La Policía pidió registrar la casa de Jordi Pujol jr. hace un año y medio

Jordi Pujol
Domicilio de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. (Foto: EFE)

Los responsables de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigen la investigación contra el entramado corrupto del clan Pujol pidieron hace ya un año y medio al juez de la Audiencia Nacional que autorizara un registro en la vivienda de Jordi Pujol junior.

Los agentes consideraban que se trataba de un trámite fundamental para recabar pruebas sobre el entramado de cobro de comisiones ilegales que el primogénito de los Pujol y varios de sus hermanos percibían de grandes empresas que operan en Cataluña.

Una red que funcionaría de forma paralela a la puesta en marcha por Convergencia, el partido de los Pujol y Artur Mas, para cobrar comisiones de entre el 3% y el 12% por la adjudicación de obras públicas.

Sin embargo, el juez Ruz rechazó en aquel momento autorizar el registro en casa de los Pujol. Una operación que se ha puesto en marcha ahora, ya bajo la dirección del magistrado José de la Mata, tras recibir los resultados de la comisión rogatoria enviada a Andorra para recabar información sobre la fortuna de los Pujol depositada en una entidad financiera del Principado.

Los agentes temen que esta demora haya permitido al primogénito de los Pujol destruir pruebas sobre su actividad de recaudación de mordidas entre los empresarios que operan en Cataluña.

Pese a ello, el despliegue de 200 agentes de la Policía Nacional desarrollado a lo largo de esta mañana, ha permitido recabar abundante documentación. Los agentes han registrado las viviendas del ex presidente Jordi Pujol Soley y de tres de sus hijos: Jordi, Pere y Josep Pujol Ferrusola.

Empresarios bajo sospecha

Además, la Policía también ha registrado, en el marco de la operación Hades, los domicilios de varios empresarios ligados al clan Pujol. Entre ellos, Carles Vilarrubí (vicepresidente institucional del Barcelona) y Carles Sumarroca Claverol, antiguo vicepresidente de la contructora Comsa-Emte.

Vilarrubí tiene negocios con el conde de Godó, Javier Godó, con quien comparte la sociedad que gestionar la emisora de radio catalana RAC1, y es el principal accionista de Oxer Sport, dedicada a organizar actividades hípicas.

En cuanto a Carles Sumarroca, la Guardia Civil ya registró el pasado verano las dependencias de las constructoras de su familia, Teyco y Comsa Emte, en la operación Petrum puesta en marcha para investigar el cobro de comisiones ilegales por parte de CDC.

 

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