Entrevista al ex procurador de la República y aspirante presidencial del Partido Conservador

Alejandro Ordóñez: “Si soy presidente convocaré una Constituyente en Colombia, Santos corrompió todo”

Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la República de Colombia, atiende a OKDIARIO y Zeta en su domicilio de Bogotá. (Foto y vídeo: E. Falcón)
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Alejandro Ordóñez fue uno de los purgados. O al menos así se sienten él y la ‘mitad más uno’ de los colombianos que votaron en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 rechazando —”milagrosamente, lo reconozco”, admite— el acuerdo sellado por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de los narcoterroristas de las FARC.

Ordóñez cumplía su segundo mandato como Procurador General de la República, un cargo que se centra en fiscalizar la legalidad de las actividades de los funcionarios públicos, diputados, ministros… y presidente, claro. “Santos no me quería en la Procuraduría cuando el plebiscito, porque esos acuerdos eran espurios y yo lo denuncié, y logró echarme”, cuenta en una entrevista con OKDIARIO y la Revista Zeta este hoy aspirante a la Presidencia de Colombia.

El ex procurador se presenta en lid con la ex senadora Marta Lucía Ramírez para ganar la nominación del Partido Conservador de Colombia (PCC), liderado por el ex presidente Andrés Pastrana. Quien se alce con la nominación de los conservadores aún tendrá una nueva prueba que superar. El PCC ha forjado una alianza con el Centro Democrático de Álvaro Uribe, cuyo candidato es Iván Duque. Quieren aunar “otros sectores sociales, católicos y víctimas de las narcoguerrillas” y presentar un candidato único, por ahora bajo el nombre de Coalición Despierta.

Pero las posiciones y el discurso de Ordóñez son las de quien ya se siente el candidato de mayo de 2018, y algunas encuestas lo sitúan en cabeza.

PREGUNTA.– ¿Sigue usted pensando que Santos puso las instituciones a su servicio, como me dijo hace un año?

RESPUESTA.– Pues claro que sí. Él ha cooptado lo que quedaba de institucionalidad. Ha hecho lo que se la hado la gana, desconoció en plebiscito de la manera más escandalosa, logró que la Corte Constitucional se lo avalara… Yo pienso que la crisis institucional de Colombia no tiene precedentes. En el acuerdo de La Habana [como Ordóñez llama al pacto de Santos y Timochenko para desmovilizar a las FARC] se hizo trizas la Constitución, eso ha generado una profunda pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones. La gente no cree en la Justicia, no cree en el poder presidencial no cree en el Congreso ni en los partidos políticos. En fin, esto no tiene antecedentes en la historia colombiana.

P.– Pero eso se parece mucho a una dictadura, lo que usted describe…

R.– Desde luego. Cada vez se asemeja a una dictadura. No con la crudeza de la venezolana, pero es indudable que cada vez hay menos controles, hay menos institucionalidad, hay una concentración de poder. Santos instrumentaliza el ordenamiento jurídico y lo modifica o lo desconoce.

P.– Pero en ocho meses el señor Santos deja la Casa de Nariño. El siguiente presidente, ¿qué condiciones debe reunir?

R.– Mire, es muy difícil gobernar con el actual diseño institucional. Como le dije, el presidente corrompió la institucionalidad al ponerla al servicio de sus agendas políticas y de esa alianza de élites: la corrupta que él encarna y la criminal que encarna la FARC. Yo no gobernaría con el actual diseño institucional.

P.– ¿Y qué haría usted?

R.– Estamos abocados a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es necesario rehacer la institucionalidad, es necesario volverle a otorgar confianza a la sociedad en sus instituciones, generar credibilidad, devolver la vigencia del bien común en el ejercicio público. La actual arquitectura institucional vendría a constituirse en una telaraña que haría inviable el ejercicio transparente de la función pública. El presidente sería el primer secuestrado del país. No se puede gobernar con el actual diseño institucional.

P.– ¿No bastaría con recuperar la vigencia de la Constitución del 91?

R.– Es que gran parte de esta crisis fue causada por la Constitución del 91…

P.– Explíqueme eso.

R.– Lo que está fracasando precisamente es el diseño institucional de esa Constitución. Por ejemplo, un caso fundamental. Aquí no existe división de poder. Las funciones electorales que la Constitución le otorgó a la trama judicial politizaron la Justicia y la corrompieron. La interferencia que la Constitución le otorgó al presidente de la República para designar magistrados de la Corte Constitucional convirtió a esa Corte en un instrumento que terminó avalando el desconocimiento más dramático que ha habido en al democracia, que es el de la voluntad triunfadora en el plebiscito.

