El experto informático Alejandro de Pedro

Un imputado en Púnica denuncia a la Diputación de León por el impago que recomendó el juez Velasco

CNI
El experto informático, Alejandro de Pedro, investigado en la trama Púnica.

La extensa y compleja instrucción de la trama Púnica por parte del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, está dejando tras de sí multitud de presuntas víctimas colaterales.

En un auto emitido en mayo, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional recomendaba a las administraciones afectadas directa o indirectamente por los tentáculos de la Púnica no pagar los contratos presuntamente irregulares, o que estaban siendo investigados en la causa. Esta recomendación del magistrado ha provocado la quiebra de muchas personas y empresas, sin que exista todavía sentencia sobre su culpabilidad.

OKDIARIO ha tenido acceso a la denuncia presentada por el experto informático, Alejandro de Pedro, contra la Diputación de León por impago de dos facturas de 3.630 euros, respectivamente. De Pedro es el liquidador único de la empresa «Madiva Editorial y Publicidad SL», dedicada a «la realización de actividades en internet, incluida la creación, desarrollo y explotación de portales y suministro de servicios de información y comercio electrónico».

En el escrito, el informático reclama a la Diputación el pago de un total de 7.260 euros en concepto de «inserción de banners publicitarios en medios de comunicación», unos trabajos realizados con su correspondiente factura por su compañía, que entró en quiebra tras ser imputado por el juez Velasco. El informático asegura tener «plenamente justificados» dichos trabajos realizados para la Diputación de León.

Demanda de Alejandro de Pedro contra la Diputación de León.
Demanda de Alejandro de Pedro contra la Diputación de León.

Según ha podido saber este diario, la intención de Alejandro de Pedro es ir presentando las correspondientes denuncias en cada una de las administraciones que aún le adeudan pagos. Dichas denuncias las presentará conforme tenga presupuesto, ya que la instrucción de la Púnica le ha dejado en quiebra.

Hace pocas semanas, el ayuntamiento de Coslada fue condenado a pagar al informático De Pedro los 1.800 euros que le debía. Este consistorio, que además no está involucrado con la trama Púnica, no había abonado al informático sus trabajos.

OKDIARIO ha tenido acceso a la orden de pago del consistorio madrileño para abonar al empresario su deuda. El dinero conseguido será utilizado para demandar a otras administraciones, que aún no han pagado al informático.

Orden de pago del ayuntamiento de Coslada para Alejandro de Pedro.
Orden de pago del ayuntamiento de Coslada para Alejandro de Pedro.

León en la trama Púnica

Hace 3 semanas, el juez Velasco emitía un auto sobre la pieza de León en la trama Púnica, donde instruye las supuestas irregularidades cometidas por la Diputación provincial.

En esta pieza, el juez investiga el contrato de «reputación online» de aproximadamente 1.500 euros mensuales que firmó el experto Alejandro De Pedro con la Diputación, primero presidida por la fallecida Isabel Carrasco y después por Marcos Martínez.

También se investiga el plan para relanzar la gestión de la estación de esquí leonesa de San Isidro, que incluía la mejora de sus cafeterías; y por último, las subvenciones concedidas por la Diputación a medios de comunicación.

El magistrado imputó al expresidente de la Diputación, el popular Marcos Martínez, por presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada o malversación de caudales públicos. El dirigente fue detenido en octubre de 2014 y enviado a prisión, hasta que abonó su fianza y quedó en libertad.

En la misma pieza, Velasco investiga al informático Alejandro de Pedro y sus empresas de reputación en Internet «Eico On Line SL» y «Madiva Editorial y Publicidad SL», por supuesto cohecho.

Según el magistrado, estas compañías prestaban trabajos de reputación en Internet para autoridades y cargos electos, que «les permitía no sólo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos».

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