Investigación

Por el caso del 'Pequeño Nicolás'

Un comisario pide detener a su colega Villarejo, imputar al nº 1 de la Policía y registrar la casa de Inda

Pequeño Nicolás
Francisco Nicolás. (Foto: EFE)
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En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el comisario Marcelino Martín Blas ha solicitado la imputación de 13 personas en total y la detención de tres, entre ellas, su colega el comisario José Villarejo, en relación a la investigación de la “grabación ilegal” en el marco de la ‘Operación Nicolay’.

En esta pieza se investiga la “grabación ilegal” que se realizó de una reunión secreta el 20 de octubre de 2014 entre el comisario Martín Blas, otro inspector de Asuntos Internos y dos agentes del CNI. Los cuatro se reunieron para hablar del caso del ‘pequeño Nicolás’ y al parecer fueron grabados a través del móvil del comisario.

Tras realizarse esta supuesta grabación, algunos medios de comunicación mencionaron la “supuesta manipulación de pruebas” o “creación de pruebas falsas” en el caso del ‘pequeño Nicolás’. En un extenso informe presentado el 20 de mayo ante el Juzgado, el comisario Martín Blas en nombre de la Comisión Judicial de la Policía Nacional pedía la imputación de un total de 13 personas, entre ellas, el periodista y director de OKDIARIO Eduardo Inda.

También pedía la imputación del propio Francisco Nicolás, el comisario José Villarejo, Gemma Alcalá, los periodistas Carlos Mier, Daniel Montero, Manuel Rico, Sandra FernándezEsteban Urreiztieta.

Entre los mandos policiales que el comisario pedía que fueran investigados se encuentran el comisario Eugenio Pino, el inspector José Ángel Fuentes Gago y el comisario Enrique García Castaño. Sobre los tres, se pide que se analicen sus cuentas de correo electrónico.

Por último, también se instaba a la imputación del director de Producciones Mandarina, Pedro Antonio Revalderia, y del presidente de esta productora, Santiago Botello. Para el comisario Villarejo, Gemma Alcalá y Carlos Mier pedía además su detención.

En el escrito también se solicitaba la entrada y registro con “uso de la fuerza” si fuera necesario en los domicilios y empresas u oficinas de la mayoría de los citados anteriormente para incautar todo tipo de dispositivos electrónicos en su poder.

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