La Policía tuvo a mano las agendas de Pujol padre en el registro de hace 18 meses y ahora no aparecen

La Policía registró este miércoles por decisión del juez José de la Mata la casa y el despacho del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol con 18 meses de retraso y con pocas posibilidades de encontrar documentos de importancia para la causa.

El allanamiento del domicilio de los Pujol, en la avenida General Mitre número 27 de Barcelona, se producía dos días después del ingreso en prisión del hijo primogénito de la saga Pujol-Ferrusola, pero un año y medio después de la primera orden de registro, que se practicó sin resultados positivos el 27 de octubre de 2015. Entonces, los fiscales Anticorrupción, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, se vieron impotentes, con las manos atadas, para poder ejecutar un reconocimiento judicial con garantías.

La primera frustración fue cuando llegaron a la estación madrileña del AVE en Atocha. Allí se enteraron por el jefe del grupo de la UDEF, que viajaba con ellos a Barcelona y que acababa de recoger el mandamiento del despacho del juez de la Audiencia Nacional, que el registro sólo afectaba a las pertenencias del hijo primogénito del ex presidente catalán

Jordi Pujol Ferrusola, que residía en el hogar paterno desde hacía tiempo, estaba acusado de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal. La policía lo investigaba por la ocultación de 30 millones de euros desde 2012.

En el registro de octubre de 2015, los agentes de la unidad de delitos económicos y fiscales tuvieron a su alcance los libros y las agendas personales de Jordi Pujol Soley. Pero, al carecer del permiso del titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, los policías perdieron la gran oportunidad de asestar el golpe definitivo a la familia Pujol, que para el magistrado ya se merecía el calificativo de «banda criminal».

El error fue que el juez De la Mata, en aquella ocasión, sólo se atrevió a autorizar a los policías un registro parcial, limitado a las dependencias habitadas por el primogénito de los siete hermanos Pujol: un dormitorio, pequeño y con un camastro diminuto, y la parte de la biblioteca donde solía trabajar dentro del hogar paterno. Consistía en una mesa con un ordenador y una pequeña pila de papeles inservibles.

De los 147 metros cuadrados de la superficie del piso del ex molt honorable president, los agentes sólo pudieron pasearse por unos treinta metros. El resto les fue prohibido.

La permanencia en el domicilio de los Pujol, situado en la zona norte de la ciudad y con vecinos del nivel de Monserrat Caballé, tan sólo duró un par de horas. En ese tiempo, los agentes de la UDEF sólo pudieron reunir unas pocas cajas con los documentos que les permitió recopilar Cristóbal Martell, el abogado de la familia, que vigiló de cerca la operación policial con la orden del juez en la mano. Cuando los policías entraron en la vivienda les recibió con un: «No pueden tocar ni un papel que no sea del hijo». Y así fue.

Sin embargo, durante el registro uno de los fiscales anticorrupción abrió el armario de los bajos de la biblioteca y encontró una serie de libretas y agendas, todas indizadas y fechadas por años, pero Martell les recordó que aquello era pertenencia de Pujol padre y, por tanto, no estaba incluido en la orden del juez.

La policía tenía ante sí la pistola con el cañón humeante de todo el historial delictivo de los Pujol, pero se le evaporó entre los dedos de las manos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró horas después que aquella actuación judicial en el domicilio de lo Pujol venía a demostrar que en España no había impunidad para nadie. Pero la realidad era que las agendas y los archivos de la saga familiar más corrupta de Cataluña se quedaron en los armarios del inmueble de la avenida del General Mitre. En el inventario policial del registro de este miércoles no figuran.