterar el resultado del congreso regional del partido.

En su auto inicial de sobreseimiento, sin llegar a investigar los hechos, la juez instructora descartó investigar la posible insistencia de un delito de blanqueo de capitales al considerar que no se ha acreditado que los cerca de 9.000 euros ingresados en la cuenta del discapacitado “tengan su origen en una actividad delictiva”. Al respecto, el denunciante recuerda que el PP está “siendo investigado a nivel nacional por un presunto delito de financiación ilegal“.

Del mismo modo, la juez indicaba en su auto que la Guardia Civil no apreció en su declaración que el vecino de Laredo cuya cuenta bancaria fue utilizada para estas operaciones “tenga modificada su capacidad de obrar o sufra minusvalía o discapacidad psíquica alguna”.

El denunciante pide que M. señala que “es notorio en el pueblo de Laredo que M. padece un retraso mental“, por lo que precisa una especial protección y tutela de los tribunales. En consecuencia, pide que sea sometido a un reconocimiento médico forense y se reclame al Servicio Cántabro de Servicios Sociales que acredite qué grado de discapacidad tiene legalmente reconocida.

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