P.– ¿Está el pueblo colombiano dividido al 50% como se puede deducir del resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016?

R.– Aquella votación fue un milagro, yo lo reconozco. Se ganó por muy poquitos puntos, pero ¡así es la democracia! Mire, gracias a Dios en Colombia existe el disenso, la controversia. Una democracia en la que no existiera se deslegitimaría. Si se pretende le unanimismo, la democracia se cae. No obstante todo el poder político, económico y mediático que se puso al servicio de la agenda política gubernamental para apoyar el plebiscito, Colombia se resistió. Y cuando se insiste en la polarización que pueda existir en el país… Lo que acontece es que los colombianos cada vez en mayor número no queremos convertirnos en otra Venezuela. Afortunadamente, nosotros cada vez estamos más activos, cada vez tenemos más respuesta ciudadana, nosotros no vamos permitir que Colombia ingrese en el socialismo del siglo XXI como lo pretende Juan Manuel Santos y como lo pretende la izquierda colombiana.

Alejandro Ordóñez
El ex procurador Alejandro Ordóñez, durante la entrevista con OKDIARIO y la Revista Zeta. (Foto y vídeo: E. Falcón)

P.– Si usted es el candidato de la alianza entre uribistas y conservadores, ¿quién será su vicepresidente?

R.– Mire, yo he escogido al doctor David Name, que está trabajando conmigo desde hace varios meses en esta labor y esta convocatoria de diferentes sectores para lograr consolidar las mayorías que se expresaron y se manifestaron el 2 de octubre.

P.– Si llega usted a Nariño, ¿qué hará con los pactos firmados con las FARC? Dígame tres puntos clave.

R.– Mire, esa pregunta me la hacen con frecuencia, pero yo respondo: hay una primera cuestión que debe responder la FARC. ¿La FARC está cumpliendo lo acordado? ¿Entregaron los niños? ¿Entregaron a los secuestrados? ¿Entregaron la totalidad de las armas? ¿Se desmovilizaron? ¿Desmovilizaron las milicias urbanas? ¿Siguieron narcotraficando? ¿Van a entregar su extensísima fortuna a las víctimas o simplemente con traperos y con vestidos viejos las vana a reparar? ¿El 50% de desmovilizados que ya no están en las zonas se han reintegrado a los grupos armados? Bueno… Y podríamos hacer infinidad de interrogantes.

P.– Ya, pero ¿qué haría usted como presidente?

R.– Más allá de esa circunstancia, que no desprecio la oportunidad para resaltarla, vale la pena advertir lo siguiente. Aquí hay una gran deuda con los colombianos a partir… ¡del robo, del latrocinio del 2 de octubre! Que fue un golpe mortal a la democracia colombiana. Sí. Esa deuda que se tiene con el pueblo colombiano hay que saldarla, porque esa deuda generó absoluta pérdida de confianza en la democracia colombiana. Ese principio básico fue desconocido. Y de ahí en adelante, todas las tropelías de este Gobierno, que cada vez más se parece a un dictador caribeño de los año 30, es indudable que esa deuda hay que saldarla con el pueblo colombiano. Yo la voy a saldar con esa Asamblea Constituyente. Si ganamos es porque tenemos las mayorías, que incrementaremos para la Constituyente, ¡porque vamos a impedir la venezolanización del país! El espejo de Venezuela no va a ser el espejo de la institucionalidad colombiana.

P.– Insisto… concretamente sobre los acuerdos.

R.– ¿El pueblo colombiano qué rechazó? Pues ese monstruo que es la jurisdicción especial para la paz, que es un tribunal de la venganza, que es un tribunal para la venganza, para reescribir la historia colombiana, donde se terminará legitimando a la FARC y deslegitimándose a nuestro Ejército. La participación política [de los líderes narcoterroristas] también fue rechazada… ¡es que todo fue rechazado! Esa dosis de ilegitimidad, esos acuerdos que son espurios no pueden vincular la institucionalidad como algunos pretenderían. La Corte lo ha dicho, aunque da bandazos a derecha e izquierda: los acuerdos por sí mismos no son parte de la Constitución. Que se pueden deshacer como se hicieron. Lo cierto es que el próximo presidente de Colombia va a ser de derecha, o de centro-derecha… ¡como se le quiera llamar! Va a ser un presidente que tenga las ideas muy claras sobre estos temas, como las que nosotros estamos teniendo y las estamos enarbolando.

P.– Desde fuera de Colombia no se entiende bien el discurso del NO… Y tras respuestas como ésta suya, se teme que los narcoterroristas de las FARC se vuelvan al monte si alguien como usted gana las elecciones.

