La justicia exige averiguar qué miembro del PP ordenó borrar los ordenadores de Bárcenas

Luis Bárcenas
Luis Bárcenas. (Foto: Getty)

La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la investigación sobre la destrucción por parte del PP de los dos discos duros de los ordenadores que usó Luis Bárcenas desde 1990 a 2008 como gerente, primero, y después como tesorero del partido. El fallo considera “prematura” la decisión de la instructora de archivar dicha causa cuando no había realizado investigación alguna y, por ello, ignoraba quién dio la orden, por qué, qué contenido tenían y, como trasfondo, si pudo lesionar los derechos de Bárcenas o pudo haber un delito de encubrimiento. El propio Luis Bárcenas asegura que en dichas unidades ocultaba su contabilidad b.

El fallo es un auténtico varapalo para la instructora y para el PP. Le abre un nuevo frente jurídico sumado a los casos Gürtel, Bárcenas y a las pesquisas sobre su despido. No obstante, éste sobre los discos duros tiene una relación directa con la cúpula del partido ya que el fallo plantea incógnitas y contradicciones graves en el desarrollo de estos hechos presuntamente delictivos.

Un fallo que destaca la “actividad obstructiva de la investigación realizada por los responsables de PP” y para ello recuerda que “la secretaria general del PP manifestó en su declaración judicial —14 de agosto de 2013— que los dispositivos se hallaban custodiados en la sede del partido”.

Sin embargo, para entonces, los discos duros ya habían sido destruidos. El letrado del PP explicó a la justicia que ambas unidades de almacenamiento fueron destruidas “para garantizar la confidencialidad de los datos debido a su alto nivel de criticidad en abril de 2013”.

Por tanto, la destrucción de los registros informáticos se habían producido «cuando era conocido por sus responsables” en el PP que Bárcenas era investigado judicialmente por una decena de delitos. El tribunal rebate el argumento de la instructora , que entendía que no puede investigarse el encubrimiento de un delito hasta que se pruebe el delito. Esto llevaría a que este caso sólo podría ser investigado cuando haya condena en las diversas causas en las que está implicado Bárcenas.

Pero para este tribunal lo relevante es “que el supuesto encubridor conozca la conducta que encubre y que ésta tenga apariencia delictiva”. El tribunal considera que ambas conductas, el delito y su encubrimiento, pueden ser investigadas por separado.

El auto describe la conducta punible del PP: “La destrucción de las unidades del disco duro se realizó en la sede del PP por personas no identificadas después de abril de 2013, cuando Bárcenas ya había sido imputado en dos causas por su actividad como tesorero del PP, circunstancia que debían conocer los responsables de la destrucción, tanto por el carácter mediático y notorio de la investigación como por estar personado el PP en la causa”. El fallo recuerda que el PP ha sido declarado responsable civil y subsidiario de un sistema de financiación ilegal por el que están imputados varios de sus extesoreros.

Los reproches a esa labor obstructiva del PP se suman a los que hace el auto a la instructora: «Decretó el sobreseimiento provisional “sin practicar diligencia alguna”, por tanto no conocía a “quién o quiénes en la sede del PP ordenaron la destrucción de las unidades de discos duros, pues este aspecto no ha sido investigado ni esclarecido; no consta tampoco si en el PP existía un protocolo formal, conocido o aceptado por sus trabajadores sobre el uso de herramientas informáticas”.

Tampoco se conoce la copia incompleta de dichas unidades que hizo Bárcenas con un pendrive. El tribunal estima que los ordenadores eran del PP, pero su contenido era de Barcenas. Ni siquiera ha sido interrogado Bárcenas tras conocerse la destrucción de los archivos. Ni se ha reclamado judicialmente tal información al PP tras conocerse tal eliminación documental.

Todo esto lo ignoraba la instructora cuando dio carpetazo. Todo esto debe investigarlo según el auto. Sólo hay una certeza para el tribunal: “Desconocemos quién en el PP ordenó o acordó la destrucción de los discos duros utilizados por Bárcenas”.

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