Venezuela: una Justicia al servicio de la «revolución» bolivariana

Nicolás Maduro.
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La condena de Leopoldo López a 13 años, 8 meses y 7 de días de prisión, así como las impuestas a tres estudiantes juzgados en el mismo proceso, no resulta sorprendente en un país donde muchos dudan de la imparcialidad de la Justicia.

El caso extremo es el del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), máximo órgano jurisdiccional del país. Según desvela un estudio de cuatro abogados publicado con el título de El TSJ al servicio de la revolución, sus sentencias siempre favorecen al chavismo. Los autores, Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol, analizaron los casi 45.500 fallos emitidos entre 2004 y 2014. En ninguno de ellos sentenció contra el Gobierno bolivariano.

En un informe de Human Rights Watch (HRW) de 2008 titulado Una década de Chávez se denuncia eso mismo. Entre otras cosas, HRW sostiene: “En los casos en que el gobierno de Chávez ha adoptado medidas que atentan contra los derechos humanos, el tribunal ha respondido, en general, con pasividad y aquiescencia”.

Justicia ‘made in PSUV’

Los cambios que ha habido en la legislación sobre el TSJ, con dos reformas a lo largo de la historia del régimen, permiten que se nombre a sus miembros por mayoría simple si fracasan tres votaciones para nombrarlos por acuerdo de dos tercios de la Asamblea Nacional. Gracias a esto, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y otros grupos chavistas han logrado imponer un alto tribunal controlado por ellos. Desde la reforma de 2004, la cámara legislatura puede retirar de su cargo a cualquier juez del TSJ también con mayoría simple.

Gracias a esta estrategia, por ejemplo, el diputado del PSUV, Libes González, que tuvo que dimitir como miembro del ejecutivo, llegó al TSJ como suplente a finales de 2010. El magistrado chavista, que falleció cuatro años después, también era juez en el estado de Zulia. Otros chavistas que llegaron al Alto Tribunal en 2010 fueron, por ejemplo, Ninoska Queipo (hija de una diputada), María Carolina Ameliach (familiar de un ministro) y Jhannett Madriz (miembro del Consejo Superior del Movimiento Bolivariano que además fue abogada de Hugo Chávez. El nombramiento de nuevos miembros del TSJ en 2014 no cambió la situación.

La cooptación chavista del TSJ pronto llegó al resto de las instancias judiciales, precisamente a través del alto tribunal. Poco después de la reforma de 2004, una “comisión judicial” presidida por el ex diputado chavista Luis Velázquez Alvaray (nombrado miembro del TSJ cuando todavía era miembro del legislativo) destituyó a 400 jueces de los tribunales inferiores de todo el país que no eran afines al oficialismo.

Jueces perseguidos

No sólo se ha destituido a jueces, sino que incluso se ha perseguido penalmente a algunos que no se han plegado al dictado primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Especialmente conocido es el caso de Maria Luisa Afiuni, cuya sustituta ha sido la encargada de dictar sentencia contra Leopoldo López. Afiuni fue destituida y detenida en diciembre de 2009 tras decretar la libertad provisional con cargos del empresario Eligio Cerdeño. Fue liberada, en espera de juicio, en junio de 2013, tras lo que denunció haber sido violada en prisión. Hace dos días, el juez que lleva su caso en la actualidad, Manuel Bognanno, prohibió la entrada de un observador de la Unión Europea en la sala donde se celebra el juicio.

Bognanno asumió el caso en abril, después de que el juicio llevara paralizado 17 meses. Su predecesor, Alí Fabricio Paredes, era un chavista confeso. Llegó a escribir en 2009, en la página web del PSUV: “Nunca traicionaría este proceso ni mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre”. Paredes rechazó en diversas ocasiones la libertad provisional para Afuini y que recibiera tratamiento médico en prisión. Curiosamente, el juez chavista ha sido destituido y detenido este tras condenar a 14 años de cárcel al narcotraficante Walid Makled. Tras ser detenido en Colombia, donde se había fugado, Makled declaró haber financiado una campaña electoral de Hugo Chávez y haber entregado grandes sumas de dinero a altos funcionarios bolivarianos.

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