R.– No. No se vuelven al monte. ¡Esos barrigones no se vuelven al monte! No. Los que se han ido ya se fueron. Pero éstos no se vuelven al monte… Entre otras cosas, porque los guerrilleros rasos ya se han beneficiado de indultos, y son la gran mayoría. Esos están ya en gran parte reintegrados en la sociedad. Pero es necesario saldar esa dramática deuda que se tiene con el pueblo colombiano. Por eso la insistencia que he referido de generar una Constituyente, precisamente para dar pasos adelante, para voltear la paz.

P.– Me ha dado usted ya muchas razones para explicar por qué un 80% de los colombianos rechaza a Santos, pero quizá quiera añadir alguna que no tenga que ver con el acuerdo con las FARC.

R.– Fuera de eso, la dramática crisis económica que vive el país. La economía colombiana progresivamente se ha convertido en informal. Cerca del 40% de los colombianos no llevan contabilidad, cerca del 60% de los ocupados son informales. La inversión extranjera ha migrado en proporciones gigantescas a otros países. La inseguridad jurídica es rampante. La presión fiscal ha roto cualquier límite. Los márgenes de evasión cada vez son más crecientes. Los porcentajes de crecimiento de la economía son irrisorios. La reducción la inversión pública lo que garantiza son escenarios cada vez más comprometedores y dramáticos. Él quiso con el tema de la paz mimetizar o desconocer los problemas económicos. Y luego se agregan los problemas de seguridad. La inseguridad ciudadana es rampante, es creciente, la gente teme salir a las calles y el bandido no le teme a la autoridad. Y ese incremento exponencial de la inseguridad ciudadana se debe, entre otras cosas, a las 220.000 hectáreas de cultivos de coca que el Gobierno pactó con la FARC para que la FARC firmara los acuerdos de La Habana. En fin, no sólo eso… la corrupción creciente, la impunidad flagrante, la ineficiencia en temas que golpean tanto al ciudadano como es nuestro sistema de salud. ¡En fin! Todos estos aspectos  generan una gran presión social.

P.– ¿Nada de lo hecho le parece bien?

R.– El tema no es por qué internacionalmente sólo se habla del Acuerdo de La Habana —yo no quiero hablar de ‘acuerdo de paz’, porque eso no es paz, ¡eso es un sainete!—, pero los graves problemas, profundos, que vive la sociedad colombiana cada vez más señalan a éste no solamente como el peor presidente de la historia del país sino como un Gobierno que ha llegado a unos niveles de corrupción gigantescos… Las conocidas financiaciones de su campaña por Odebrecht igualmente contribuyen a una gigantesca dosis de incredulidad y de ilegitimidad. Si este presidente tuviera dignidad, hace rato ha debido renunciar.

P.– Explique eso.

R.– No solamente por el fracaso político del plebiscito… ¿qué presidente pierde y no renuncia? ¿No renunció David Cameron al perder el Brexit? ¿No han renunciado otros presidentes en la historia política de las democracias occidentales? En Italia recientemente también ocurrió… En Francia… Bueno, en fin, pero acá no. Porque este presidente es un desvergonzado.

P.– Me acaba de hablar usted de la inseguridad jurídica. Permítame ponerle el ejemplo de Electricaribe, filial de una gran energética española a la que el Estado no le pagó sus servicios, luego se la expropió y finalmente, tras una nefasta gestión pública, el Gobierno de Colombia quiere devolver la empresa… ¿Hay seguridad jurídica en Colombia para invertir?

R.– Aquí´no existe seguridad jurídica, aquí es un tema propio de la arqueología institucional. ¡Está en los anaqueles de los museos institucionales! Una de las causas de los problemas económicos del país, de la huida de la inversión en Colombia y de la migración de la inversión y el ahorro nacional a otras latitudes es precisamente la inseguridad jurídica. Que es creciente. Un ejemplo se me viene a la cabeza de materia internacional. Mire, una empresa minera duró seis años tramitando una licencia, que finamente fue otorgada. Y como causó reacciones sociales y en los medios de comunicación… 48 horas después, ¡el presidente por vía Twitter revoca esa licencia! Eso está sometido a los tribunales internacionales, pero esa inseguridad jurídica lo que ha generado son numerosas demandas como ésa por muchos millones de dólares. El gobernante carece de límites, carece de controles, desconociendo la institucionalidad. Pero no sólo eso: hay decisiones judiciales tremendamente absurdas, ideologizadas, politizadas… Cambiar las reglas de juego en tiempos donde se está avanzando en proyectos de inversión causa lo que usted me ha insinuado.

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