Maduro pone al Ejército contra el pueblo: prisión militar para el jefe de redes de ‘El Nuevo País’

Maduro
Sergio Contreras detenido por la PNB. Foto: CARAOTA DIGITAL

Si hacía falta alguna prueba de que la dictadura militar de Nicolás Maduro en Venezuela ya no guarda ni las formas para aparentar ser una democracia, ésta es —aunque sea sólo una más y puramente anecdótica dentro de la innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos de los últimos años— una de las más irrefutables. Sergio Contreras, jefe de redes sociales de El Nuevo País, ha sido privado de libertad por una juez militar.

Contreras no debería ser sometido a la jurisdicción militar, por su condición de civil como mínimo, y por las circunstancias de su detención en concreto. El trabajador de uno de los pocos periódicos libres no sometidos al chavismo que quedan en el país caribeño fue arrestado el pasado miércoles con un simple megáfono en la mano en una de las marchas contra la tiranía.

Sin embargo, la Fiscalía General de Venezuela, dirigida por la chavista Luisa Ortega Díaz, se está negando a acusar a los detenidos durante este largo mes de protestas. Así, Maduro está derivando a las casi 1.000 personas que sus fuerzas han arrestado en estos más de 40 días de protestas a los tribunales militares, para continuar su represión a toda costa.

El jefe de redes sociales de El Nuevo País fue trasladado este viernes al mediodía para su presentación al tribunal militar en Fuerte Tiuna desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde permanecía detenido. Y fue de madrugada cuando se supo la decisión emanada del tribunal castrense que dictó privación de libertad bajo la acusación de tres delitos: traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Como se sabe, Contreras había sido detenido simplemente por portar un megáfono, lo que demuestra que la presión a los medios libres forma parte de la estrategia criminal del régimen, para acallar a quien informa de sus crímenes en las calles, de su desastrosa gestión que ha llevado al país a la ruina y de las condiciones de los más de 185 presos políticos que Maduro mantiene en sus cárceles. Numerosos videos y fotografías muestran el momento de detención de Contreras y aclaran que ninguno de esos delitos le son imputables.

Así, según los abogados del empleado de El Nuevo País, publicación dirigida por la familia Poleo, las pruebas fueron creadas ilícitamente para su acusación. El delito de sustracción de equipos de la Fuerza Armada está fundamentado en la presunta tenencia de un arma, municiones y dos artefactos explosivos en el momento de su detención. Sin embargo, los registros audiovisuales del momento muestran que Contreras sólo portaba el citado megáfono.

Las redes sociales se están convirtiendo en el mejor medio de comunicación libre para los venezolanos desde que el pasado 30 de marzo Nicolás Maduro forzó a los jueces del Tribunal Supremo, elegidos por él a dedo, a usurpar las funciones de la Asamblea Nacional —única institución que queda fuera del dominio del chavismo— y comenzaron las marchas diarias contra la dictadura.

Es a través de Twitter y Facebook como los demócratas venezolanos están pudiendo explicar al mundo cómo es la represión de las fuerzas bolivarianas y los colectivos de milicianos motorizados armados por Maduro para asesinar a los manifestantes —son al menos 40 las personas que han muerto en los últimos 42 días de protestas—.

La judicatura de las Fuerzas Armadas bolivarianas ha decretado que sean los barrotes de la prisión militar de Ramo Verde los que recluyan a Sergio Contreras. En esa misma cárcel, en un torreón herrumbroso y aislado, lleva más de tres años el líder opositor y más famoso preso político del mundo, Leopoldo López. El líder de Voluntad Popular, uno de los partidos integrados en la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), fue condenado en 2014 a casi 14 años de reclusión por acusaciones similares a las de Contreras. Posteriormente, el fiscal del caso reconoció públicamente que las pruebas eran falsas y que el proceso fue inventado por el régimen para acallar la voz de quien era favorito para ganar las presidenciales a Nicolás Maduro.

Según publica el sitio web de El Nuevo País, este caso es el paradigma de «la nueva fase del conflicto: civiles vs militares».

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