El ejército birmano admite que soldados suyos participaron en la matanza de los rohingya

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Rohingyas en la frontera entre Birmania y Bangladesh, cuyos militares controlan el paso. (AFP)

Después de meses de negativas, el ejército birmano ha admitido que algunos de sus soldados participaron en una matanza en un pueblo de refugiados rohingya, reconociendo por primera vez su papel en el conflicto que según Amnistía Internacional (AI) es sólo la punta del iceberg.

Naciones Unidas y varias ONG denuncian una “limpieza étnica” y ven “elementos de genocidio” en la situación de los musulmanes rohingya que viven en el oeste de Birmania.

En total unas 655.000 personas de esta etnia se han refugiado en Bangladesh desde agosto de 2017, cuando empezó una operación militar en la zona en la que presuntamente se cometieron violaciones, torturas y asesinatos.

Durante meses, el ejército y el gobierno civil liderado por la líder del país, Aung San Suu Kyi negaron las acusaciones, pero todo cambió el pasado miércoles.

“Varios habitantes del pueblo de Inn Din y miembros de las fuerzas de seguridad reconocieron haber matado a 10 personas”, indicó la oficina del jefe del ejército en Facebook, en referencia a los hechos ocurridos el 2 de septiembre en el estado de Rajin.

Por primera vez, el ejército describió a las víctimas como “bengalíes”, un término peyorativo que designa a los rohingya de Birmania, un país donde están considerados como inmigrantes ilegales del vecino Bangladés.

Los enfrentamientos en el estado de Rajin empezaron a finales de agosto, cuando miembros del grupo rebelde Ejército de Salvación de los Rohingya del Arakán (ARSA), que protesta contra los malos tratos que sufre esta minoría, asaltaron varias comisarías.

“Esta confesión macabra rompe con las afirmaciones de inocencia que repetía el ejército birmano”, dice James Gomez, director de Amnistía Internacional para el sureste de Asia y el Pacífico.

Sin embargo sólo se trata según él de la “punta del iceberg” y reclama una investigación internacional sobre la situación.

Hasta el miércoles, el ejército había reconocido la muerte de 400 personas, calificadas de “terroristas” por la rebelión rohinyá.

Chris Lewa, de Arakan Project, una organización de defensa de los derechos de los rohingya, confirmó que varios refugiados hablaron del “arresto de 10 personas” en el pueblo de Inn Din.

Luego “nadie oyó hablar nunca más de ellos”, añade, explicando que en esta zona los testimonios coinciden en que se han producido varias masacres y en que hay fosas comunes.

Según el ejército, “los 10 terroristas bengalíes retenidos en la escuela fueron llevados al cementerio del pueblo el 2 de septiembre a las ocho de la mañana”, tras una noche de interrogatorios, y fueron asesinados.

Para justificar el comportamiento de los soldados y de los habitantes del pueblo implicados, el ejército dijo que los rohingya los habían acosado y habían amenazado a sus vecinos budistas.

 Falta de transparencia

Según numerosos expertos, la confesión del ejército, aunque sea parcial, es una etapa crucial. “Hay que acordarse que hace décadas que no hay transparencia en Birmania. Cualquier acción hacia mayor transparencia, cualquier voluntad de rendir cuentas debe ser subrayada”, estima el historiador birmano Thant Myint-U.

Muchos observadores relacionan la declaración del ejército con las acusaciones en curso del Gobierno birmano contra dos periodistas de Reuters, porque llegó pocas horas después de que ambos fueran imputados por revelar secretos de Estado durante su investigación en el estado de Rajin.

“La confesión del ejército demuestra la culpabilidad de los soldados y comandantes en las atrocidades en masa“, estima Matthew Smith de la organización Fortify Rights, dando a entender que el arresto de periodistas era una manera de “cubrir las huellas”.

El ejército “no tenía otra elección que hacer tábula rasa”, porque los periodistas empezaban a llegar a la zona, dice por su parte Khin Zaw Win, del instituto Tampadipa, un ‘think-tank’ con sede en Rangún.

En diciembre de 2017, Estados Unidos impuso sanciones contra Maung Maung Soe, el exjefe del comando oeste del ejército birmano, que “supervisa las operaciones militares responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos contra los civiles rohingya”.

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