El Tribunal Supremo de Venezuela declara inconstitucional la Ley de Amnistía

Venezuela sigue dando pasos definitivos hacia la descomposición democrática. La soberanía popular, representada por la Asamblea Nacional, ha sido nuevamente violada por el Tribunal Supremo bolivariano, dominado por jueces afines al régimen bolivariano. Así, la Sala Constitucional del Supremo de Justicia ha declarado «inconstitucional» la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea el pasado 29 de marzo.

La sentencia ha sido publicada en la página oficial del Tribunal Supremo, y en ella se ordena la «publicación integra» del fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial.

En Venezuela se da la paradoja de que una dictadura con forma de democracia se ha visto abocada a tener que tergiversar sus propias instituciones para poder mantener el poder omnímodo del mandatario. Las elecciones, tantos años manipuladas a mayor gloria del chavismo, no pudieron ser forzadas el pasado diciembre y dieron la victoria abrumadora de la oposición, representada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Así, la mayoría cualificada de los opositores les otorgaba la capacidad de impulsar leyes y reformas constitucionales. Maduro haló subterfugios para impugnar la legalidad de tres de los escaños opositores, pero finalmente no pudo deslegitimar a la Asamblea. Y ésta aprobó a finales de marzo la ley de Amnistía que debía sacar de la cárcel a los prisioneros de conciencia, como el líder opositor Leopoldo López, sentenciado a 13 años de cárcel y recluido en la prisión militar de Ramo Verde en condiciones inhumanas.

Revisión constitucional

En un nuevo intento de tergiversar la legitimidad institucional, Nicolás Maduro hizo pasar por revisión constitucional lo que no era sino una nueva manipulación del entramado legal de Venezuela. Así, el dictador llevó la ley al Supremo para su revisión, utilizando a los jueces elegidos por él y su antecesor, el dictador Hugo Chávez. El actual gobernante firmó el pasado 7 de abril el requerimiento, que significaba el primer paso tirar la norma que pretende liberar a los presos políticos de su régimen.

Los argumentos eran absolutamente peregrinos. El mandatario nacional presentó entre sus alegatos que esta ley impedirá jurídicamente que se investigue y determine la verdad sobre los hechos sucedidos. Además, apuntó que algunos de los diputados que aprobaron el proyecto de ley «son responsables directos de las graves violaciones a los derechos humanos» ocurridos en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Y lo más lejano al argumentario jurídico, que una de las diputadas que entregó el documento en el pleno de la Asamblea Nacional fue la diputada Yajaira Forero, esposa del comisario Lázaro Forero, quien fue sentenciado a 30 años por su supuesta vinculación con el mencionado golpe de Estado.